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120,000 casos de salvadoreños esperan en cortes

Los compatriotas no se libran de la enorme recarga de casos retrasados en las cortes migratorias de Estados Unidos. El tiempo de espera, que aumenta, está estimado en más de 500 días.
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120,000 casos de salvadoreños esperan en cortes

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El retraso en más de medio millón de casos de inmigrantes que esperan una solución a sus procesos migratorios en las cortes de Estados Unidos afecta a más de 120,000 salvadoreños en ese país, que tendrán que esperar más de un año para saber si pueden quedarse o si serán deportados.

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En un total de 56 cortes de Inmigración a través de Estados Unidos, 126,455 compatriotas se mantienen a la expectativa de lo que un juez de Inmigración decida sobre su futuro. Las cifras –tabuladas por la Herramientas de Retrasos en Cortes de Inmigración del Centro de Información de Acceso a los Registros de Transacciones (TRAC, en inglés)– no hacen más que aumentar cada vez que se consultan. El tiempo de espera calculado es de 526 días. Hace apenas dos semanas, la espera era de 518 días.

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Además, un informe del Centro de Recursos Legales de Inmigración (ILRC, en inglés) encontró que se estima que en estas instancias hay más de 585,930 casos en retraso. El presidente Donald Trump ordenó recientemente contratar a más jueces de Inmigración para ser enviados a los centros de detención de inmigrantes, e incluso expandió ese sistema de detención, pero no incluyó una solución para esta problemática que sigue creciendo.

De hecho, de acuerdo con los hallazgos de ILRC, en lugar de dar un proceso justos a los inmigrantes, la administración opta por las “deportaciones rápidas”. “A la luz de los actuales retrasos de casos dentro del sistema de cortes de nuestro país (...), las deportaciones rápidas representan una forma de estrategia cruel y eficiente para abreviar los procesos debidos y de derecho, además de aumentar de forma drástica las deportaciones”, recoge el detalle del centro especializado en estudios de este tipo.

De la misma forma, el centro con sede en San Francisco reitera que estos procedimientos golpearían a los que son más “vulnerables”, como los que huyen de la violencia de las pandillas o buscan reunificación familiar.

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Las “deportaciones aceleradas” permiten que el gobierno federal saque del país a un inmigrante indocumentado con un procedimiento acelerado “fuera de las competencias de las cortes de Inmigración del país y del debido proceso”.

Contrario al sistema de cortes de Inmigración, donde los jueces generalmente toman las decisiones sobre casos de deportación basándose en la ley de inmigración, los oficiales de inmigración, que podrían tener una opinión sesgada, son los que determinan la elegibilidad de un individuo para lo que llaman una “deportación acelerada”.

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“La Patrulla Fronteriza, dependiendo de los agentes y de los oficiales, no tiene un comportamiento irregular. Hay normas que siguen, como hay una serie de memorándums internos del Departamento de Seguridad que no conocemos, puede ser que esa sea una nueva faceta de disuadir y persuadir a la gente de que mejor se regrese”, opinó al respecto Salvador Sanabria, director ejecutivo de la organización proinmigrante El Rescate, con base en Los Ángeles.

De acuerdo con el ILRC, una persona expuesta a estas deportaciones aceleradas es usualmente detenida antes de su deportación, no tiene derecho a apelar a la decisión y tampoco le dan tiempo para comunicarse con sus familiares o para buscar ayuda legal.

“La tremenda autoridad que tienen los oficiales de Inmigración para unilateralmente ordenar la deportación de alguien sin la opinión de un juez levanta serias preocupaciones sobre la falta de supervisión y rendición de cuentas, así como sobre la necesidad de un recurso o un remedio para el desconocido número de inmigrantes que son sujetos a una deportación rápida por error”, reclama el centro en su informe.
 

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