Seis estados se suman a demanda contra decreto de Trump

El Ejecutivo de Estados Unidos presentó el lunes su nuevo decreto revisado, que prohíbe la emisión de visas a seis países.
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Presión.  Centroamérica y Suramérica, países emisores de migrantes, también sirven de puente hacia EUA.

Presión. Centroamérica y Suramérica, países emisores de migrantes, también sirven de puente hacia EUA.

En contra. El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson , es uno de los litigantes.

En contra. El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson , es uno de los litigantes.

Seis estados se suman a demanda contra decreto de Trump

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Seis estados se suman a demanda contra decreto de Trump

Seis estados se suman a demanda contra decreto de Trump

Seis estados se suman a demanda contra decreto de Trump

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Al menos seis estados llevarán a los tribunales el segundo veto migratorio del presidente estadounidense, Donald Trump, pese a que fue concebido con la idea de evitar las trabas judiciales que frustraron el primer intento.

La orden ejecutiva revisada, presentada esta semana, suspende el programa de refugiados durante 120 días, así como la concesión de visados durante 90 días a seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán), con el objetivo de revisar los procesos de autorización de las entradas y evitar la llegada de terroristas.

La anterior orden, que a excepción de nuevas precisiones y de sacar a Irak de la lista de países, era muy parecida a esta última, fue inhabilitada por un tribunal federal de apelaciones tres semanas después de ser firmada por Trump.

Este nuevo decreto, que el Ejecutivo ha reconocido que está pensado “para evitar litigios”, ya cuenta con la oposición judicial de Hawái, Washington, Nueva York, Oregón, Minesota y Massachusetts.

El fiscal general de Hawái, Doug Chin, fue el primero en presentar su demanda legal contra los intentos de Trump de bloquear la entrada de refugiados y personas de países de mayoría musulmana, una medida que la Casa Blanca considera necesaria para prevenir ataques terroristas.

Chin dijo ayer que su demanda se centra en resaltar el daño que ese decreto tiene en la economía y turismo del estado, y en poner en evidencia la ilegalidad de un proceso que “discrimina por razón de nacionalidad”.

“Con la orden, como nosotros la vemos, el Ejecutivo se arroga el papel de diseñar una ley que le corresponde al Congreso, en la que se prohíbe, sin establecer estándares, la entrada al presuponer que ciertas personas son más inclinadas a ser terroristas”.

El representante del Ministerio Público de Hawái afirmó que, tanto residentes del estado con familiares en los países afectados como el turismo, pueden verse golpeados por la nueva ley.

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