Aumenta la presión por un TPS para los centroamericanos

Activistas en EUA han aumentado la dosis de presión ante el Gobierno de Barack Obama, para exigir medidas de protección temporal.
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Medio centenar de centroamericanos organizaron la primera protesta de desobediencia civil frente a la Casa Blanca el pasado martes, que terminó con el arresto de 14 activistas que defienden los derechos de los inmigrantes del Triángulo Norte.

Las redadas de deportación en Estados Unidos en la primera semana de enero de este año encendieron las alarmas en la comunidad inmigrante, y en lugar de doblegarse ante el miedo y resignación están organizándose y luchando para persuadir al Gobierno a poner un alto a estas políticas.

Ahora también se pide en específico un Estatus de Protección Temporal (TPS) para centroamericanos que viven en condiciones migratorias irregulares.

Las protestas se intensifican y desde enero también se llevan a cabo protestas de “desobediencia civil”. Estas protestas son pacíficas y los activistas no agreden a las autoridades, pero sí se arriesgan a ser arrestados.

“Estamos convencidos de que no vamos a lograr persuadir a la Casa Blanca de actuar en la dirección necesaria, mientras no haya más intensificación en las voces demandando tanto el alto a las redadas de deportación como al otorgamiento de una medida de protección migratoria temporal”, dijo Óscar Chacón, dirigente de Alianza Américas, una red de organizaciones comunitarias en Estados Unidos.

“Lo que nosotros vemos es que Obama se ha mantenido bastante intransigente de seguir adelante con su postura ante las deportaciones y mantener silencio sobre la demanda en pro de un nuevo TPS. Creemos que esta actitud se va a mantener si esta protesta no se va incrementando”, se expresó Chacón por teléfono desde Chicago, horas después de salir de la cárcel, pues él fue uno de los 14 activistas arrestados en la marcha frente a la Casa Blanca. Él, además de llevar el rol de líder de estos movimientos, también es salvadoreño.

No solo activistas han demandado TPS para estos centroamericanos. El 25 de enero 270 organizaciones enviaron una carta a Obama en la que le instaban a admitir un TPS para el Triángulo Norte, alegando que las condiciones de violencia en los países son “condiciones suficientes” para esto.

El texto oficial también dice que en 2015 El Salvador registró 6,657 homicidios, en tanto que durante el conflicto armado —de 12 años— el promedio anual fue de 6,250 muertes violentas.

Días antes, congresistas demócratas enviaron otra carta en la que pedían a Obama parar las redadas y admitir el TPS.

Hace dos semanas se organizó una protesta de desobediencia civil simultánea en San Francisco y en Los Ángeles, por las mismas causas.

El pasado miércoles los presidentes del Triángulo Norte se reunieron con el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, para discutir los fondos del Plan Alianza para la Prosperidad.

Mientras los dirigentes se ponían de acuerdo en cómo usar este dinero y Estados Unidos condicionaba a los tres países a seguir sus reglas para ver más fondos, afuera los activistas realizaban una manifestación con pancartas vitoreando “TPS ahora” y “Biden, escucha, estamos en la lucha”.

“Van a haber más acciones de desobediencia civil en las semanas venideras”, aseguró Chacón.

Esta presión también se debe a la urgencia ante la amenaza de que un republicano con la retórica antiinmigrante como la de Donald Trump pudiera llegar a la presidencia en noviembre.

“La evidencia histórica nos hace dar un respiro de confianza, porque no hay un precedente en la historia de los Estados Unidos de que una vez que este tipo de programas han sido otorgados sean luego clausurados por un nuevo presidente”, reflexionó el representante de Alianza.

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