Embajador de El Salvador en EUA dice que deportaciones no son la solución

La opinión del embajador salvadoreño la comparten 146 congresistas demócratas y organizaciones defensoras de los inmigrantes, que piden al Gobierno de Barack Obama que ponga fin a las deportaciones de centroamericanos.
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El embajador de El Salvador en Estados Unidos, Francisco Altschul, dijo hoy que su país respeta pero no comparte la política de deportaciones estadounidense ya que crea miedo entre los inmigrantes y "no es la solución" para contener el flujo de personas que huyen de la violencia en Centroamérica.

El nuevo incremento de migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala, tras la crisis por la avalancha de menores no acompañados del verano de 2014, llevó al Gobierno de Estados Unidos a emprender la deportación de las personas que llegaron después de mayo de 2014 y tienen órdenes finales luego de concluir sus procesos legales.

"Respetamos esa decisión pero por supuesto no la compartimos. Estamos preparados para colaborar siempre que tengamos la certeza de que nuestros ciudadanos tienen garantizado el debido proceso que contempla la ley estadounidense", afirmó hoy Altschul en una conferencia en el centro de estudios Diálogo Interamericano de Washington.

La opinión del embajador salvadoreño la comparten 146 congresistas demócratas y organizaciones defensoras de los inmigrantes, que piden al Gobierno de Barack Obama que ponga fin a las deportaciones de centroamericanos y les otorgue el estatus de refugiados, mediante un programa de protección temporal (TPS).

El Departamento de Seguridad Nacional estipula que el TPS se puede conceder cuando en el país de origen hay un conflicto armado en curso, un desastre natural u "otras condiciones extraordinarias y de carácter temporal".

El Triángulo Norte centroamericano es una de las zonas más violentas y empobrecidas del mundo, con al menos 17,340 asesinatos en 2015, aunque no sufre una guerra convencional.

Para Altschul, el programa de deportaciones estadounidense "no es la solución" ya que las causas de la migración "son muchas": la violencia, la inseguridad, la falta de oportunidades y la reunificación familiar.

"Tenemos que recurrir al desarrollo, el único mecanismo para confrontar las raíces de la migración, no para eliminarla, porque no se puede, pero para mitigarla y orientarla a vías legales", opinó el diplomático, en el cargo desde agosto de 2014.

El embajador salvadoreño reconoció la responsabilidad de los países del Triángulo Norte centroamericano para crear unas oportunidades que eviten que tantos ciudadanos sientan la necesidad de irse, pero reclamó al tiempo que la nación norteamericana cumpla sus tareas pendientes.

"Estados Unidos debe resolver el debate de las deportaciones migratorias, porque la reunificación familiar es una parte fundamental que no es posible por un sistema de inmigración que todo el mundo reconoce como fallido", sostuvo Altschul.

Poco después de la intervención del diplomático, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, anunció que el Gobierno planea "expandir el programa de admisión de refugiados" para incluir a cientos de inmigrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras que huyen de la violencia en sus países de origen, con la colaboración de la ONU, pero por el momento no se conocen los detalles de la iniciativa.

El primer fin de semana de este año, las autoridades migratorias de Estados Unidos llevaron a cabo redadas en los estados de Georgia, Texas y Carolina del Norte y detuvieron a 121 personas, la mayoría centroamericanos.

Los más afectados por la "ola de detenciones", que podría alcanzar a unas 3,000 personas, según dijo recientemente el Parlamento Centroamericano (Parlacen), son Honduras, El Salvador y Guatemala.

El Triángulo Norte promueve desde 2014 el llamado Plan Alianza para la Prosperidad, una iniciativa que busca reforzar las instituciones, mejorar la seguridad y fomentar el empleo y la productividad, y que requiere miles de millones de dólares para su desarrollo.

El Plan cuenta con el apoyo de Estados Unidos, cuyo Congreso aprobó en diciembre pasado una partida de 750 millones de dólares para financiarlo, y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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