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Senado: Gobierno EUA no protegió a menores migrantes de ser traficados

El subcomité permanente de investigaciones de la Cámara Alta del Congreso, en Washington, conoció ayer un reporte que pone en evidencia las fallas del sistema para proteger a niños indocumentados de terminar en manos de redes criminales de traficantes de personas.
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Apoyo. Rose Maldonado es una voluntaria que alimentaba a Miguel Padilla, de 14 meses, en la  iglesia católica Sagrado Corazón, McAllen, Texas.

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Protestas.  Muchos grupos de activistas en Estados Unidos se han unido para pedir a la administración Obama mejor trato a los migrantes y la reducción de redadas.

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Los niños, guatemaltecos todos, tenían que trabajar 12 horas diarias los siete días de la semana en una granja de huevos en Marion, Ohio, en el norte de Estados Unidos. Trabajaron así, en condiciones de explotación, durante al menos cuatro meses en 2014. Todo lo que ganaron iba directamente a los coyotes que los habían llevado hasta la granja.

Si alguien reclamaba, los coyotes respondían con “una combinación de humillaciones, amenazas y privaciones para crear un ambiente de miedo que obligara (a los niños) a cumplir”, según la investigación realizada por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado en los casos de estos menores centroamericanos, quienes entraron a Estados Unidos indocumentados y sin la compañía de un adulto.

En julio de 2015, tras recibir denuncias anónimas y luego de que agentes federales intervinieron la granja, el Departamento de Justicia abrió un caso criminal contra los coyotes. Y, a partir de entonces, debido en parte a la persistencia de Rob Portman, uno de los senadores por Ohio y presidente del subcomité, el caso de Marion destapó una serie de pesquisas, a escala nacional, en torno al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés), la agencia a cuyo cargo está la relocalización de menores que vienen a Estados Unidos en busca de refugio.

Además de confirmar los desmanes de la granja de Marion, los investigadores senatoriales determinaron, en el reporte final que el subcomité conoció ayer en una audiencia especial, que el gobierno federal y las deficiencias de HHS “exponen a los niños a un riesgo de ser abusados por los adultos a quienes son entregados, que han sido aprobados por el mismo gobierno”.

El subcomité detectó también otros 13 casos de menores centroamericanos indocumentados que han sido víctimas de tráfico y 15 más en los que hay “fuertes indicios”.

Falla sistémica

Al iniciar sus investigaciones, los funcionarios del senado querían determinar si el caso de Marion era producto de una serie “desafortunada” de “malos procedimientos” de HHS o más bien de una falla sistémica. La conclusión es bastante clara: “Las políticas y procedimientos de HHS son inadecuadas para proteger a los niños que están a su cargo”.

Durante la audiencia de ayer, el senador Portman hizo suya esa conclusión y abundó en ejemplos al respecto. “(Vimos casos) de extraños contratados por coyotes para que los niños salieran inmediatamente del cuido de HHS… que no garantizó la protección de estos niños”, dijo Portman.

Según las leyes estadounidenses aplicables en estos casos, cuando un menor sin documentos es detenido por la Patrulla Fronteriza este debe ser entregado al gobierno federal, el cual debe, a través de las agencias pertinentes, reubicarlo con “patrocinadores” mientras los juzgados migratorios completan los procedimientos para determinar si aplica la deportación o si se le puede otorgar asilo u otros beneficios en caso de que su vidas corran peligro de ser retornados a su país.

En general, los patrocinadores son familiares de los niños, pero también pueden ser personas “ajenas” siempre que los parientes lo aprueben.

Lo que falló en el caso de Ohio es que los menores fueron entregados a patrocinadores “ajenos” que no fueron supervisados adecuadamente y quienes, al final, resultaron ser miembros de una red criminal dedicada a la explotación de menores.

HHS y su Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, en inglés), las oficinas encargadas de estos niños, no cumplieron con los protocolos requeridos y, peor aún, en algunos casos no han elaborado protocolos adecuados para garantizar la seguridad de los menores (ver nota aparte).

En un momento de la audiencia, Portman confrontó a Marc Greenberg, funcionario de HHS, y Robert Carey, director de ORR, sobre las fallas de sus oficinas. “Estoy impactado por el hecho de que estos patrocinadores han sido aprobados… Estos hechos terribles están basados en una política oficial…”, dijo el senador a Greenberg.

Más adelante, Portman preguntó a Carey si estaba de acuerdo con una funcionaria de ORR que, al ser entrevistada por investigadores del senado, dijo que había seguido los procedimientos pertinentes y que no había protocolos alternativos a seguir. Carey trató de evadir la respuesta. “Está bajo juramento, vino aquí sin nada preparado, por lo menos responda la pregunta…”, presionó el senador. Carey no respondió.

La senadora Claire McCaskill, de Misuri, fue tajante con los funcionarios: “Si ustedes creen que no son responsables por lo que pasó, están equivocados, están completamente equivocados… La ley es clara sobre sus responsabilidades”.

“Independientemente de cuáles sean sus posiciones respecto a la frontera o a la migración de estos niños, una vez ellos están en los Estados Unidos, los Estados Unidos de América deberían ser un ejemplo para el mundo por la forma en que trata a estos niños”, dijo McCaskill.

Durante el año fiscal 2015 (que va del 1.º de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015), 39,838 menores indocumentados sin compañía ingresaron a Estados Unidos, la mayoría provenientes de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras). En el año fiscal 2014 ingresaron 68,445.

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