El Salvador, Honduras y Guatemala no tienen capacidad para atender deportados, alerta informe

El documento, auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer, señala que El Salvador es el único de los tres países que muestra "mayores avances normativos e institucionales" para atender a los retornados forzados, aunque debe actualizar su legislación migratoria.
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Los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador, carecen de capacidad institucional para atender el creciente flujo de deportados, alerta un informe presentado hoy por el Foro Social de la Deuda Externa de Tegucigalpa (Fosdeh).

Según el informe, denominado "Una Aproximación a las políticas de atención a los deportados en el Triángulo Norte en Centroamérica", ninguno de los tres países tiene "las capacidades legales e institucionales suficientes" para atender los flujos de retornados forzados procedentes de Estados Unidos y México.

En 2015, Estados Unidos y México deportaron a 234,270 ciudadanos del Triángulo Norte, mientras en los primeros once meses de 2016 sumaron 197,873, según cifras citadas en el informe.

El director del Fosdeh (privado), Mauricio Díaz, dijo a Acan-Efe que el flujo migratorio es una de "las dificultades más grandes" que enfrenta la región debido a la gran cantidad de centroamericanos que viven en Estados Unidos, entre residentes legales e indocumentados.

Enfatizó que esa migración ilegal tiene "un altísimo costo humano" que representa "un buen agregado financiero a las finanzas" de los estados.

Díaz señaló que los tres países "dependen muchísimo" de las remesas familiares que envían sus ciudadanos para mantener una estabilidad económica, social y política.

Sin embargo, lamentó que el Triángulo Norte carece de políticas migratorias orientadas a proteger a los migrantes, por lo que cree necesario crear un Fondo de Desarrollo del Migrante y que los Estados garanticen el respeto de los derechos humanos.

Además deben "unir esfuerzos trinacionales" para que el impacto de negociaciones a favor de los migrantes con la Administración de EUA, cuyo nuevo presidente, Donald Trump, asumió el pasado 20 de enero, puedan tener "un mejor suceso", subrayó el director del Fosdeh.

El documento, auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer, señala que El Salvador es el único de los tres países que muestra "mayores avances normativos e institucionales" para atender a los retornados forzados, aunque debe actualizar su legislación migratoria.

Destaca que Honduras también cuenta con una ley de protección a los hondureños migrantes, pero los programas de apoyo a los deportados, en su mayoría de iniciativa de la empresa privada y sociedad civil, son "vacíos tanto en cobertura y financimiento como en el seguimiento y monitoreo".

Según el informe, la proyección del Gobierno hondureño frente a esta temática "es débil o nula", pues sus acciones "surgen cuando hay situaciones extremas" como la crisis humanitaria derivada de los niños que viajaron solos a EUA en 2014.

En el caso de Guatemala, la investigación precisa que es el país que tiene "mayores falencias" para atender a los retornados, pues "no cuenta con legislación e institucionalidad específica" para ese objetivo.

El coordinador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala, Mariano Rayo, lamentó que los tres países "no están resolviendo" las causas subyacentes de la migración, un problema de Seguridad Nacional para México.

En declaraciones a Acan-Efe, Rayo dijo que Honduras, El Salvador y Guatemala deben resolver sus problemas estructurales, la violencia y la falta de oportunidades, de lo contrario los Estados no tendrán la capacidad de atender a sus ciudadanos deportados.

Ante ello, el experto sugiere "trabajar pero enfrentar" a México, pues el país norteamericano podría "sacrificar a los centroamericanos en aras de resolver su problema migratorio con Estados Unidos".

En el caso de Honduras, la autora del informe, Gisell Vásquez, dijo en la presentación que la extorsión, que ha crecido en el país, es otra de las razones por las cuales los hondureños, en su mayoría jóvenes entre los 18 y 32 años, deciden emigrar ilegalmente a Estados Unidos.

Al menos 100,000 hondureños, de ellos 71,000 jóvenes, salen al año hacia Estados Unidos y pagan a traficantes de personas grandes cantidades de dinero, precisó Vásquez.


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