Juez pospone fallo sobre órdenes ejecutivas de Obama

Tribunal federal en Texas conoce demanda de 25 estados en contra de decretos ejecutivos que beneficiarán a cuatro millones de indocumentados.
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Un juez federal en el sur de Texas presionó el jueves a una abogada que representa al gobierno federal para que explique la autoridad jurídica detrás de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama en materia migratoria, la cual fue impugnada por una coalición de 25 estados para tratar de detenerla.

El juez federal Andrew Hanen escuchó argumentos durante una audiencia sobre una solicitud de la coalición para que emita un interdicto temporal, el cual detendría la acción de Obama hasta que la demanda sea considerada por los tribunales. La primera de las órdenes ejecutivas del presidente comenzaría a recibir solicitudes el 18 de febrero.

Aunque en ocasiones Hanen interrogó persistentemente a la abogada del Departamento de Justicia de Estados Unidos Kathleen Hartnett para que detallara cómo puede el gobierno federal justificar la acción jurídica que podría salvar de la deportación hasta a cinco millones de personas que están viviendo en el país sin permiso, el juez fue mesurado y cordial durante las más de tres horas que duró la audiencia mientras interrogaba a los abogados de ambas partes.

Hanen dijo que no emitiría un fallo sobre la solicitud de interdicto antes del 30 de enero.

El juez no dio indicios sobre cuál sería su determinación, y manifestó desde el inicio de la audiencia que su sala no sería "un departamento de quejas" para los problemas de alguien con el poder ejecutivo. Señaló que el caso es "un área de debate legítimo" y que "no hay tipos malos en esto". Dijo que Brownsville y el sur de Texas han visto tanto los beneficios como los inconvenientes de la aplicación estricta de las leyes de inmigración y de lo que "algunas personas llaman una política laxa de aplicación".

"Hablar con cualquier persona en Brownsville sobre inmigración es como hablar con Noé sobre el diluvio", enfatizó el juez.

Hanen admitió que ha criticado la política de inmigración de Estados Unidos en dos fallos previos, pero también señaló que en ambos casos su determinación fue a favor del gobierno federal.

La coalición, encabezada por Texas y conformada mayormente por estados conservadores del sur y centro del país, argumenta que Obama ha extralimitado el poder presidencial que otorga la Constitución.

Hablando en representación de los estados, Andrew Oldham, vicefiscal general de Texas, dijo al juez Hanen que la acción ejecutiva de Obama ocasionará a los estados un daño irreparable porque les costaría millones de dólares en atención a la salud, educación y seguridad pública. Oldham argumentó además que la acción ejecutiva motivaría que más gente venga ilegalmente a Estados Unidos y que quienes ya están en el país sin permiso no tengan motivo para salir.

Oldham dijo que el asunto es "si el presidente puede unilateralmente suspender leyes de inmigración, repartir millones de documentos de inmigración y retirar esa operación de la revisión judicial al llamarlo una acción ejecutiva. Si este presidente puede hacer esto, el próximo presidente puede hacer lo mismo con la ley fiscal, la ley ambiental, las leyes de protección laboral, con cualquier ley".

Hanen disputó la argumentación de daño económico relacionado con atención médica y educación, debido a que determinaciones previas de la Corte Suprema ya obligan a los estados a proporcionar tales cosas a individuos que están en el país sin autorización.

En respuesta a la pregunta del juez Hanen respecto a la justificación del gobierno, Hartnett dijo que desde hace mucho tiempo ha sido un rasgo de la aplicación de la ley de inmigración que exista discrecionalidad en cada paso del proceso cuando se refiere a las deportaciones de inmigrantes no autorizados.

"La razón de esta política es ayudar a Seguridad Nacional a enfocarse en sus prioridades: detener los cruces fronterizos, a extranjeros criminales y amenazas a la seguridad nacional. La política está dirigiendo recursos de una manera inteligente. Tomará casos de baja prioridad, los hará a un lado, y se usarán nuestros recursos limitados para enfocarnos en casos que sean los más importantes para la seguridad de la nación", subrayó.

Oldham dijo que a un estado más le gustaría unirse a la demanda: Tenesí.

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