David Escobar Galindo / Columnista de LA PRENSA GRÁFICA
Opinión

En la medida que nos acercamos a la decisión electoral del próximo febrero las expectativas se acrecientan

Lo que necesitamos, pues, y lo que merecemos es que los que resulten vencedores no se consideren investidos con los atributos de la arbitrariedad, sino que asuman, desde el primer momento, la condición de servidores responsables.

Ahora faltan 5 meses exactos para que sea el día en que los ciudadanos salvadoreños definamos quiénes ocuparán la Presidencia y la Vicepresidencia de la República en el quinquenio que iniciará el 1 de junio de 2019 y concluirá el 31 de mayo de 2024. Y como en estos tiempos los días vuelan, es como si esa fecha electoral fuera a ser mañana. En esta oportunidad se están juntando algunas circunstancias que le dan a la elección por venir un muy especial relieve. La primera de dichas circunstancias es el hecho de que los resultados estén mucho más que nunca envueltos en una especie de nebulosa de incertidumbres, porque la competencia real va a ser entre tres fuerzas: las dos tradicionales y una que acaba de llegar aunque formalmente esté bajo la bandera de un partido que desde hace buen rato que se halla en el tinglado. Las posibilidades tienen, pues, un componente enigmático que no había estado presente en ninguna de las elecciones anteriores.

Llevamos ya casi tres décadas desde que se cerró el capítulo de la guerra en el terreno, pero en los planos subconscientes de muchos salvadoreños la contienda bélica no ha dejado de existir, y por consiguiente su influjo en la realidad se mantiene vivo. Está comprobado hasta la saciedad que volver a los esquemas de conflictividad militarizada ya no es posible bajo ninguna circunstancia, pero eso no impide que las figuraciones mentales se hallen aún bajo la influencia de aquellos esquemas, que fueron tan poderosos en el pasado y son tan insostenibles en el presente. ¿Cómo superar todas las incoherencias que derivan de ello? Impulsando un ejercicio clarificador que vaya más allá de las declaraciones interesadas y moviéndonos todos en dirección al reconocimiento de que lo que más se necesita es sinceridad con pragmatismo.

Estamos claros en reconocer que una decisión electoral, así sea la más sensata y conveniente, no es capaz de poner en su puesto todas las piezas del rompecabezas político; pero sin duda lo que sería más positivo en la coyuntura actual es que de las urnas que se abrirán el próximo 3 de febrero resulte una conducción comprometida con la buena marcha del presente y con las mejores apuestas de futuro. Lo que necesitamos, pues, y lo que merecemos es que los que resulten vencedores no se consideren investidos con los atributos de la arbitrariedad, sino que asuman, desde el primer momento, la condición de servidores responsables. Quizás es mucho pedir, pero lo que demandamos es naturalidad y sencillez en todos los que resulten elegidos.

Una elección con las características de la que se avecina siempre es un riesgo que hay que entender y procesar como tal. No sólo es cuestión de caras visibles y de mensajes propios de la ocasión: lo que en verdad hay que medir es el compromiso de los elegidos para asumir su mandato en todas las dimensiones del mismo y la capacidad que se pueda desplegar al respecto en términos precisos y verificables. Por encima de las ideologías y de las expectativas está la confiabilidad de los que asuman la función. Es lo que tendremos que ver y calibrar a partir del 1 de junio. Y que la Providencia y la democracia nos sirvan de fieles medidoras.

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