Departamento 15 ASEGURAN QUE FUE MOTIVADO POR EL RACISMO

Los salvadoreños en Estados Unidos que demandaron a Trump por la cancelación del TPS

Hoy finaliza la reinscripción para el TPS y, además, inicia la cuenta regresiva para el último período de este programa para el país. Estos son los salvadoreños que demandaron a Trump por la cancelación del beneficio migratorio.
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Cristina Morales, salvadoreña con TPS, durante la conferencia de prensa en la que hablaron sobre la demanda contra la gestión de Donald Trump por la cancelación del TPS. Junto a ella, su hija. Foto de AP

Cristina Morales, salvadoreña con TPS, durante la conferencia de prensa en la que hablaron sobre la demanda contra la gestión de Donald Trump por la cancelación del TPS. Junto a ella, su hija. Foto de AP

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¿Se puede demandar al hombre que dirige a la nación más poderosa y rica del mundo, el presidente de Estados Unidos, por sus comentarios racistas?  Un grupo de inmigrantes, encabezado por salvadoreños amparados al TPS, lo hicieron para hacer valer sus derechos y para sentar un precedente contra el racismo. Junto a familias de haitianos buscan que se pueda revertir la cancelación de este beneficio migratorio.

 Los salvadoreños que encabezan la demanda son reconocidos actores en sus comunidades en varios condados de Massachusetts.

Carlos Vidal es uno de ellos. Oriundo de Metapán, Santa Ana, dueño de cuatro restaurantes, considera que la cancelación del TPS es una medida injusta para los que como él han dedicado por años su trabajo y sus esfuerzos para apoyar a sus familias y sus comunidades en Estados Unidos.

El nueve de enero de este año, el Gobierno de Estados Unidos canceló el TPS para El Salvador, 17 años después que lo había aprobado para un grupo estimado en 265,000 compatriotas. Este día vence el proceso de reinscripción para el último período con TPS vigente. El tiempo para los compatriotas es oro.

“Esta medida es injusta y está motivada por el racismo. Desde hace años he trabajado duro y seguí invirtiendo en este país con el sueño de que un día se concediera la residencia para los que estamos amparados al TPS”, dijo Vidal a LA PRENSA GRÁFICA.

El salvadoreño llegó al país norteamericano en 1998 y, desde entonces, se ha dedicado a su trabajo. Primero lo hizo como cocinero en un reconocido restaurante en Boston y desde 2010 lo ha hecho como empresario.

“El TPS me cambió la vida porque pude trabajar, comprar mi casa, pagar impuestos. Y gracias a este programa he seguido invirtiendo y en lo económico le contribuyo al país. Así como a mí me cambió la vida, le ha cambiado la vida a otros salvadoreños”, dice Vidal.

Este compatriota dio trabajo a otras 20 personas que podrían verse también afectadas si el salvadoreño no encuentra una solución legal a su situación o si es deportado. Al igual que muchos salvadoreños que se encuentran en la misma condición, la opción de regresar a su país no está en la lista a considerar para Vidal.

“Mis hijos, mi esposa y yo no estamos preparados para ir a El Salvador. Hay mucha violencia, no hay futuro... Tenemos mucho miedo de pensar en esa idea y por la situación del país no creo que yo esté preparado para montar un negocio en El Salvador”, dice el salvadoreño.

Salvadoreños en California durante la presentación de una de las demandas. Foto de AP

Patricia Montes, directora del Centro Presente, organización no gubernamental a la que pertenecen los salvadoreños y que acompaña a los demandantes, asegura que las condiciones de seguridad de El Salvador representan un riesgo para los migrantes y sus familias.

“Aunque el Gobierno de El Salvador diga que está preparado para recibir a los tepesianos, no lo está. El Salvador no está preparado para recibir a todas las personas que sean deportadas, a diario siguen saliendo del país más de 300 personas por la violencia. El país está en la lista de los cinco países más violentos del mundo y eso es un peligro para estos inmigrantes”, dijo Montes.

De acuerdo a datos de las organizaciones civiles, solo en el área de Boston residen más de 12,000 inmigrantes tepesianos y el estado de Massachusetts recibe poco más de $150 millones en contribuciones por pagos de impuestos y seguro social de este grupo.

Además, estos datos señalan que el impacto negativo de la cancelación del TPS afectaría al sector salud, ya que muchos tepesianos trabajan en hospitales y pequeñas clínicas de asistencia.

