Programa de refugio para menores salvadoreños afectado por nuevo decreto de Trump

El presidente Trump firmó un nuevo veto a refugiados y ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, para sustituir otra orden que quedó estancada por una corte.
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La orden ejecutiva que Donald Trump firmó el lunes pasado afecta al Programa de Permisos/Refugios para Menores Centroaméricanos (CAM, en inglés) por 120 días, en los que el Departamento de Estado no permitirá el ingreso de refugiados y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) no seguirá procesando casos, confirmó ayer a LA PRENSA GRÁFICA un oficial de la embajada de Estados Unidos en El Salvador.

Sin embargo, quienes ya tienen una fecha de viaje no se verán afectados.

“Todos los viajes de refugiados y todas las decisiones sobre solicitudes bajo la categoría de estado migratorio de refugiado se suspenden por 120 días”, afirmó el oficial de prensa.

El decreto “Protegiendo a la nación de la entrada de terroristas” dice que queda suspendida, a partir de la entrada en vigor de la orden (el 16 de marzo), la entrada de refugiados de cualquier parte del mundo.

La sección que afecta a CAM -que es para menores de El Salvador, Honduras, y Guatemala- es la 6, que habla de un reordenamiento al Programa de Admisión de Refugiados (USRAP). Con palabras más elaboradas este dictamen también impera que “el secretario de Estado debe suspender la entrada de refugiados (...) y el secretario de Seguridad Nacional debe suspender las decisiones sobre las aplicaciones para el estatus de refugiado por 120 días, luego de la fecha en la que la orden será efectiva”.

Después de este lapso, se podrían anunciar cambios al proceso para aplicar a CAM, que ya de por sí es un entramado que puede demorar hasta dos años.

Las directrices no aplican para quienes antes del 16 de marzo tengan ya una fecha de viaje. Tampoco afecta a quienes ya obtuvieron un permiso. Tampoco aplica para quienes ya ingresaron, o para los protegidos bajo la Convención contra la Tortura.

Seguirá vigente la revisión de “caso por caso”, que podría llevar a una exención. Trump se cuida de señalamientos por faltar a las convenciones mundiales en las que es firmante el país que dirige, argumentando que también habría excepciones si negar “la entrada al individuo causa dificultades excesivas”.

El republicano firmó el lunes otro decreto como alternativa para una primera orden que hizo pública el 27 de enero. Esa antigua resolución causó caos en aeropuertos porque dejaba demasiados puntos sin especificar y quedó estancada por una demanda.

La primera normativa dejaba margen de error y debía de ejecutarse “de inmediato” y las autoridades de Seguridad aceptaron que no estaban seguros de cómo debían implementarla. Ahora tendrán diez días para digerirla.

El tema que más ruido hace en la prensa –del viejo y el nuevo decreto– ha sido la suspensión de entrada por 90 días contra ciudadanos de Somalia, Irán, Siria, Sudán, Libia y Yemen. El nuevo decreto deja afuera a Irak. También clarifica que quienes tengan estatus de residencia legal estadounidense no tienen de qué preocuparse.

Trump da por excusa que “la entrada a Estados Unidos de extranjeros que podrían cometer, ayudar a, o apoyar actos de terrorismo sigue siendo un gran punto de preocupación”.

La sección 6 también habla de que “la entrada de más de 50,000 refugiados en el año fiscal 2017 será dañino”, por lo que se corta el techo de 110,000 que el expresidente Obama había solicitado. No está claro si esto reduce los 5,000 espacios para refugiados de Latinoamérica y el Caribe –donde entra Centroamérica–.

Reubicación

Además, los estados y jurisdicciones locales tendrán un rol más protagónico al momento de decidir sobre dónde serán ubicadas estas personas.

La orden también prevé que “si alguna disposición de esta orden se considera inválida, el resto de esta orden y la aplicación de sus otras disposiciones a otras personas o circunstancias no se verán afectadas por el mismo”.

Abogados en inmigración leen entre líneas que la orden “reescrita” es para cuidarse de bloqueos en cortes del país.

CAM es un beneficio instalado por el expresidente Barack Obama en 2014 para permitir el ingreso legal, seguro y ordenado de menores centroamericanos. Fue extendido en 2016 para incluir a otros familiares de estos jóvenes, que deben de ser menores de 21 años, solteros y originarios del Triángulo Norte.

El secretario de Estado, Rex Tillerson; el secretario de Seguridad, John Kelly; y el fiscal general, Jeff Sessions, presentaron las nuevas disposiciones ayer en Washington. Esta fue una diferencia del 27 de enero, cuando Trump firmó ante la prensa.

Ese primer decreto fue suspendido a nivel nacional el 3 de febrero por el juez federal James Robart, a raíz de una demanda de revisión. En un fin de semana ajetreado el Departamento de Justicia apeló en nombre de Trump. Ese recurso fue rechazado domingo.

El 9 de febrero la corte de apelaciones del noveno distrito rechazó otra apelación. El nuevo decreto no enfrenta demandas, todavía.
 

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