Juan Héctor Vidal / Columnista de LA PRENSA GRÁFICA
Opinión

El nombre del juego: corrupción

A pesar del extraordinario esfuerzo desplegado por organizaciones de la sociedad civil, para que el nombramiento de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional se elevara a la máxima categoría de excelencia, honestidad, transparencia y oportunidad –atendiendo la exigencia moral de salvaguardar nuestra todavía incipiente democracia– los señores diputados han vuelto al ruedo, con arrebatos de cantina de pueblo, para subordinar los intereses nacionales a sus pretensiones más rastreras. La expresión más clara de este deleznable comportamiento es interpretado por el salvadoreño más humilde como la vergonzosa intención de alimentar y potenciar el cáncer de la corrupción.

Es más, desde hace tiempo se venía escuchando que esta estrategia nauseabunda ya estaba planteada, incluyendo arreglos previos para prostituir las otras elecciones de segundo grado que se avecinan, comenzando por la del fiscal general y la de los magistrados de la Corte de Cuentas. Estas, como aquella, con claras implicaciones en el desarrollo de nuestra institucionalidad democrática, pero que muy pocos valoran como fundamento del desarrollo integral del país.

En el centro oculto del debate irresponsable y porfiado de los señores parlamentarios –y aunque por su mismo cinismo nunca lo van a aceptar– están los dos casos de corrupción más sonados en la historia del país. Para aderezar el tamal que se está cocinando, muchos han empezado a especular que su desenlace se traducirá en otra burla gigantesca; lo que sugiere que todos, tirios y troyanos, están alistando sus fichas para que al momento de las grandes definiciones, la fórmula de la suma cero funcione a plenitud. Consecuentemente, tanto los casos de aquellos que pasaron por los tribunales –o los que no pasaron por la vergüenza de hacerlo– queden zanjados y todos felices a disfrutar de lo mal habido, así sea en un país recóndito de Europa o uno africano. Dicho sea de paso, muchos piensan que las cifras que se mencionan en los casos aludidos serían "peanuts" si algún día se comprueba lo que realmente nos birlaron a los contribuyentes, sumando lo que reposa en el exterior, lo que alcanzaría para pagar dos años de los pensionados del ISSS y del INPEP.

En su ensimismamiento perverso, es seguro que los señores legisladores no se han dado cuenta sobre los alcances de la Ley de autorización de Defensa Nacional que sancionó la semana pasada el presidente Trump, que permitirá a Estados Unidos identificar a los funcionarios corruptos de los países del Triángulo del Norte y, con ello, sancionarlos conforme a su propia legislación. En lo personal, esta ley nos causa una triple sensación.

Por una parte, es una muestra palpable de que los gringos ya interiorizaron la idea de que sus contribuyentes no pueden seguir amamantando a sinvergüenzas. Segundo y aun reconociendo la justeza de lo anterior, me causa escozor que un tercero venga a impartir justicia por actos delictivos cometidos en el país, por nacionales. Y tercero, la inoperancia de nuestras instituciones al permitir que el cáncer de la corrupción siga haciendo metástasis y los involucrados sigan impunes. Especial responsabilidad tiene en estos casos el organismo contralor, aunque las fallas de origen se trasladan al mal llamado primer órgano del Estado, donde el sector político no solo no cumple con sus funciones de nombrar a funcionarios probos, sino que fomenta el fenómeno al designar a personas innombrables en puestos que deberían ser un baluarte para salvaguardar nuestra incipiente democracia. Por ello, el forcejeo alrededor de la nominación de la SC tiene un nombre: CORRUPCIÓN, así con mayúsculas.

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