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AnálisisReforma migratoria: Aún no estamos ahí

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Héctor Silva Ávalos

El autor es Investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University, en Washington, D. C., y miembro de la junta de asesores del Center for Democracy in the Americas.

La discusión en torno a la reforma migratoria entró ya a la Cámara de Representantes, el escenario donde, en definitiva, se sabrá si todo el hombro que ha echado Barack Obama al tema servirá para derribar los muros políticos, culturales y conceptuales que, como el de la frontera con México, se elevan imponentes en torno a una solución definitiva.

Obama parece empeñado en llevarla adelante e incluso ha dado señales de que apostará aquí un capital similar al que invirtió para pasar la reforma de salud en su primer cuatrienio. Él y su equipo ocupan, desde ya, todas las armas a su alcance para hacer la batalla por la reforma migratoria en la opinión pública. El miércoles pasado, por primera vez, la reconvertida plataforma electrónica de campaña, que hoy se llama Organizando Para la Acción (OFA, en inglés), empezó a funcionar como herramienta de cabildeo.

José Magaña, un mexicano-americano, habló a las millones de personas listadas en la base de datos de OFA sobre una historia que muy bien aplica a decenas de miles de salvadoreños: vino a Estados Unidos con dos años, durante 17 años durmió con toda su familia en la misma habitación mientras su madre trabajaba a jornada triple, fue a la escuela pero no pudo entrar a la universidad porque no tiene papeles y hoy ha decidido salir de la sombra. Dice Magaña: “La mayoría de estadounidenses nos da la razón”. Las encuestas, al menos dos publicadas la semana pasada, le dan a él la razón: una reciente de la AP, citada por el bloguero Greg Sargent, del Washington Post, dice que seis de cada 10 estadounidenses apoyan abrir un camino a la ciudadanía para los indocumentados, y otras dos mediciones recientes de CNN y Político manejan cifras similares.

“Vimos progreso la semana pasada, pero de nosotros depende mantener el momentum”, cierra su correo Magaña. La posibilidad de reforma, coinciden analistas de todos las tendencias en esta ciudad, es ahora mayor que nunca, pero aún está muy lejos de ser “inevitable”, como me dijo una asesora en el Senado. Eric Hershberg, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University, apuntaba tras la reelección de Obama: “Hay un grupo que la sigue viendo –la reforma– como una manera de favorecer a una América no blanca que ha violado la ley”. Un exasesor en asuntos latinoamericanos de George W. Bush no da lugar a la duda: “En la Cámara de Representantes hay muchos congresistas republicanos que no se querrán comprometer en nada”.

El martes 5 de febrero, el debate político tocó piso por primera vez desde la elección presidencial en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes durante una audiencia especial para discutir el tema. Bob Goodlatte, Republicano por Virginia y presidente de ese comité –bajo cuya jurisdicción cae la responsabilidad de redactar el anteproyecto de ley–, dejó claro que en su partido la negociación pasará por atender a la clientela más conservadora, por lo que no será fácil para los legisladores más liberales pasar ley alguna sin los conceptos de seguridad fronteriza ampliada y que amnistía sigue siendo una mala palabra en esta conversación; es más, por hoy, Goodlatte ni siquiera pretende hablar de un camino a la ciudadanía, por muy largo que sea: “Eso ciertamente va a ser un problema”, dijo la semana pasada. Al otro lado, en esa audiencia del martes, estaba Julián Castro, alcalde de San Antonio, Texas, y uno de los activistas pro reforma más activos en el Partido Demócrata, quien dejó claro que para él, a estas alturas, la posibilidad de abrir un camino a la ciudadanía no es un escenario extremo y que los Republicanos deberían comenzar a acostumbrarse.

Después del lanzamiento del mapa inicial de una propuesta de reforma en la Cámara Alta, bajo el liderazgo de un grupo bipartidista de ocho senadores, y una fuerte señal política del presidente Barack Obama en pro de la reforma en una escuela secundaria de mayoría latina en Las Vegas, la euforia inicial empieza a dar paso al debate real.

Esa discusión, la legislativa, no estará perfilada únicamente por las condiciones políticas que han hecho resurgir el tema –resultados electorales e importancia del voto latino y la revolución silenciosa que empieza a gestarse en el Partido Republicano tras la derrota, provocada en parte porque el partido alienó al voto hispano en su primaria–, sino, en esencia, por dos posiciones respecto a la regularización migratoria que hasta ahora se muestran antagónicas: mientras el “lobby” más pro, que incluye por supuesto a los hispanos y a congresistas y políticos demócratas más liberales, plantean un escenario que se parece mucho a la amnistía de Reagan de 1986, el “lobby” más conservador, imposibilitado ya de desechar el tema por razones de mera supervivencia electoral, se limita a ofrecer un camino que pone la posibilidad de ciudadanía en una región perdida en el tiempo y condicionada a más políticas de repatriación y seguridad fronteriza.

Más allá de ese debate político en el Capitolio y en los pasillos del poder, en las comunidades de Estados Unidos con altas poblaciones migrantes, sobre todo hispanas, existe ya una cotidianidad diferente en la que el asunto del origen y el estatus migratorio son mucho más relativo. En el sur de Maryland, por ejemplo, basta poner pie en cualquiera de las secundarias del consorcio educativo central del condado de Montgomery, que incluye ciudades con importantes comunidades salvadoreñas, como Silver Spring y Wheaton, para entender que la convivencia racial entre adolescentes de diferentes orígenes es ya un hecho, y que el proceso de asimilación en la segunda y tercera generaciones de migrantes está muy avanzado: estos muchachos pertenecen, en general, a familias con ingresos y capacidad adquisitiva similares a las de otros migrantes asiáticos, a las afroamericanas o blancas de clases media y media baja. Y aunque en el ADN cultural de estos jóvenes latinos está tatuado, por supuesto, el fuerte lazo de sus padres con el país de origen, el referente cultural también es parte de la asimilación cotidiana compartida. Sigue habiendo guetos, sí, y trabajo marginal o de baja paga útil para las exigencias de una economía en recuperación que aún paga salarios que no atraen a la fuerza laboral nativa.

Hoy, a casi 35 años de la última gran ola, durante los cuales el flujo se mantuvo constante pero fue disminuyendo, las poblaciones migrantes son una mezcla de los indocumentados que no dejaron de venir, los que quedaron fuera de la amnistía de Reagan y los que entraron al sistema a fuerza de paciencia con ese sistema “roto”, pero también de los legalizados que pelearon las guerras de este país en sus fuerzas armadas o accedieron a la ciudadanía de pleno derecho. Saúl Solórzano, activista salvadoreño pro migración que falleció hace dos años, me lo explicaba así en 2009: “La reforma es algo que nos costará mucho ver porque depende de la política, y la política en este país sigue siendo hecha por políticos a los que los latinos les importamos poco, pero hay una reforma real, caminos de legalización que los salvadoreños ya caminamos, como la petición de familiares de residentes o de ciudadanos que vinieron aquí y se legalizaron con la amnistía del 86 o con NACARA, con el TPS. Son caminos largos, pero ya los encontramos”. Solórzano la llamaba la reforma silenciosa.

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