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Illinois se convierte en estado santuario y desafía a Trump

El gobernador es republicano y aún así promovió la ley
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Illinois se convierte en estado santuario y desafía a Trump

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Illinois dio hoy el paso para convertirse en un estado santuario para los inmigrantes sin papeles con la firma por parte de su gobernador, Bruce Rauner, de una ley que prohíbe la detención de personas solo en base a su situación migratoria.

Rauner no pertenece al Partido Demócrata, sino al Republicano de Donald Trump, a cuya administración desafía abiertamente con una ley a la que se ha dado el nombre de "Trust" (confianza).

Un estado santuario es el que se niega a colaborar con las autoridades federales para detener inmigrantes indocumentados con el objetivo de que sean deportados. También hay ciudades santuario y Chicago, la mayor de Illinois, es una de ellas.

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"No fue una ley fácil de aprobar, seamos claros", dijo el gobernador de Illinois en el acto en el que rubricó la nueva ley, que tuvo lugar en un restaurante mexicano de un conocido barrio de Chicago habitado por hispanos.

Rauner explicó que consultó con las autoridades policiales para decidir si la firmaba o no. "Todos me dijeron: 'Gobernador, es un compromiso razonable, nos ayudará a hacer mejor nuestro trabajo, nos ayudará a mantener más seguras nuestras comunidades'", señaló.

Según el director de la policía de Illinois, Leo Schmitz, los indocumentados denuncian crímenes y delitos a las fuerzas del orden si no tienen miedo de ser arrestados por su situación migratoria. Es uno de los argumentos que siempre aducen las ciudades y estados santuario.

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La ley impide a la policía local y estatal arrestar a personas solo por su estado migratorio, aunque los agentes sí podrán hacerlo con una orden judicial.

La firma de esta ley estatal llega después de que el 7 de agosto, el alcalde de Chicago, el demócrata Rahm Emmanuel, demandara a la administración de Trump ante una corte federal por imponer condiciones para que las ciudades reciban fondos federales.

El fiscal general, Jeff Sessions, anunció en julio que la administración solo derivaría unos fondos federales conocidos como JAG a las ciudades que cumplieran determinadas condiciones, entre ellas compartir información sobre inmigrantes con las autoridades federales y dar acceso a instalaciones de detención local.

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