Las 8 madres de Dilley, Texas

El miércoles 6 de enero la cancillería de El Salvador, a través de su consulado en McAllen, Texas, y un grupo de abogados estadounidenses confrontaron a DHS para evitar la deportación de 22 salvadoreños.
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Fue una carrera contra el tiempo que empezó con la primera semana del año. DHS había pedido al consulado salvadoreño documentos provisionales de viaje para deportar a 22 nacionales de El Salvador a los que la Agencia de Migración y Aduanas (ICE, en inglés) había arrestado los días previos durante las redadas realizadas en Texas, Georgia y Carolina del Norte. En ese grupo había ocho madres que entraron de forma irregular a Estados Unidos en compañía de sus hijos.

Es un procedimiento estándar: en virtud de legislaciones internacionales de las que El Salvador y Estados Unidos son firmantes, todo salvadoreño repatriado debe contar con un documento de identidad y viaje antes de subirse en el avión que los regresará al país.

Al conocer los 22 casos, el consulado en McAllen, Texas, ciudad fronteriza y centro neurálgico de buena parte de la actividad migratoria que pasa por la frontera sur de Estados Unidos, pidió a DHS el detalle de cada uno de los expedientes para determinar si los procesos de deportación cumplían con todos los requisitos de ley, según confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA fuentes de Relaciones Exteriores salvadoreñas en San Salvador y Estados Unidos, así como miembros de organizaciones no gubernamentales que atestiguaron la negociación por estos migrantes.

Un funcionario que conoce de los 22 casos, y quien habló con condición de anonimato por las implicaciones diplomáticas del tema, dijo que en los casos de siete de las madres no se había seguido el debido proceso y que en al menos uno de ellos había razones suficientes para pedir alternativas a la deportación por razones humanitarias.

Mientras los cónsules salvadoreños negociaban con DHS, supervisados por la viceministra de Relaciones Exteriores para Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín –quien viajó a Texas debido a la crisis generada por los operativos de ICE–, abogados de la no gubernamental RAICES preparaban las apelaciones y los recursos para detener las repatriaciones, según contaron dos personas que participaron en los procesos.

No fueron negociaciones fáciles, dicen los involucrados. “Hubo mucha tensión. Llegó un momento en que la negociación en el lugar se detuvo y la viceministra tuvo que acudir a otras instancias. A los americanos eso no les gustó, pero había fundamento legal para todo”, aseguró una de las fuentes salvadoreñas.

Cuando las negociaciones empezaron, ya los 22 salvadoreños estaban en el centro de procesamiento en Dilley, Texas, a donde DHS remite a todos los migrantes irregulares que ya están en ruta final de deportación.

En uno de los casos, cuenta una fuente de cancillería, la madre salvadoreña ya había salido de Dilley rumbo a San Antonio, también en Texas, donde abordaría un avión hacia El Salvador. “Cuando ella estaba volando, se resolvió el recurso legal que permitía diferir la deportación. Fue como una película”, cuenta el funcionario consultado sobre los casos.

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