Con la orden de Trump “pagan justos por pecadores”

El salvadoreño O. B. no entiende por qué el presidente del país en el que vive asocia la idea de los refugiados con “personas malas”. Sus hijos, de tres, siete, y 12 años, están acreditados bajo ese permiso para viajar desde El Salvador hacia Estados Unidos. Esto gracias a un proceso que él comenzó hace tres años.

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El compatriota se siente feliz porque sabe que va a poder reunirse con su familia de forma legal, pero lo desconsuela ver el estigma que Donald Trump ha puesto sobre los refugiados. “Imagínese mis niños, son unos niños, y ellos, ¿qué mal pueden venir a hacer aquí? No tienen ni idea de la vida ahorita, entonces yo creo que pagan justos por pecadores”, dice. En los últimos días O. B. se ha sentado frente a la televisión a ver las noticias, porque en la decisión que ayer tomó la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, en San Francisco, estaba el futuro de su familia. “Uno se siente mal”, dice despacio a LA PRENSA GRÁFICA en una llamada telefónica desde Nueva York. La resolución de ayer fue favorable, no solo para él, sino para ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y para los refugiados de todo el mundo.

Sin embargo, el estira y encoge entre el gobierno federal y el poder judicial ha dejado al compatriota con un sentimiento de vacío.

La Corte de San Francisco rechazó ayer el recurso con el que Trump pretendía restablecer su orden ejecutiva del 27 de enero. El juez federal James Robart había revisado la orden el viernes pasado, a petición de Minnesota y Washington, y decidió ponerle una restricción a nivel nacional. Le amarró las manos al gobierno federal, y luego al recurso de apelación que interpuso el Departamento de Justicia.

Robart fue alabado por los defensores de inmigrantes, pero fue atacado por el presidente Trump, por haberse atrevido a desafiarlo. Trump llamó a Robart “supuesto juez” y lo responsabilizó si “gente mala” entraba a Estados Unidos en esa brecha que abrió.

Con el fallo de ayer, esa brecha queda indefinida, pero el estereotipo que Trump le ha puesto encima a los refugiados está vigente. Para el presidente, “la gente” que está entrando desde el fallo de Robart “es mala” y “la gente mala está muy feliz”, según tuiteó luego de recriminar al juez su decisión.

O. B. comprende que el presidente quiera cuidar al país de eventuales ataques terroristas, pero dice que no deberían de cerrarle la puerta a quienes buscan ayuda. Hace dos meses él pagó unos exámenes médicos que son requeridos para que su familia ingrese a Estados Unidos bajo el programa de refugio. El único paso que le falta es tener los resultados de esos exámenes.

Espera que sea mientras prevalece el fallo del juez Robart. A Trump y a su equipo de abogados lo que les queda es llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia, el tribunal más alto del país.

O. B. seguirá pendiente de las noticias. La última vez que llamó a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) no le contestaron.

Completar el proceso del Programa de Permisos/Refugios para Menores Centroamericanos (CAM, en inglés) le ha tomado alrededor de tres años. Ahora le da “miedo” no saber si con el reordenamiento que Trump había decretado para el Programa de Admisión de Refugiados (USRAP, en inglés) va a “tener que volver a comenzar desde cero”. Su familia podría no tener otros tres años de espera, porque viven en una zona de pandillas en El Salvador.

Cuando O. B. se enteró de CAM, fue a una reunión con una organización acreditada por el Gobierno para dar acompañamiento a estos casos. Como tiene Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), nunca se imaginó llegar a obtener la oportunidad de emigrar a su familia de forma legal, segura y ordenada. Él llegó a ese país sin papeles y pensaba que esos permisos solo se los daban a ciudadanos.

Luego de muchos exámenes, entrevistas y procedimientos estrictos que dicta la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, en inglés) les otorgaron un permiso. El salvadoreño y su familia le dieron gracias a Dios.

Ahora esa felicidad es incertidumbre. Están sujetos a lo que decida la Corte Suprema.
 

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