Amparados por el TPS piden al Congreso la residencia en EUA

Crece la presión de activistas y algunos legisladores para que la administración Trump cambie estatus.
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Centenares de personas amparadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS) pidieron ayer al Congreso de Estados Unidos que actúe para extender sus permisos y cree una vía para que los que llevan décadas en el país obtengan la residencia permanente.

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En una rueda de prensa en la Cámara Baja, más de 300 “tepesianos”, como se autodenominan, en su mayoría originarios de El Salvador, Honduras y Haití, defendieron el permiso que Estados Unidos les concedió de forma extraordinaria en la década de 1990 debido a los desastres naturales (terremotos y huracanes) ocurridos en sus países.

Ahora, el gobierno del presidente Donald Trump ha prometido dejar de renovarlo, mientras que a principios de mes el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, mantuvo que “por definición, el TPS es temporal”.

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, activistas, y algunos de los 323,000 centroamericanos y haitianos protegidos por este permiso participaron en esta campaña de visitas y presión a las oficinas de los legisladores para “salvar” el TPS.

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El director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), Pablo Alvarado, aseguró que este programa migratorio refleja los valores estadounidenses “más bellos” de integración y solidaridad, y sostuvo que ha beneficiado tanto a los que se han podido amparar en él como al país norteamericano, por todos los aportes de este colectivo.

Alvarado atribuyó a la “crueldad” y el “racismo” las declaraciones del gobierno de Trump sobre la posibilidad de que no se renueve el TPS.

“Es ridículo –añadió– que en seis meses o en menos de un año se pretenda que los haitianos, los salvadoreños y los hondureños vendan sus casas, tengan con quien dejar a sus hijos, la mayoría ya estadounidenses, y se autodeporten a países que no han pisado en décadas”.

Según datos de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), a finales de 2016 había 263,282 salvadoreños amparados con el TPS hasta el 9 de marzo de 2018 (aunque la cifra podría reducirse a 190,000); 86,163 hondureños y 5,349 nicaragüenses registrados bajo el programa que vence el 5 de enero próximo; y unos 58,000 haitianos que podrían quedar desprotegidos en seis meses.

Los padres haitianos de Ronyde Ponthieux, nacida en Florida y conocida como Vanessa en su activismo, podrían verse obligados a dejar el país el próximo 22 de enero. “Centenares de miles de personas, como mis padres, no son criminales sino que pagan impuestos y trabajan muy duro”, aseguró la joven a Efe.

Según datos de la organización Alianza Américas, la cancelación del TPS costaría $3,000 millones en deportaciones, mientras que en una década el Producto Interior Bruto estadounidense perdería $45,000 y la Seguridad Social $6,900 millones.

La representante demócrata Ana Sol Gutiérrez, miembro de la Cámara Baja de la Legislatura de Maryland, afirmó que el objetivo es insistir en la propuesta de ley, que se rechazó en el Senado, para que los amparados desde hace más de 10 años por el TPS consigan la residencia permanente.

Los hondureños y nicaragüenses pudieron acogerse al TPS en 1999 después del devastador huracán Mitch, mientras que los salvadoreños fueron incluidos en este programa en 2001, después de los terremotos de enero y febrero de ese año, algo similar a lo ocurrido con los haitianos tras el terremoto de 2010. En los últimos años, los inmigrantes de El Salvador y Honduras han visto renovaciones consecutivas aunque ahora existe el temor de que Trump cambie esa política.
 

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