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El Salvador

Criar, de nuevo, sin recursos, con traumas y en soledad

En El Salvador, en donde se estima que casi mil niños quedaron huérfanos por feminicidio entre 2017 y 2021, no existe ninguna política pública para apoyar a los y las familiares de víctimas de femicidio que se hacen cargo. Esta labor, que suele recaer sobre las mujeres, se realiza sin respaldo estatal, aunque la crianza —a veces impuesta— de un menor implica una carga económica, emocional y de cuidados extra para estas mujeres.

Por Doris Rosales / Laura Flores / LPG Datos

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A los 55 años, cuando sus hijos eran adultos, Inés ya no esperaba volver a las tareas de crianza a tiempo completo. Pero la violencia la obligó a ejercer la maternidad de nuevo, solo que sin las energías que vienen con la juventud, reconoce. A esa edad, se hizo cargo de su bisnieta de tres años, Paola, la hija de su nieto que vive en Estados Unidos. Este camino ha tenido que recorrerlo sin ningún tipo de apoyo del Estado. 

De los recuerdos de infancia, a su bisnieta Paola le sigue marcando hasta las lágrimas aquel en el que ve morir a su madre. Para entonces tenía tres años. Y aunque era la única testigo presencial de lo que había ocurrido esa mañana en su casa, las autoridades decidieron no tomar en cuenta lo que les narraba: que su padrastro tomó un cinturón y ahorcó a Martha, su madre. 

Si la niña hubiera tenido, al menos, cinco años, sus palabras quizá podrían tener algún valor, dijeron las autoridades aquel día. Era 2008 y la ley del país todavía no contemplaba el delito de feminicidio. Lo sorprendente, sin embargo, es que el crimen tampoco fue considerado como un homicidio. Que Martha se suicidó: esa fue la conclusión de las autoridades. Del padrastro de Paola, desde esa mañana, no se sabe nada. Huyó. 

A Paola, desde entonces, la cuida Inés, aquí en un cantón escondido del oriente del país, al que no llegan buses ni señal de internet. Ellas son el retrato de cómo las consecuencias de un feminicidio, descrito por la abogada Verónica Larín como la “mayor expresión de violencia contra la mujer”, alcanzan también a otras mujeres de la familia. 

Entre enero de 2017 y agosto de 2021, se reportaron 756 feminicidios, así lo dicen las estadísticas homologadas de la mesa tripartita (Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y Medicina Legal). Estos crímenes, según una estimación de LPG DATOS, dejaron a casi 1,000 niños, niñas y adolescentes sin su madre. Para aproximarse a esta realidad es necesario hacer un cálculo, pues el dato no se registra. Las instituciones han dejado un vacío que afecta directamente a dos grupos de personas vulnerables: los menores de edad y sus nuevas cuidadoras.  Lo que no se cuenta no se nombra. Y lo que no se nombra no existe. 

LPG Datos calculó que 977 niños quedaron sin su madre a causa de feminicidio en los años observados. El dato es el resultado de multiplicar la cantidad de feminicidios por la tasa global de fecundidad (número de hijos por mujer, según DIGESTYC), considerando la edad de la víctima, ya que este indicador es más bajo para las mujeres más jóvenes. Para esta estimación se tomó en cuenta a las víctimas de entre 12 y 40 años. Este dato ilustra el tamaño del fenómeno que afecta a menores de edad y a las personas que les cuidan. En este momento, ninguna institución lleva un registro de cuántas víctimas de feminicidio dejan a niños en orfandad y tampoco existe un seguimiento estricto de qué sucede en cada caso.

Estos niños y niñas, a menudo, son encontrados por las autoridades en la escena del crimen. En estos casos el protocolo es diferente, explica Cecilia Pineda, jefa de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia de la Fiscalía General de la República (FGR): “Lo primero es rescatarlos. Si hay familiares que puedan hacerse cargo, se les entregan. Si no hay nadie, se les da el trámite para las Juntas de Protección de la Niñez y la Adolescencia. Y si aparecen los parientes, la junta hace la entrega a la persona más idónea”. Estas juntas, sin embargo, han sido cuestionadas por organizaciones y expertos en derechos de la niñez por no seguir procesos rigurosos para determinar la idoneidad de los familiares a los que entregan a los menores. 

