Expulsión de EUA de exministro de defensa Vides Casanova revive debate

El debate se centra sobre la constitucionalidad o no de la ley de amnistía que impide juzgarlo si regresa a su país.
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La decisión del máximo tribunal de inmigración de Estados Unidos de ratificar la deportación de un exministro de Defensa El Salvador acusado de violaciones a los derechos humanos, sienta un precedente y podría repercutir también en el debate sobre la constitucionalidad o no de la ley de amnistía que impide juzgarlo si regresa a su país.

Para los expertos consultados por The Associated Press, el fallo de la corte de migración sienta un precedente jurídico en Estados Unidos, donde algunos militares latinoamericanos se refugiaron cuando cayeron las dictaduras por temor a ser juzgados en sus países por violaciones q los derechos humanos.

La Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos ratificó el fallo de deportación del general retirado Carlos Eugenio Vides Casanova dispuesto por un juez de inmigración en 2012.

Almudena Bernabeu, abogada y experta del Centro de Justicia y Rendición de Cuentas que ha presentado demandas contra Vides Casanova y otros líderes internacionales acusados de torturas, dijo que el fallo de la Junta es más contundente aún que el del juez que había determinado la deportación porque se refiriere a la responsabilidad de Vides Casanova como comandante, y sienta un precedente jurídico.

"Hasta ahora los servicios de inmigración se habían centrado en autores materiales, en personas implicadas directamente en las violaciones de derechos humanos... Ir detrás de los autores intelectuales es más difícil y esta decisión permitiría esto", explicó.

El fallo de la Junta, emitido el miércoles, señaló que las evidencias demuestran que a través de su "responsabilidad de comando" como director de la Guardia Nacional de El Salvador y ministro de Defensa, Vides Casanova "participó en la comisión de actos de tortura en particular y en matanzas extrajudiciales de civiles en El Salvador".

Consideró que el entonces jefe castrense "sabía de estos abusos durante o después de los hechos, y por medio de su interferencia personal con las investigaciones y su inacción, no permitió que los perpetradores fueran responsabilizados por sus actos".

El abogado de Vides Casanova, Diego Handel, dijo a la AP que no podía hacer comentarios sobre el caso.

No anticipó si apelará o no la decisión del tribunal en el plazo estipulado por la ley, de 30 días.
Aunque la Junta de Apelaciones es el máximo tribunal de inmigración de Estados Unidos, sus fallos pueden ser apelados en los tribunales federales ya que es considerado con organismo administrativo.

Es improbable que la deportación de Vides Casanova, que vive en la Florida desde que en 1989 salió de su país, sea inmediata.

Al apelar la orden del juez ante la Junta, Vides Casanova alegó que su deportación sería injusta porque las tácticas de las fuerzas militares salvadoreñas fueron apoyadas tácticamente por la Casa Blanca. En la década de 1980 Estados Unidos lo condecoró dos veces con la Legión al Mérito por liderar la lucha contra los rebeldes izquierdistas de su país.

La guerra civil salvadoreña (1980-1992) dejó más de 75,000 muertos y 12,000 desaparecidos.

Los tribunales de la nación centroamericana no han establecido responsabilidades penales concretas porque en 1993 el presidente derechista Alfredo Cristiani emitió una ley de amnistía que impide juzgar a los militares por masacres, torturas y desapariciones forzadas durante la guerra.

En los últimos años, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos han presentado recursos de inconstitucionalidad de la amnistía.

La Corte Suprema está analizando esos pedidos y algunos sectores esperan que el fallo del tribunal estadounidense genere un debate interno en El Salvador.

"Esto por lo menos provoca en El Salvador un debate muy importante. ¿Vamos a hacer algo o no?", expresó Bernabeu.

Vides Casanova no enfrenta acusaciones en su país y es por eso que los activistas de derechos humanos esperan que ahora la fiscalía pueda demandarlo formalmente.

"Ellos se van amparar en la Ley de Amnistía eso indudablemente, pero nosotros esperamos que la Fiscalía haga la acusación", manifestó Miguel Montenegro, una de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado y actual director de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos.



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