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Deportaciones masivas empobrecerían a los hogares mixtos de eua

Hay tres millones de hogares mixtos en los que conviven ciudadanos nacidos en el país junto a inmigrantes irregulares, en su mayoría menores de 18 años con sus padres. Deportar a estos inmigrantes reduciría los ingresos de estas familias en un 47 %, según un estudio.
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Sin lazos con su origen.  La mayoría de inmigrantes sin documentos ha vivido en Estados Unidos por 10 años o más.

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Temor.  Inmigrantes no temen solo dejar su vida en EUA sino las condiciones de violencia en El Salvador.

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Deportaciones masivas empobrecerían a los hogares mixtos de eua

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Para familias como la de A. M. el plan del presidente Donald Trump de deportar a los inmigrantes irregulares sería “tremendo porque prácticamente” su familia –esposa, un hijo biológico y dos nietas– “terminarían en la calle” porque él es quien paga la casa donde viven. “Yo no creo que (mi señora) alcanzaría a mantener el pago”, cuenta.

El inmigrante salvadoreño no tiene papeles, pero es cabeza de familia y paga la vivienda que comparte con sus seres queridos, que sí tienen una condición legal en Estados Unidos. Además de eso, trabaja en construcción y produce empleo para uno o dos colaboradores, dependiendo de la temporada.

“Mover (deportar) a los residentes indocumentados de los hogares con estatus mixto reduciría el ingreso mediano del hogar de $41,300 a $22,000; un descenso de $19,300, o de un 47 %, lo que empujaría a millones de familias estadounidenses a la pobreza”, según la investigación del Centro de Estudios en Migración (CMS, en inglés) publicado el 31 de enero pasado.

Un hogar con “estatus mixto” es donde viven personas con distintas condiciones migratorias.

En 2014 se contabilizaron 3.3 millones de hogares con estatus mixto, como el de A. M., de acuerdo con la investigación de 2014 de la organización, con base en Nueva York, que utilizó datos de la Oficina del Censo.

Seis millones de ciudadanos estadounidenses nacidos en ese país comparten 3 millones de hogares con residentes sin documentos, en la mayoría con sus padres.

De estos ciudadanos por nacimiento, 5.7 millones son niños debajo de los 18 años, según los datos de la organización especialista en investigaciones de población inmigrante. El hijo de A. M. tiene seis años, sus dos nietas no tienen más de 15.

“Sería bien fuerte, yo no tengo documentos, pero tengo propiedades”, dice al ser interrogado sobre qué pasaría con sus familiares si él llegara a ser deportado.

“Este es otro caso, tengo mi casa, estoy pagándola, hay gente que está ilegal y tiene propiedades ya pagadas o las está pagando. Si eso llegaría a pasar, prácticamente terminarían (su familia) en la calle porque no creo que alcanzarían a mantener el pago de la casa”, dice.

Trump dijo durante la campaña electoral que deportaría a los 11 millones de indocumentados que se estima viven en el país. Al convertirse en presidente suavizó ese discurso y cortó el número a “unos dos o tres millones de indocumentados con récord criminal”. En su primera semana como presidente firmó una orden ejecutiva en la que se detalla que todo inmigrante sin documentos es prioridad para deportación.

A. M. también es el que se encarga de llevar a los menores a la escuela. Luego de eso se va a trabajar. Ha vivido en Estados Unidos 37 años. Ya no hay nada que lo ligue a El Salvador.

“De una carrera paso dejando a los niños a la escuela. En la tarde regresamos a las cinco. La vida es agitada por todos los ‘billes’ (cuentas) que uno tiene que pagar”, relata en una llamada telefónica con LA PRENSA GRÁFICA desde California.

No se consigna su nombre completo debido a su estatus legal. Su esposa tiene Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), permiso que vence en marzo de 2018 y está sujeto a renovación o no, según le recomiende el Departamento de Seguridad Nacional al presidente Trump.

La economía del país sufriría

CMS dice que de los 7.6 millones de indocumentados que son parte de la fuerza laboral de todo el país (dentro del universo de los 11 millones de indocumentados), tres cuartas partes de un millón son “autónomos”, es decir, crean su propio trabajo, y el trabajo para muchas otras personas.

A. M. detalla que el trabajo que dirige en construcción es su forma de “ayudar” a otros inmigrantes que, como él, han llegado sin documentos.

“Yo le ayudo a muchachos que vienen recién llegados y no pueden trabajar en algo más, yo les doy la oportunidad”, relata.

CMS agrega que 9 millones de indocumentados que ahora son residentes tenían 14 años o menos cuando fueron llevados por sus padres o algún familiar a Estados Unidos.

Dañar la economía de estos millones de hogares mixtos también tendría impacto en la economía del país.

El Producto Interno Bruto (PIB) se reduciría en 1.4 % solo en el primer año, según la organización que es miembro de la Red Internacional de Migración Scalabrini (SIMN, en inglés), que aglutina a más de 270 entidades que dan apoyo a migrantes.

Más allá de eso, en un escenario sin padres inmigrantes indocumentados –en un futuro incierto en el que A. M. tuviera que dejar a su familia, al trabajo que tiene y que produce para terceros– mantener a los niños ciudadanos le costaría al Estado $118,000 millones.

Esta cifra contempla que solo una tercera parte del total de menores ciudadanos se quedará en el país al ser deportados sus padres, según CMS.

Además, si millones de personas como A. M. dejaran de pagar su propiedad, “el mercado de vivienda de la nación estaría comprometido porque un alto porcentaje de los 2.4 millones de hipotecas que tienen los hogares con inmigrantes indocumentados estarían en peligro”.

CMS llegó a los estimados de su estudio de 2014 usando procedimientos estadísticos en los que analizó datos de la Encuesta de la Comunidad Americana de la Oficina de Censos. También ocupó datos del Instituto de Políticas de Migración. Estos hallazgos son la base para llegar a las conclusiones de su más reciente estudio.

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