De Paola ninguna autoridad se hizo cargo. Su abuelo, que fue a buscarla la mañana del feminicidio de su madre, la encontró ahí, parada afuera de la casa, esperando a que alguien llegara a buscarla. Por ella, por una niña de tres años que vio morir a su madre, ninguna institución o autoridad volvió a preguntar. Mucho menos se preocuparon por  quien iba a asumir sus cuidados.

“Mi esposo y yo nos hicimos cargo de la niña porque tuvimos miedo de que el padrastro regresara y también la matara a ella. Pero desde que mi esposo murió, somos solo Paola y yo”, cuenta Inés, que recién cumplió 69 años. Su rostro con pocas arrugas y sus dientes blancos y completos no dan crédito a su edad. Cuando camina lento y con cuidado por el piso polvoso y desgastado de su patio, sin embargo, queda claro que es difícil para ella criar y educar a una adolescente de 14 años. Inés, pronto, será quien necesite cuidados.  

En El Salvador, las tareas de cuidados suelen recaer sobre las mujeres, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU): son ellas “quienes, por lo general, tienen la responsabilidad de atender a familiares enfermos, personas mayores y niños”. Por eso, como Paola, muchos de estos menores hijos de víctimas de feminicidios quedan a cargo de otras mujeres de su familia, como abuelas o tías, explica la fiscal Pineda. Pero el Estado suele desentenderse de estas nuevas cuidadoras.  

En este sentido, dice la fiscal Pineda, en una escena de feminicidio, al lugar no llegan otras instituciones de “manera oficiosa”. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República (PGR) se activa en estos casos solo si los familiares de las víctimas presentan la denuncia. Las Juntas de Protección acuden solo si la Fiscalía lo solicita. Y, en el caso del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), el “apoyo” solo llega cuando las víctimas lo piden. La comunicación de la red institucional no funciona con la diligencia que amerita la gravedad de este tipo de casos. Por esto, las nuevas tutoras de los niños y niñas, en algunos casos, no son asesoradas sobre su nueva responsabilidad. 

Inés no sabe leer ni escribir. No sabe de matemáticas, ni de teoría sobre ciencias naturales o sociales. No fue a la escuela. Pero es ella quien ha tenido que acompañar a Paola en sus procesos de aprendizaje. Porque esta es otra de las responsabilidades que recae sobre las nuevas cuidadoras: la educación. Inés lo ha hecho, cuenta, de la única forma que ha podido: “animándola”. 


 

***

Paola lleva el apellido de su padrastro. Su papá, que tuvo que migrar a Estados Unidos, supo del embarazo de Martha hasta que él ya no estaba en el país. Desde entonces, comenzó a enviar dinero para la comida de la niña. Con eso, que es su único ingreso, Inés hizo un esfuerzo por pagar a un abogado que le ayudara a hacer las gestiones de cambio de apellido. Pero el abogado se fue con el dinero y no hizo nada. Por eso, Inés buscó apoyo legal y asesoría sobre la tutela de la niña  en la Procuraduría General de la República. Pero cuenta que no se la brindaron. 

En estos casos, dice Larín, “no existe ningún parámetro en la legislación en el que se diga que las víctimas de feminicidio tienen que ser asistidas legalmente. Lo que se les da, que no podría llamarse acompañamiento, es el resarcimiento de daños. Esto consiste en que la familia de la víctima vea que se le está dando el debido seguimiento al caso de feminicidio y que se está investigando para que no quede impune”. De Martha, las autoridades dijeron que se había suicidado y ya no hubo más investigaciones, cuenta Inés. 

Y así como no llega el acompañamiento legal, el psicológico también es de difícil acceso. Datos del Informe de Violencia contra las Mujeres 2020 indican que en 41 casos de feminicidio  la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo procesos de reparación con las víctimas colaterales. Esto implica seguimiento con atención psicológica para el círculo más cercano de la víctima directa. Pero los feminicidios de 2020 fueron 73. Es decir que casi la mitad no tuvo este tipo de atención.

