Alberto Arene / Economista/analista
Opinión

Desarrollo logístico y portuario. Respuesta al presidente de CEPA y propuesta a los diputados de la república (IX)

Desde la perspectiva de su visión e intereses, el actual gobierno ha sido consistente en su actuación en el Puerto de La Unión, desde el inicio hasta la recta final de su mandato. Llevó al fracaso la concesión para luego poder crear una nueva ley sin derogar la anterior, con la aprobación de todas las fracciones legislativas, no obstante que "las condiciones técnicas, legales, económicas y financieras de la concesión serán detalladas en las respectivas bases de licitación y el contrato" que serán elaboradas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que invitará y luego recibirá y evaluará las ofertas para su adjudicación.

Durante los últimos años han sido compañías chinas sus principales interlocutores del gobierno para la concesión del puerto y el alquiler de sus zonas extraportuarias, y también el gobierno de China con quien acaba de establecer relaciones diplomáticas. La inconsistencia no es del gobierno sino de la oposición política, ahora con mayoría legislativa, con un prolongado y profundo síndrome de déficit de atención en materia logística y portuaria.

Esta oposición no solo ignoró que el gobierno haya llevado al fracaso la concesión del puerto que quedó lista en el gobierno anterior con todo y empresas calificadas, sino que aprobó la reforma a una ley de concesión sin sustancia cuyo contenido lo elaborará el MOP, no la Asamblea Legislativa. La misma oposición que no dijo nada ante el retraso de 3 años de la ampliación del aeropuerto internacional, no obstante dejar el anterior gobierno el plan maestro y las alternativas de financiamiento. La misma que tampoco reaccionó en una licitación poco transparente y competitiva para la primera etapa de su ampliación donde participó una sola empresa cuestionada en su país de origen.

El tema logístico y portuario es demasiado importante para el futuro del país para dejárselo exclusivamente a CEPA y al gobierno de turno. Pero ahora va mucho más allá de los aspectos técnicos, económicos y financieros, y de las mismas concepciones del desarrollo. Con la repentina y sorpresiva ruptura de las relaciones diplomáticas con Taiwán y su establecimiento con China, y la información sobre las diferentes empresas chinas involucradas, la concesión del Puerto de La Unión Centroamericana ya se convirtió en un tema de alta sensibilidad política, diplomática y geopolítica, dividiendo al país internamente y confrontando al gobierno saliente con nuestro principal aliado estratégico internacional, Estados Unidos, donde vive y trabaja un tercio de nuestra población que nos envía más de $5 mil millones anuales, la potencia hegemónica indiscutible de la región centroamericana ahora en una confrontación comercial, económica y geopolítica con China continental.

El MOP, con CEPA siempre detrás, lanzará el proyecto de decreto especial del activo en concesión en octubre y entregará 4 o 5 meses el resultado a la Asamblea Legislativa para su ratificación o negación, es decir en enero-febrero de 2019, coincidiendo con las próximas elecciones presidenciales.

La confrontación política interna y con Estados Unidos respecto a China y a la concesión del Puerto de La Unión, la oposición –ARENA-PCN-PDC– con mayoría legislativa, y el FMLN en un rezagado tercer lugar de las preferencias electorales, hacen improbable que la concesión del Puerto con todo y ganador y relaciones diplomáticas con China sea ratificada por la Asamblea Legislativa. Sería entonces el tercer intento fallido de concesionar el Puerto de La Unión, 28 años después de que Japón nos propuso la necesidad de un puerto de contenedores en el golfo de Fonseca.

La Asamblea Legislativa debe ejercer su rol de contralor del desarrollo y de sus principales proyectos involucrados en concesiones de bienes públicos, e iniciar cuanto antes una auditoría estratégica sobre el desarrollo logístico y portuario cuyos términos de referencia propondré en el próximo y último artículo de esta serie.

Estos grandes proyectos de país, sin consensos y acuerdos nacionales, no tienen ni tendrán viabilidad alguna.

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