EUA busca deportar a 35,000 menores indocumentados

Un reporte oficial publicado el lunes pasado indica que jueces migratorios solo han tomado decisión respecto a unos 13,000 menores centroamericanos procesados entre julio de 2014 y julio de 2015.
Enlace copiado
Menores en la frontera.  Desde la crisis de menores que llegaron a la frontera de Estados Unidos en 2014, los datos han ido en descenso. Sin embargo, consideran que por la tendencia de este año, se puede superar la cifra récord de 2014.

Menores en la frontera. Desde la crisis de menores que llegaron a la frontera de Estados Unidos en 2014, los datos han ido en descenso. Sin embargo, consideran que por la tendencia de este año, se puede superar la cifra récord de 2014.

EUA busca deportar a 35,000 menores indocumentados

EUA busca deportar a 35,000 menores indocumentados

Enlace copiado
Veinte niños deportados al día. Entre julio de 2014 y julio de 2015, tribunales migratorios en Estados Unidos emitieron unas 7,000 órdenes finales de remoción de niños o niñas provenientes de El Salvador, Honduras o Nicaragua, quienes habían entrado sin documentos y sin la compañía de un adulto por la frontera sur del país, según datos recopilados por un estudio que la Oficina de Transparencia Gubernamental (GAO, en inglés) publicó el lunes en Washington.

De acuerdo con el informe, los jueces de migración iniciaron, en ese periodo, 35,000 procesos de deportación de menores centroamericanos a petición del Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) de la administración Obama.

En 13,000 casos, el 36 %, los jueces han tomado decisiones iniciales, ya sea órdenes de remoción –deportación–, asilo, retraso de la remoción u otras medidas de alivio. Más de la mitad de esas decisiones, los 7,000 citados arriba, fue deportar a los menores.

El estudio de GAO destaca que 6,100 de las órdenes de deportación fueron dictadas en ausencia; es decir, los menores o sus representantes no se presentaron a la corte migratoria luego de que fueron entregados a familiares o tutores tras ser detenidos en la frontera.

De acuerdo con la ley estadounidense, los menores centroamericanos que entran sin documentos y si la compañía de un adulto no pueden ser deportados inmediatamente después del arresto, sino que deben ser sometidos a un proceso legal para determinar si la remoción procede o, en caso de que la vida del menor corra peligro de ser devuelto a su país de origen, si aplican medidas sustitutivas a la deportación.

Mientras un juez migratorio toma una decisión, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, en inglés) reubica a los menores, si es posible con un familiar y si no con un tutor. En los casos en que ninguno de los dos esté disponible, los niños son enviados a centros de resguardo.

Debido al aumento en las llegadas de este tipo de migrantes a suelo estadounidenses, que en 2014 alcanzaron una cifra cercana a los 70,000, ORR está a punto del colapso, lo que ha implicado a estas alturas, dos años después, que una parte de los niños no hayan sido procesados en forma adecuada para garantizar su protección.

Esta es la principal conclusión de un estudio realizado por la GAO a petición del Comité Judicial del Senado y cuyos hallazgos fueron discutidos esta semana en una audiencia especial en el edificio Dirksen de la Cámara Alta, la segunda de este tipo realizada en las últimas semanas y en las que los funcionarios de la administración Obama encargados de lidiar con el tema han recibido duros cuestionamientos.

Administración Obama en la mira

La semana pasada, tal como lo publicó este periódico el lunes, el Instituto de Políticas Migratorias de Washington (MPI, en inglés) dio a conocer un informe en el que deja claro que el problema de los menores migrantes centroamericanos no cederá en el corto plazo: las proyecciones extraídas de las cifras oficiales indican que en 2016 el número de niños que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos podría ser incluso mayor a la de 2014.

Durante la audiencia de esta semana, el senador Dick Durbin de Illinois se preguntó cómo la administración enfrentará la llegada de más menores si no ha sido capaz lidiar con el tratamiento apropiado de los menores hasta ahora.

“Lo que oímos hace dos años lo volvemos a oír ahora a pesar de que ahora ya asignamos recursos para enfrentar esta crisis”, dijo Durbin al referirse a los fondos asignados por el congreso, sobre todo a DHS, en 2014.

Los cuestionamientos de Durbin, y de otros miembros del Comité Judicial, son similares a los que el mes pasado hicieron miembros de la Cámara Baja a ORR a propósito de las deficiencias para garantizar la seguridad de los niños detectadas en el sistema a raíz de un caso de abuso laboral de menores indocumentados descubierto en Ohio el año pasado. Tras ese incidente, GAO elaboró una auditoría de los procesos seguidos por DHS y ORR para garantizar el bienestar de los niños; los resultados no son halagadores.

“ORR no estaba preparada para recibir y acomodar a los menores”, dijo en la audiencia de ayer Kay Brown, de GAO.

Entre los principales reparos hechos a la administración están la falta de supervisión de los centros de resguardo a los que van a parar algunos de los menores y la falta de monitoreo adecuado a los tutores asignados a los niños cuando no hay familiares disponibles.

“En algunos casos han pasado siete años para que personal de ORR visite los centros de resguardo y en algunos casos no las ha visitado”, aseguró Brown, quien recordó que el gobierno federal subcontrata a privados para que administren esos centros, pero luego falla en supervisarlos adecuadamente.

De acuerdo con Brown, el 60 % de los menores que llegaron en 2014 y parte de 2015 fueron entregados a sus padres y el 9 % a personas que no tenían parentesco con ellos pero pasaron por los procesos establecidos para determinar su idoneidad. El resto de los menores fue entregado a otros parientes o enviados a centros de resguardo.

El problema, sobre todo en los casos del 9 % entregado a particulares que no son familiares de los niños, es que “la revisión de documentos y los chequeos de antecedentes” no siempre fueron los apropiados. En los casos de explotación laboral de Ohio, por ejemplo, los niños fueron entregados a tutores que pasaron por esos procesos y resultaron ser traficantes de personas.

* El autor es investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington, DC.

Tags:

Lee también

Comentarios

Newsletter