Según Pineda, de la FGR, es de rigor dar atención psicológica a las familiares de víctimas de feminicidio. ISDEMU tiene capacidad para hacerlo, dice. Y, de acuerdo con Jeannette Tobar, coordinadora nacional de las Unidades de Atención Especializada para las Mujeres de la PGR, esta institución también. Pero son las víctimas las que deben elegir en qué lugar buscar apoyo. 

La PGR, sin embargo, está superada en capacidad: cuenta solo con 37 psicólogos para atender todo tipo de casos, no solo los de violencia de género. Entre enero de 2019 y agosto de 2021, la PNC registró 252 feminicidios —es decir, personas que fueron asesinadas por su condición de mujer— y 213 homicidios de mujeres —que no están vinculados, según el criterio de las autoridades, a su género. Esta institución, además, informa de los servicios que tienen para atención a víctimas de violencia únicamente a través de redes sociales. “Los medios de comunicación son ahora tan básicos que la gran mayoría de personas cuentan con recursos tecnológicos para poder comunicarse y para conocer los lugares donde asistir”, dice Tobar.  

Según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2020, aunque el 94% de la población tiene al menos un celular en su hogar, solo el 26% tiene internet en casa. El resto, lo obtiene a través de recargas o no tiene acceso. En casa de Inés no hay acceso a internet. Ella no podría, por ejemplo, conectarse a las sesiones de atención psicológica virtual que ofrece ISDEMU a quienes buscan su apoyo en estos tiempos. Así, muchas personas se quedan sin acompañamiento en salud mental. Y, aunque algunas organizaciones de la sociedad civil dan seguimiento a los casos, no logran cubrir a todos los afectados. 

“Hay organizaciones  que prestan algún tipo de servicio o ayuda humanitaria a estos familiares, pero compete a instituciones gubernamentales crear programas de forma directa”, explica Diana Rodríguez, psicóloga de la Colectiva Amorales. Esta Colectiva actualmente acompaña 3 casos, con apoyo psicológico y legal a la vez.

Con el dinero que el papá de Paola lograba mandar para la comida, Inés también buscó un psicólogo para la niña. Porque ninguna institución se acercó a ella para ofrecer este servicio. Y ella tampoco sabía dónde buscar. Logró pagar algunas sesiones, pero el dinero dejó de alcanzar. Paola reconoce que aún necesita apoyo psicológico, porque los traumas todavía la persiguen.

“La sintomatología o los traumas varían de persona a persona. Lo más común es que desarrollen un estrés postraumático o trastornos depresivos y que estos se acompañan con cuadros de ansiedad. Otro es la irritabilidad con su entorno o una dificultad para expresarse de manera asertiva”, dice Rodríguez. 

Según Keyla Cáceres, activista feminista y miembro del partido político Nuestro Tiempo, lo que hace falta ante esto que tiene cara de ser un fenómeno es crear una ley especial de responsabilidad del Estado con las víctimas de feminicidio, que vaya armonizada con la LEIV, el Código Penal y el Código Procesal Civil.  De esta forma se da más responsabilidad a ISDEMU para que logre gestionar y administrar un fondo económico para las víctimas de este delito. Con esa ley, además, debe buscarse que exista articulación entre las instituciones cuando se den estos casos. Cáceres explica que ya están preparando una propuesta. 

Aunque ISDEMU es el ente rector en estos temas, decidió no brindar declaraciones para este reportaje. 

Paola señala la foto de su mamá que está colgada al centro de la pared de la sala. No es de buena resolución, pero es la única que tiene. La imprimió cuando la encontró en el teléfono de una familiar. “Ella es”, dice, y esa es de las pocas cosas que menciona en la conversación con su bisabuela. El resto del tiempo se limita a escuchar, con las manos sobre las piernas, y a llorar en silencio. 

Si pudiera hablar con las autoridades y narrarles, de nuevo, lo que vio, quizá lo haría, cuenta mientras mira a Inés con ternura. Quizá, ahora que tiene 14 años y la imagen todavía viva y clara de lo que ocurrió aquella mañana, sí la escuchen. Mientras tanto, de llegarse a crear y a aprobar una ley que apoye a las nuevas cuidadoras de hijas de víctimas de feminicidio, Inés no estaría incluida. Porque para la FGR y la PNC Martha se puso un cinturón en el cuello y se quitó la vida.


*Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.

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