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Corte Suprema de EUA decidirá alivio migratorio para 5 millones de indocumentados

Corte de Apelaciones mantuvo suspensión de dos decretos para beneficiar a cinco millones de indocumentados, por lo que la batalla legal contra 26 estados seguirá en el máximo tribunal de EUA.
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Poco antes de que se cumpliera el primer aniversario del anuncio de medidas migratorias para beneficiar a unos cinco millones de indocumentados, un tribunal de apelaciones federal de Estados Unidos mantuvo en el congelador la entrada en vigor de dos programas de alivio impulsados por la administración del presidente Barack Obama.

El lunes en la noche, la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, decidió mantener la suspensión de las medidas tras meses de deliberación. Uno de los programas protegería de la deportación a un grupo más amplio de jóvenes dentro del programa Acción Diferida, mientras que el otro está dirigido a padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales permanentes.

Por lo tanto, el Tribunal Supremo de Estados Unidos (Corte Suprema) tendrá la última palabra sobre las medidas migratorias emitidas por Obama el 20 de noviembre de 2014 y que debían entrar en vigor en febrero y mayo del presente año.

Sin embargo, una demanda interpuesta por el estado de Texas en un tribunal federal argumentó que el presidente excedió su autoridad constitucional sobre conceder beneficios migratorios; al litigio se unieron otros 25 estados.

El juez suspendió la implementación de los dos programas, por lo que el proceso pasó a la Corte de Apelaciones en Nueva Orleans, Luisiana.

“El Departamento de Justicia mantiene su compromiso de tomar medidas que resuelvan el litigio sobre inmigración lo antes posible (...), dando prioridad a la deportación de los peores delincuentes, y no a las personas que tienen vínculos de larga duración con EUA y que están criando niños estadounidenses”, aseguró el portavoz del departamento, Patrick Rodenbush.

“El departamento no está de acuerdo con el fallo adverso del Quinto Circuito y tiene la intención de buscar una revisión de la Corte Suprema de Estados Unidos”, añadió Rodenbush.

De este modo, las acciones ejecutivas emitidas por el mandatario quedan en manos del Tribunal Supremo, máxima instancia judicial del país, que primero deberá decidir si escucha el caso, y luego, en caso de aceptar, someterlo a escrutinio.

El efecto inmediato de la decisión de la Corte de Apelaciones es la continuidad del bloqueo de las medidas, lo que impide que millones de familias en todo el país puedan solicitar ser excluidos de las listas de deportación de las autoridades migratorias.

El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró ayer en su rueda de prensa diaria que el Gobierno estadounidense “continúa creyendo firmemente en el poder legal de los argumentos” presentados a favor de las medidas, y manifestó su optimismo sobre un posible fallo del Supremo.

La decisión del Gobierno de plantear el caso ante el Alto Tribunal era muy esperada por activistas e inmigrantes, y alienta una batalla potencial sobre las políticas de inmigración del presidente en medio de un año electoral que desembocará en los comicios presidenciales de 2016, programados para el martes 8 de noviembre.

Litigantes a favor de medidas

En el otro lado de la batalla, una coalición de otros 15 estados más el distrito de Columbia han decidido unirse para defender las acciones, algo que continuarán haciendo ante el Supremo, según advirtió ayer en una conferencia telefónica la fiscal general de California, Kamala Harris, uno de los estados con más flujo migratorio del país y que cuenta con un gobernador demócrata.

Harris, quien dijo que uno de cada tres posibles beneficiarios de las acciones ejecutivas residen en su estado, subrayó el “indiscutible” impacto positivo de las medidas en la economía californiana y estadounidense y las consecuencias devastadoras para las familias inmigrantes que continúan “viviendo en las sombras”.

Walter Dillinger, quien fue procurador general durante el mandato de Bill Clinton (1993-2001), aseguró que, en términos legales, no hay duda de que “el Congreso tiene la autoridad de legislar en materia migratoria y sobre deportaciones”, pero advirtió de que no haciéndolo ha decidido “delegar” en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) sobre el asunto.

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