“Mis hijos, mi  esposa y yo no estamos preparados para ir a El Salvador. Hay mucha violencia, no hay futuro. Tenemos mucho miedo”. - Carlos Vidal, salvadoreño con TPS que acompaña la demanda

Luchan por los sueños cumplidos

Según el Comité de Abogados de Derechos Civiles y Justicia Económica, ente legal que acompaña la demanda, los seis salvadoreños y los dos haitianos son miembros importantes de la comunidad.

Juan Amaya es un salvadoreño que escala los edificios más altos en Boston todos los días para mantener las ventanas limpias. Su trabajo es reconocido en la zona. Amaya tiene cuatro hijos inscritos en la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido por sus siglas en inglés como DACA.

María Guerra. Esta salvadoreña se ha dedicado por años al trabajo doméstico en residencia y al cuidado de niños en varias comunidades de Massachusetts. Además, tiene dos hijos de 22 y 25 años beneficiarios del DACA.  Uno de sus hijos trabaja en el servicio de información tecnológica de la Universidad de Harvard, mientras que el otro estudia en Bunker Hill Community College.

Los representantes en Texas de la Alianza Nacional TPS. Foto de Carmen Rodríguez.

También está Mercedes Mata. Ella ha sido empleada municipal por varios años y se encarga de la atención a los usuarios en una comunidad del estado donde el 25 % de la población es latina. Según sus empleadores, por su capacidad de comunicarse en inglés y en español, su trabajo es de gran apoyo.

Willi Arias es beneficiario de TPS desde 2010. Trabaja como custodio en la Casa Judicial de la Corte Suprema de Massachusetts.

Siempre en el grupo de demandantes  figura Carolina Mata. Ella es miembro de la ONG Centro Presente, organización que trabaja en el apoyo a inmigrantes y que además acompaña a los demandantes. Esta salvadoreña tiene dos hijos nacidos en Estados Unidos.

“Estamos en un contexto de abuso y queremos sentar un precedente para que respeten los derechos de los inmigrantes”. - Patricia Montes, abogada especialista en inmigración.

El proceso judicial

Según las leyes estadounidenses, el presidente tiene inmunidad absoluta mientras comanda el Ejecutivo y no todas las demandas promovidas por decisiones que tome como cabeza del gobierno  pueden proceder en su contra mientras dirija la Casa Blanca.

Sin embargo, aunque la demanda iniciada por los salvadoreños no tiene consecuencias penales, de ser aceptada y de haber un fallo a favor, la suerte de los amparados al TPS podría cambiar completamente. Esto es porque un juez del sistema de justicia estadounidense es el único que puede revocar las órdenes ejecutivas, es decir, las órdenes que salen desde la Casa Blanca.

“Decidimos hacer esta demanda para salvaguardar la protección que el TPS representa para los inmigrantes y se basa en el derecho constitucional de los inmigrantes que consiste en que se trate a las personas sin discriminación”, explicó Iván Espinoza Madrigal, abogado representante de los demandantes y miembro del Comité de Abogados para Derechos Humanos y Justicia Económica en el país norteamericano.

Los salvadoreños también están haciendo la lucha para proteger a los "soñadores". Foto de Carmen Rodríguez.

Espinoza es parte de uno de los grupos que impulsó y ganó la demanda contra el presidente Trump en 2017 por la orden que diera el mandatario de retirar fondos federales a las ciudades “santuarios”.

Lo que este grupo espera con esta nueva demanda es ganar tiempo para que se encuentren alternativas para los beneficiarios del TPS y sus hijos. Si la demanda es aceptada, entonces la cancelación del programa deja de ser vigente mientras se desarrolla el proceso.

“Con esta demanda en uno o dos meses se puede presentar también un amparo para familias afectadas por la cancelación del TPS y si hay fallo a favor, significa que no hay cancelación y que el Gobierno tiene que encontrar otras alternativas”, explica el abogado.

“Esta demanda se basa en el derecho constitucional de los inmigrantes y que consiste en tratar a las personas sin discriminación. Estamos pidiendo a la Corte que examine los verdaderos motivos de cancelación de este programa porque sospechamos que son racistas”, sentenció Espinoza.

Una madre salvadoreña y una madre haitiana fueron las que hablaron en nombre de los tepesianos que promovieron la demanda. Foto de AP.

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