Fiscal EUA arremete una vez más contra urbes amigables con inmigrantes

El fiscal puso varios ejemplos sobre personas indocumentadas que cometieron crímenes en territorio estadounidense para justificar su política, como por ejemplo el reciente caso de un inmigrante residente en Kansas que dio positivo en un test de alcoholemia después de atropellar y matar a un policía local.

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El fiscal general, Jeff Sessions, es un gran oponente de la inmigración.

El fiscal general, Jeff Sessions, es un gran oponente de la inmigración.

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El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, instó hoy a las autoridades locales en Texas a poner fin a las políticas "santuario", unas directrices que siguen ciudades que se niegan a colaborar con las autoridades federales para proteger a los inmigrantes de la deportación.

El responsable de Justicia aseguró que este tipo de políticas locales "ponen en riesgo" la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y recomendó a las autoridades policiales que "reconsideren" su estrategia a nivel local.

Estas declaraciones las hizo Sessions en Austin (Texas), una ciudad conocida por sus políticas "santuario", lideradas por la sheriff del condado de Travis, la demócrata Sally Hernández, quien estuvo presente en la intervención del fiscal general.

La alguacil, que se encontraba entre el público con otros jefes de departamentos policiales locales, no hizo ningún comentario al respecto al finalizar el acto, en el que ni los asistentes ni los periodistas tuvieron la posibilidad de preguntar a Sessions.

"Si trabajamos juntos, podemos hacer que nuestro país sea más seguro para todos nuestros residentes, inmigrantes nativos y legales por igual", indicó el fiscal general, que dijo que esta opción pasa por terminar las políticas "santuario".

En este sentido, Sessions felicitó a la Legislatura de Texas por aprobar la controversial ley SB4, que pretende prohibir las "ciudades santuario" en ese estado sureño y permitir a las autoridades locales a cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona detenida, incluso en una parada de tráfico.

Esta legislación debería haber entrado en vigor el pasado 1 de septiembre pero una corte federal de San Antonio (Texas) la bloqueó un día antes de su entrada en efecto para estudiar si se ajusta a la Constitución.

El Departamento de Justicia, que encabeza Sessions, presentó una moción en defensa de esta ley, que el fiscal general aseguró que es una cuestión de "interés nacional".

"La integridad de nuestras leyes de inmigración no es un problema local, es una cuestión de interés nacional", señaló.

El fiscal puso varios ejemplos sobre personas indocumentadas que cometieron crímenes en territorio estadounidense para justificar su política, como por ejemplo el reciente caso de un inmigrante residente en Kansas que dio positivo en un test de alcoholemia después de atropellar y matar a un policía local.

Mientras Sessions se dirigió a los medios de comunicación presentes, casi un centenar de personas se manifestaron delante del edificio federal en que se llevó a cabo el acto con cánticos como "fuera fascistas de Estados Unidos" o "inmigrante y sin miedo".

"La rueda de prensa de hoy -en la que no aceptó ni preguntas de ustedes- forma parte de la estrategia de incitación de odio de la Administración Trump y se hizo en Austin porque saben que aquí hay muchos opositores", apuntó en declaraciones a Efe Cristina Tzintzun, directora ejecutiva de la organización hispana Jolt y una de las manifestantes.

Sessions se opuso este miércoles durante una audiencia en el Comité Judicial del Senado a que los jóvenes indocumentados beneficiarios de la Acción Diferida (DACA) accedan a la ciudadanía, una postura que dijo era tanto personal como en calidad de fiscal general de EE.UU.

Daniel Ramírez, beneficiario de DACA y activista de United We Dream en Austin, indicó a Efe que Sessions "no es bienvenido a Texas" después de su actitud "racista" a lo largo de su carrera profesional y en los últimos meses.

Texas es el segundo estado con mayor población hispana y en él 4,2 millones de latinos tienen derecho a votar, según datos del censo de 2010.

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