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Así es la realidad de los trabajadores migrantes en Catar, según Amnistía Internacional

El sitio web de Amnistía Internacional dedica un considerable espacio para relatar y evidenciar algunos puntos clave para entender la situación de los trabajadores migrantes en Catar.

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El gobierno salvadoreño dijo estar en negociaciones con el reino de Qatar de aceptar compatriotas para trabajar en ese país - 00:02:47 Amnistía internacional

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Avances mínimos y mucho trabajo por hacer para erradicar los abusos laborales. Así califica la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a Catar, tras su visita en marzo del pasado año 2016, según la página web de Amnistía Internacional (AI), que dedica un amplio espacio para desarrollar un análisis sobre la realidad de los trabajadores migrantes en el país catarí.

Según AI, los trabajadores migrantes constituyen una gran mayoría de la Población Económicamente Activa (PEA) de Catar. Sin embargo, también mencionan que, actualmente, siguen sufriendo explotación y abusos. La nación catarí, según el Gobierno de El Salvador (GOES), es una de las alternativas que se contemplan actualmente para dar un refugio migratorio a los salvadoreños que deban salir de Estados Unidos cuando el Estatus de Protección Temporal (TPS) se dé por finalizado, el próximo mes de septiembre de 2019.

Reformas leves y grandes asuntos pendientes

AI señala que “el 13 de diciembre de 2016, más de un año después de su promulgación”, entró en vigor una ley que sustituyó a la “Ley sobre Patrocinio de 2009”, con la cual se lograron mejoras menores en el trato de los trabajadores migrantes en Catar. Sin embargo, también señala que la nueva ley “mantenía elementos clave de la ley de 2009 que facilitaban abusos graves contra los derechos humanos, como el trabajo forzoso”.

“Las mujeres siguen sufriendo discriminación en la ley y en la práctica y no reciben protección adecuada contra la violencia en el ámbito familiar"

“Con la nueva ley, para salir de Catar los trabajadores y trabajadoras migrantes seguían teniendo que solicitar un permiso a su empleador, lo que violaba su derecho a la libertad de circulación. Si se les bloqueaba la salida, podían apelar; sin embargo, no se publicó ninguna directriz oficial sobre cómo se resolverían estas apelaciones”, añade AI.

Además, señala que, con la nueva ley que actualmente está en vigencia, “los empleadores podían también impedir que los trabajadores y trabajadoras migrantes cambiasen de empleo durante un periodo máximo de cinco años, dependiendo de las condiciones de su contrato, así como retenerles el pasaporte”, por lo que las mejoras en las condiciones laborales para los extranjeros en Catar siguen aún pendientes en estos puntos.

Pago de salarios y condiciones de vivienda

Dentro de los señalamientos de AI se destaca también que fue hasta el año 2016 cuando se adoptó en Catar el “Sistema de Protección Salarial”, el cual “obligaba a pagar los salarios mediante transferencia bancaria electrónica”. Este sistema, según cifras del gobierno catarí, abarca a más de 1.8 millones de personas, en su mayoría migrantes.

AI señala que Catar padecía un problema de hacinamiento y pobre calidad de vivienda para sus trabajadores migrantes, lo que “condenaba a la mayoría a soportar unas condiciones de vida inadecuadas”.

En cuanto a calidad de vivienda, fue ese mismo año 2016 cuando Catar accedió a la creación de proyectos de construcción de residencias para trabajadores migrantes, como los edificados en Labor City y Barwa Al Bahara, construidos por el gobierno para alojar hasta a 150,000 trabajadores migrantes de ingresos bajos en mejores condiciones e instalaciones.

Anterior a estos complejos habitacionales, AI señala que Catar padecía un problema de hacinamiento y pobre calidad de vivienda para sus trabajadores migrantes, lo que “condenaba a la mayoría a soportar unas condiciones de vida inadecuadas”. “Según los datos del censo publicados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Estadística, en abril había 1,4 millones de personas que vivían en campos de trabajo”, señala AI.

Investigación de casos de abusos

En cuanto al trabajo doméstico, Catar aún padece grandes problemas de discriminación, explotación y abusos, sobre todo, hacia las mujeres, quienes siguen siendo excluidas de todo sistema de protección laboral. “El Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar recomendó la introducción de una ley para proteger los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores migrantes empleados en el servicio doméstico y darles acceso a la justicia en caso de abusos”, enfatiza AI.

Las investigaciones de abusos laborales y casos de discriminación se limitan solo a “los proyectos de la Copa Mundial y no cubría proyectos de infraestructura asociados, como carreteras, redes ferroviarias y hoteles”.

Con respecto a los derechos laborales de las mujeres, AI agrega: “Las mujeres siguen sufriendo discriminación en la ley y en la práctica y no reciben protección adecuada contra la violencia en el ámbito familiar. La legislación sobre la condición jurídica de las personas sigue discriminando a las mujeres en relación con el matrimonio, el divorcio, la herencia, la custodia de los hijos e hijas, la nacionalidad y la libertad de circulación”.

Sin embargo, ante la cantidad de casos de abusos laborales y con la llegada de la Copa del Mundo de Catar 2022, el gobierno catarí anunció el inicio de las investigaciones por parte del Ministerio de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales, a fin de erradicar todo caso de explotación en cuanto al sector servicio y construcción.

“El Comité Supremo de Gestión y Patrimonio, responsable de supervisar todos los proyectos relacionados con la Copa Mundial de 2022, anunció que los contratistas implicados en abusos serían sometidos a programas de “rectificación” y restringió la participación de uno de los subcontratistas principales en la licitación de futuros contratos para la Copa Mundial”, agrega AI, enfatizando que la razón de la investigación de casos se debe a ser los anfitriones del próximo Mundial, más que a una búsqueda de soluciones.

Sin embargo, también AI señala que todas las investigaciones de abusos laborales y casos de discriminación se limitan solo a “los proyectos de la Copa Mundial y no cubría proyectos de infraestructura asociados, como carreteras, redes ferroviarias y hoteles”.

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