Alertan de que política migratoria de Trump es un "muro invisible"

Parte de este "muro" son los vetos migratorios a países de mayoría musulmana, el acabar o dificultar programas que afectan a poblaciones concretas (DACA y TPS), el complicar el acceso a las fuerzas armadas a soldados extranjeros, el incremento de la espera y las tasas en solicitudes migratorias o las propias políticas para ralentizar el acceso de profesionales cualificados y emprendedores, son algunos de los ámbitos que destaca el documento.
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Efe/LA PRENSA  Sin avance. Republicanos y demócratas no logran acuerdo sobre una medida de alivio para los jóvenes con DACA.

Efe/LA PRENSA Sin avance. Republicanos y demócratas no logran acuerdo sobre una medida de alivio para los jóvenes con DACA.

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La Asociación Americana de Abogados para la Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) alertó hoy de que las políticas migratorias implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son un "muro invisible" del que el país tardará años en recuperarse.

En un informe publicado este miércoles bajo el título "Deconstruyendo el muro invisible", la organización advirtió de que las medidas tomadas por el Gobierno estadounidense desde que el magnate accedió a la Presidencia a comienzos de 2017 están ralentizando e, incluso, deteniendo la inmigración legal del país.

Las "docenas de acciones" ejecutadas desde el Gobierno en materia migratoria ya han tenido un "impacto medible" y, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) recogidos en el documento, ya han provocado que decaiga el número de solicitudes de determinados visados de trabajo.

En este sentido, el texto hace referencia a la visa H-1B, dedicada a profesionales de alta cualificación en determinadas áreas de conocimiento, y explica que por primera vez en cinco años ha descendido el número de peticiones, pasando de 236.000 en 2016 a 199.000 en 2017.

"Los decretos y los memorándums interpretativos han creado mucha confusión en este ámbito", afirmó en una conferencia telefónica Sandra Feist, de AILA, quien subrayó que los esfuerzos del Gobierno en esta línea provocan "frustración" en empresas y trabajadores.

Misma línea siguieron los estudiantes universitarios internacionales, entre los que el número de solicitantes cayó en un 4 % entre esos dos años, una cifra que fue aún mayor entre los estudios de finanzas e ingeniería, alcanzando el 6 % de descenso.

La asociación de letrados vincula estas informaciones al "antagonismo" de la administración que preside Trump hacia los inmigrantes.

AILA también enfatiza en su escrito en que el USCIS ha mantenido durante este pasado año una actuación definida por los "retrasos acumulados, los lentos procesos burocráticos e incrementos de las fianzas".

La organización cita en su informe varios campos en los que ha percibido una mayor incidencia sobre la economía del país y los inmigrantes debido a las acciones protagonizadas por Trump, quien hizo de la construcción de un muro en la frontera sur con México una de sus banderas en la campaña presidencial de 2016.

Los vetos migratorios a países de mayoría musulmana, el acabar o dificultar programas que afectan a poblaciones concretas (DACA y TPS), el complicar el acceso a las fuerzas armadas a soldados extranjeros, el incremento de la espera y las tasas en solicitudes migratorias o las propias políticas para ralentizar el acceso de profesionales cualificados y emprendedores, son algunos de los ámbitos que destaca el documento.

Con relación a los vetos, y las políticas relacionadas con los mismos, el texto argumenta que hasta septiembre de 2017 el número de viajeros que llegaron a Estados Unidos fue un 3,8 % menor al que entró en el país durante el mismo periodo de 2016.

Entre las acciones más destacadas en esta materia abordadas por Trump en su primer año al frente de la Casa Blanca destaca la cancelación del programa Acción Diferida (DACA), que protegía a los jóvenes indocumentados que llegaron al país como niños de la deportación.

En este sentido, el trabajo también resalta el efecto que conlleva la cancelación para El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán del estatus de protección temporal (TPS), pensado para países afectados por conflictos o desastres naturales, que afecta, según el texto, a 325.000 personas, de los que algunos llevan décadas en el país. 

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