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Corte de EUA debate si ejecuta a salvadoreño

Defensores dicen que el hombre, en su infancia y juventud, estuvo marcado por la pobreza y por la guerra que sufría El Salvador.

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La Corte Suprema de Carolina del Norte está debatiendo si un inmigrante salvadoreño debe ser ejecutado por haber estrangulado y decapitado a su esposa. Hoy se presentarán argumentos orales en el caso de Juan Carlos Rodríguez, un residente de Winston-Salem de 41 años de edad, que fue hallado culpable de matar a su esposa, María, en 2010. En Carolina del Norte, el máximo tribunal del país automáticamente revisa un caso si contiene la posibilidad de la pena de muerte.

Carolina del Norte es en cierta forma una anomalía entre los estados del sur de Estados Unidos, en el sentido de que no ha aplicado la pena de muerte en más de una década, debido a una serie de escollos legales.

Si bien el estado en promedio sufre entre 500 y 600 homicidios al año, la Fiscalía ha pedido la pena capital en muy pocos casos y entre esos, los jurados han accedido a una fracción.

En el caso de Rodríguez, el juez que vio su caso, Stuart Albright, lo sentenció a la pena de muerte en 2014 por el secuestro, asesinato y decapitación de su esposa, atendiendo la recomendación que hizo el jurado en la Corte Superior del condado Forsyth.

Los hijos de Rodríguez dijeron a los detectives que su padre golpeó a María cuando ella les informó que se iba, en noviembre de 2010.

El hombre cargó a la mujer ensangrentada, la colocó en su vehículo y dijo que la iba a llevar al hospital.

Sin embargo, el cadáver decapitado fue encontrado tres semanas después en un área boscosa del área de Williamsburg Road, para cuando Juan ya estaba detenido por el secuestro.

El 29 de mayo de 2013, es decir, tres años después del asesinato, fue encontrado el cráneo de María Rodríguez en un área de Belews Creek, en el condado Forsyth.

El jurado que recomendó la pena de muerte contra Rodríguez deliberó por dos horas. Cuando supo la sentencia, no mostró ninguna reacción.

Ahora, los jueces están realizando audiencias correspondientes al caso por segunda vez en casi un año.

La audiencia de mañana tendrá lugar luego de que hace poco la Corte Suprema de Estados Unidos instruyó a los estados de que usaran los estándares médicos más actualizados en el momento de determinar si un preso sufre de trastorno mental tan severo que no debe ser ejecutado.

La Constitución estadounidense prohíbe “los castigos crueles e inusuales”, lo que se interpreta como una prohibición a ejecutar a personas con retraso mental.

Tras varios exámenes se determinó que el cociente intelectual de Rodríguez no alcanzaba los 70, el límite establecido para determinar si alguien tiene deficiencia mental, pero por otra parte en Carolina del Norte es obligatorio demostrar que el condenado a muerte no tiene la capacidad de llevar a cabo una vida normal y que su deficiencia mental era evidente antes de la adultez.

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