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La Casa Blanca apoya un camino a la ciudadanía para beneficiarios del TPS

El jefe de gabinete reiteró la idea de que el Departamento de Seguridad Nacional se limita a ejecutar las leyes vigentes, que establecen que el TPS es temporal, y que por tanto si los legisladores quieren cambiar las leyes deben conseguir aprobar una ley en el Congreso.
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El jefe de Gabinete dio las declaraciones.

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El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, anunció hoy que su Gobierno apoya la idea de abrir un camino a la ciudadanía para los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que permitió vivir y trabajar en Estados Unidos a casi 440.000 personas.

Kelly hizo ese anuncio en una entrevista con la radio pública NPR al ser preguntado por la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de acabar con el TPS para varios países, incluidos cuatro latinoamericanos, como El Salvador, Haití, Nicaragua y Honduras, y naciones de Oriente Próximo, como Siria y Yemen.

"Creo que deberíamos tomar a toda esa gente del TPS que ha estado aquí durante un periodo considerable de tiempo y buscar una forma para ellos de estar en el camino a la ciudadanía", afirmó Kelly, que dirigió el Departamento de Seguridad Nacional antes de llegar a la Casa Blanca.

Kelly puso de ejemplo a los beneficiarios del TPS originarios de Centroamérica que llevan viviendo una media de 20 años en EE.UU.

El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que EE.UU. concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.

Durante décadas, Estados Unidos renovó de manera automática por periodos de 18 meses el TPS, pero el presidente, Donald Trump, ha decidido acabar con esos permisos, argumentado que son temporales y le corresponde al Congreso aprobar una ley para regularizar la situación de sus beneficiarios.

El programa beneficiaba a 439.625 personas de 13 países diferentes a finales de 2016, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

En los últimos meses, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, terminó con el TPS para unos 195.000 salvadoreños, 55.000 hondureños, 50.000 haitianos y 5.000 nicaragüenses, grupos a los que ha dado entre 12 y 18 meses para que regresen a su país o preparen alguna forma para cambiar su estatus migratorio.

"Haciendo lo que ha hecho, la secretaria Nielsen una vez más está forzando al Congreso de Estados Unidos a hacer algo", afirmó Kelly.

El jefe de gabinete reiteró la idea de que el Departamento de Seguridad Nacional se limita a ejecutar las leyes vigentes, que establecen que el TPS es temporal, y que por tanto si los legisladores quieren cambiar las leyes deben conseguir aprobar una ley en el Congreso.

"No puedo elegir y escoger cuáles son las leyes que aplico. Si ese fuera el caso, sería expulsado de mi trabajo", señaló.

El TPS no abre ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria, por lo que la decisión del Gobierno de acabar con ese permiso significa que sus beneficiarios deben volver a su país de origen, cambiar su estatus migratorio o quedarse irregularmente en Estados Unidos.

Buena parte de los beneficiarios del TPS han estado viviendo en Estados Unidos durante más de dos décadas, han tenido hijos en este país y han abierto negocios, por lo que muchas organizaciones, como Human Rights Watch (HRW), han pedido a EE.UU. que brinde un estatus permanente a los beneficiarios del TPS. 

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