Migración EUA: Nuestras fronteras no están abiertas

El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, reiteró ayer que los indocumentados que llegaron a Estados Unidos después del 1.º de enero de 2014 y los que fueron detenidos en la frontera después de mayo de ese año son objetivos prioritarios de deportación.
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* El autor es investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington, D. C.

La administración Obama se pronunció ayer por primera vez sobre las redadas policiales contra migrantes indocumentados en Estados Unidos que dejaron el fin de semana pasado saldo de 121 detenidos en Texas, Georgia y Carolina del Norte: el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, confirmó las redadas y las capturas a través de un comunicado.

“Como lo he dicho en varias ocasiones, nuestras fronteras no están abiertas a la migración ilegal; si vienen de manera ilegal, serán devueltos en cumplimientos con nuestras leyes y valores”, escribió Johnson en el comunicado fechado ayer y colgado por la tarde en el portal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

El funcionario expresó, además, que los operativos no deberían “sorprender a nadie” porque se hacen para ejecutar políticas migratorias que habían sido anunciadas en 2014.

“El pasado fin de semana la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) ejecutó en todo el país operaciones concertadas para poner bajo custodia y deportar a adultos que entraron ilegalmente a ese país con niños… He dicho durante meses que los individuos que son prioridades (para la agencia), incluidas familias y menores no acompañados, serán removidos”, aseguró Johnson.

Según el comunicado, los capturados el fin de semana eran migrantes indocumentados, adultos y niños, que habían sido detenidos en la frontera después de mayo de 2014, quienes habían recibido órdenes finales de deportación y quienes habían agotado todos los recursos legales para evitar las remociones.

ICE había reiterado el domingo en su página web que continuará persiguiendo a los migrantes a los que considera “objetivos prioritarios”, entre los que lista a quienes representan “peligro para la seguridad pública” y también a indocumentados que entraron en forma ilegal y sobre quienes pesa orden de deportación girada después del 1.º de enero de 2014.

“El Programa de Aplicación de Prioridades (PEP, en inglés) permite al Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) trabajar con agencias locales y estatales de policía para poner bajo custodia a individuos que representan riesgos para la seguridad pública antes de que sean liberados en nuestras comunidades”, dice el párrafo inicial de la declaración publicada el domingo en la página web de la ICE.

Aunque ICE insiste en que el PEP está enfocado en “criminales”, enseguida aclara que los migrantes indocumentados que entraron a Estados Unidos a partir del 1.º de enero de 2014 también son objetivos prioritarios de las acciones que la agencia planea ejecutar en las próximas semanas, entre las que se incluyen, sí, redadas y retenes vehiculares.

Tal como LA PRENSA GRÁFICA publicó la semana pasada, el secretario de DHS, Jeh Johnson, estableció cuáles eran los objetivos prioritarios de la acción de la ICE en un memo publicado el 20 de noviembre de 2014. El domingo, en su comunicado, ICE reiteró: “PEP se basa en las prioridades establecidas en el memorándum titulado ‘Políticas de aprehensión, detención y remoción de migrantes indocumentados’”.

En el tercer título de ese memo, el DHS establece como tercera prioridad de su política, después de los criminales y los nuevos violadores de leyes migratorias, a los migrantes que ingresaron en 2014 y sobre quienes ya pesa una orden de deportación. El DHS dice que este grupo es la prioridad menor y que el grueso de los recursos de ICE será utilizado para las otras dos categorías. Ahí está el problema.

Los nuevos violadores de leyes migratorias

La segunda prioridad, según el memo de 2014, que es el que se está aplicando ahora, incluye a los llamados “nuevos violadores de leyes migratorias” y a los responsables de ofensas menores (civiles, penales o administrativas).

Esta prioridad lista cuatro categorías: migrantes responsables de tres o más ofensas menores, como violaciones de tráfico; migrantes acusados de ofensas menores significativas, que para los propósitos de la PEP se refieren, por ejemplo, a abuso doméstico o distribución menor de drogas; migrantes que a juicio del DHS hayan abusado de su visa; y migrantes que hayan entrado una o más veces de forma ilegal a territorio estadounidense y no sean capaces de probar su presencia física continuada en suelo estadounidense desde el 1.º de enero de 2014.

La segunda prioridad es la que, según activistas y defensores de derechos de los migrantes consultados en Washington, más preocupa a las comunidades de centroamericanos en el área metropolitana de la capital.

Las acciones planteadas por el DHS en 2014 empezaron a ejecutarse en los primeros días de 2016, tal como lo adelantó recientemente el periódico The Washington Post citando fuentes de esa agencia. El lunes, otros diarios influyentes, como The Wall Street Journal y Los Ángeles Times, así como medios locales, reportaron redadas en Georgia y Texas y las primeras capturas de indocumentados.

En Washington y sus suburbios aún no hay reportes confirmados de redadas, pero sí denuncias de presencia de agentes de la ICE en retenes policiales en los que también participan agentes de departamentos de policía locales en busca de ebrios al volante (ver nota aparte).

La ejecución de las medidas anunciadas en 2014 ocurre inmediatamente después de un aumento importante en las cifras de indocumentados centroamericanos que han llegado a la frontera sur de Estados Unidos, sobre todo de menores sin compañía (UAC, en inglés) y de unidades familiares, compuestas usualmente por madres y uno o dos menores.

Según las estadísticas que la Patrulla Fronteriza publicó a finales de diciembre, la cifra de UAC y unidades familiares que llegaron a Texas y Arizona entre octubre y noviembre se duplicó respecto del mismo período de 2014.

Los lineamientos migratorios establecidos por la administración Obama, a través de su secretario de Seguridad Nacional, son también coherentes con las condicionantes que el Congreso ha puesto al desembolso de ayuda para el Triángulo Norte de Centroamérica, de donde proceden la mayoría de indocumentados.

En el proyecto de presupuesto que el Congreso aprobó antes de la Nochebuena pasada se establece como una de las condiciones para acceder a los fondos “colaborar con las agencias del Gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos de la región para facilitar el retorno, la repatriación y reintegración de los inmigrantes ilegales que lleguen a la frontera suroeste”.

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