Manifestaciones ante audiencia de Corte Suprema por DACA y DAPA

El caso Texas vs. EUA se escucha hoy dentro de la Corte. En la decisión que emitan está el destino de unos cinco millones de inmigrantes.
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Entre caravanas y eventos coordinados a escala nacional, las organizaciones de inmigrantes bajo condiciones migratorias irregulares esperarán este lunes ante las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington, D. C.

Adentro de las instalaciones los ocho jueces que restan –luego de la muerte del noveno juez, Antonin Scalia– escuchan, entre protocolos jurídicos, los argumentos a favor y en contra de las medidas ejecutivas de alivio migratorio que el presidente Barack Obama anunció en noviembre de 2014.

El presidente anunció reformas para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y para implementar la Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses (DAPA). Pero una demanda encabezada por Texas las ha mantenido estancadas.

Aunque la jornada se maneja con hermetismo y burocracia, es un acontecimiento de suma importancia para las comunidades organizadas de inmigrantes. Algunas caravanas salieron desde el pasado viernes para poder estar este lunes a las afueras de la Corte, en actos de manifestación pacífica y con la esperanza de que la presión popular haga un poco la diferencia.

Para Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, representación proinmigrante que aglutina a 46 organizaciones de este tipo (en dos estados) en Estados Unidos, “cualquier decisión de la Corte tendrá un impacto político, por darse en el marco de la campaña electoral”.

Según Chacón, lo que la fuerte presencia de organizaciones ante el tribunal demuestra “es la preocupación que existe sobre lo que podría ser el futuro de estas poblaciones”. Con las medidas se beneficiarían unos millones de personas.

Los jueces encabezados por el juez presidente, John Roberts, escucharán los argumentos de Texas y otros 25 estados republicanos en contra, que alegan que de otorgarle presencia autorizada a esas personas, se conllevaría a un gasto en las finanzas estatales, ya que esta población pudiera tener el derecho de solicitar licencias de conducir. “Ese es un argumento cuestionable, no es el más fuerte”, consideró Chacón.

En efecto, el argumento económico es débil considerando que los inmigrantes aportan fuertes ingresos a las arcas estatales y federales. Según un estudio del Instituto de Impuestos y Políticas Económicas (ITEP, siglas en inglés), “las contribuciones locales y estatales aumentarían a $805 millones bajo la implementación de las acciones ejecutivas y a $2,100 millones bajo una reforma migratoria completa” al cabo de 10 años.

El informe también encontró que los 11 millones de inmigrantes indocumentados pagaron $11,640 millones en impuestos (entre estatales y locales) anualmente. “Hasta que se alcancen las reformas, los gobiernos locales y estatales recibirán menos ingresos, de igual forma las familias indocumentadas”, dijo al respecto Matt Gardner, coautor del informe.

El segundo alegato de los republicanos tiene que ver con la ley federal de procedimientos administrativos de Estados Unidos. Chacón ilustra que esta ley requiere que “si el Ejecutivo va a hacer un cambio sustantivo en la manera en cómo se implementa una ley, el Gobierno tiene la obligación de publicar de manera previa a la puesta en vigencia del cambio de la naturaleza de este en el diario oficial de Estados Unidos”. Obama no lo hizo antes de anunciar sus medidas, pero tampoco se ha hecho por otras leyes estatales. “No es cierto que la ley de procedimientos administrativos se aplique rigurosamente en cada caso”, explicó el activista.

Los posibles escenarios

Luego de la muerte del juez Scalia, el panorama para la emisión de un fallo se vuelve más incierto. Sin el voto del noveno juez se podría emitir un fallo cuatro a cuatro. Si esto pasa, se reafirmaría la decisión de la corte inferior.

En este caso es una de las cortes más conservadores del país; la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans, que en noviembre de 2015 respaldó un mandato de un juez de Texas que bloquea las iniciativas.

Luego del empate el Gobierno podría optar por apelar ante otra corte estatal.

En todo caso, la única decisión que destrabaría el proceso es una de cinco jueces a favor (del Gobierno de Estados Unidos) y tres en contra (de Texas). Este es el fallo que las familias bajo condiciones migratorias irregulares tienen esperanza de escuchar en junio, luego de que los jueces hayan deliberado a puerta cerrada y emitan un fallo final.

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