Corte Suprema EUA revisará plan de Obama para evitar deportaciones

Los tribunales inferiores decidieron que Texas sí tiene el derecho de demandar porque al menos 500,00 personas que viven en Texas calificarían para recibir permisos de trabajo.
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La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó el martes revisar una orden ejecutiva del presidente Barack Obama para permitir que hasta cinco millones de inmigrantes "salgan de las sombras" y trabajen legalmente en el país.

Los magistrados dijeron que sopesarán desechar sentencias de tribunales inferiores que bloquearon las acciones ejecutivas de Obama en momentos en que se aviva una campaña por las candidaturas presidenciales ya cargada por el tema.

El caso probablemente sea analizado en abril y se anuncie una decisión a finales de junio, un mes antes de las convenciones de nominación presidencial de los partidos Demócrata y Republicano.

Los inmigrantes que se beneficiarían con el plan del gobierno son principalmente los padres de ciudadanos estadounidenses y de residentes con permanencia legal.

El gobierno de Texas lidera a 26 estados en su mayoría republicanos que han impugnado el plan de inmigración de la administración demócrata.

Hasta el momento, los tribunales federales se han alineado con los gobiernos estatales al evitar que el gobierno emitiera permisos de trabajo, con lo que los inmigrantes habrían comenzado a recibir algunas prestaciones federales.

Si al final los magistrados respaldan al gobierno de Obama, al presidente le quedarían aproximadamente siete meses para poner en práctica sus planes.

En el centro del debate nacional está el programa llamado "Deferred Action for Parents of Americans" (suspensión temporal de deportaciones para los padres de estadounidenses). Obama dijo a finales de 2014 que su plan permitiría a las personas que han vivido en Estados Unidos por más de cinco años y que tienen hijos que residen legalmente en el país "salir de las sombras y cumplir con la ley".

Texas encabezó rápidamente una impugnación legal al programa y hasta el momento ha ganado todos los casos en juzgados. Más recientemente, en noviembre, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito falló a favor de los estados, lo que provocó que el gobierno federal apelara a la Corte Suprema.

El procurador general Donald Verrilli Jr. dijo en una presentación judicial que mantener esas resoluciones judiciales obligaría a millones de personas a "seguir trabajando por fuera de los registros, sin una opción de empleo legal para mantener a sus familias".

La administración Obama ha alegado que Texas y los demás estados ni siquiera tienen derecho a impugnar el plan en tribunales federales.

Los tribunales inferiores decidieron que Texas sí tiene el derecho de demandar porque al menos 500,000 personas que viven en Texas calificarían para recibir permisos de trabajo y, por lo tanto, podrían obtener licencias de conducir, cuyo costo es subsidiado por el estado. "Texas incurriría en millones de dólares de gastos", dijo el estado en su comunicado a la Corte Suprema.

El futuro de los 11 millones de personas que se calcula que viven en el país sin autorización se ha discutido mucho entre los precandidatos presidenciales republicanos y demócratas. La precandidata favorita en el campo demócrata, Hillary Rodham Clinton, prometió llegar más lejos que Obama para evitar que grandes grupos de inmigrantes sean deportados.

El precandidato republicano Donald Trump ha propuesto deportar a todos los que residen sin autorización en Estados Unidos, una idea que fue aceptada por algunos precandidatos republicanos y rechazada por otros.

Obama ha alegado que debió actuar por cuenta propia luego de que el Congreso no aprobó una amplia reforma de inmigración. Un programa previo que no ha sido impugnado, llamado "Deferred Action for Childhood Arrivals", ya protege a los inmigrantes que fueron llevados al país sin autorización durante su niñez. Más de 720,000 jóvenes inmigrantes han recibido permiso bajo ese programa para vivir y trabajar en Estados Unidos.

La Casa Blanca también dio un giro en sus acciones de control para enfocarse en delincuentes, aquellos que representan una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad pública y personas que cruzaron recientemente las fronteras.

El cambio significa que las personas que ya están en el país sin autorización pero que fuera de eso no han violado la ley tienen menos probabilidades de ser deportados.

Unas 235,000 personas fueron deportadas en el año fiscal federal que terminó el 30 de septiembre, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.

Ese ha sido el número más reducido desde 2006, una caída de 42%, desde un récord de más de 409,000 en 2012.

Aun así, el gobierno de Obama fue criticado por demócratas y defensores de los inmigrantes debido a redadas emprendidas este mes y que resultaron en el arresto de más de 120 inmigrantes de Centroamérica que llegaron al país sin autorización desde 2014. Esas personas no están entre los inmigrantes que se beneficiarían del plan de Obama.

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