Sigue calvario de joven migrante centroamericana que quiere tener un aborto legal en EUA

Tribunal de apelaciones permite al gobierno posponer la atención médica a la muchacha, mientras el gobierno de Donald Trump sigue luchando para impedir que la joven centroamericana termine con su embarazo.

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Activistas muestran su apoyo a la joven migrante que busca interrumpir su embarazao. AP

Activistas muestran su apoyo a la joven migrante que busca interrumpir su embarazao. AP

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El tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia acordó que se puede retrasar el aborto de la menor centroamericana detenida en un refugio para migrantes en Texas y dio hasta el 31 de este mes para que el gobierno encuentra un “patrocinador” al cual liberar a la muchacha.

El gobierno de Donald Trump, en voz de los departamentos de justicia y salud, están intentando impedir que la joven de 17 años, arrestada tras cruzar la frontera con nueve semanas de embarazo, logre realizarse un aborto que ya había sido previamente aprobado por jueces estatales.

Al parecer, como el gobierno no ha logrado persuadir a los jueces consultados hasta el momento de que la joven no tiene el derecho constitucional a tomar la decisión, buscan retrasar en lo posible que esto ocurra.

J.D. tiene ahora 15 meses de embarazo, y abogados de la Unión de Libertades Civiles y de Jane´s Due Process, dos organizaciones que la han representado legalmente, aseguran que la nueva decisión significa un mayor riesgo para la salud de la joven.

“Cada día que se obliga a Jane a seguir embarazada es una eternidad”, dijo Susan Hays, directora legal de Jane´s Due Process, la organización que ayudó a Jane a obtener el permiso de un juez estatal para el prodecimiento legal hace ya varias semanas.

“El 31 de octubre, ella tendrá 16 semanas y cinco días de embarazo, cerca del momento en el cual ya no se puede tener un aborto legal en el Valle del Rio Grande, donde ella está en este momento”, apuntó Hays.

La muchacha, proveniente de Centroamérica, cruzó la frontera y fue arrestada por las autoridades fronterizas. Como es menor de edad, se la envió a un refugio para menores de los muchos con los que contrata el gobierno.

De inmediato, la joven dijo que quería realizarse un aborto y declaró que una hermana suya había sido muy maltratada por su familia en su país de origen al quedarse embarazada.

El estado de Texas exige que una menor obtenga la aprobación paterna o, en su defecto, una orden judicial, para poder realizarse el procedimiento, lo que JD logró hace ya varias semanas.

Pero el gobierno de Estados Unidos y el personal del refugio han impedido que se lleve a cabo el procedimiento y  están luchando en tribunales para retrasarlo o impedirlo.

“Los abortos son más seguros en los primeros estadios del embarazo”, dijo la doctora Anjani Kohali, médico y miembro de Doctores por la Salud Reproductiva. “Obligar a la muchacha a continuar con el mismo es no sólo negarle asistencia médica a la que tiene derecho, sino que tiene un efecto negativo en su estado mental”.

Cambio de política con Trump

El caso de J.D. no es el único que ha ocurrido desde que Scott Lloyd tomó posesión como nominado de Donald Trump a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) que tiene jurisdicción sobre los migrantes menores no acompañados.

“El niño nonato es un niño que depende de nosotros”, escribió Lloyd a sus subordinados en marzo al comunicarles una directiva interna en la que también advirtió que, de ahora en adelante, cualquier decisión respecto al embarazo de cualquier joven, depende de su oficina directamente.

En marzo, Lloyd dejó claro que ningún refugio bajo contrato con su agencia puede permitir que una menor tenga un aborto, aunque cumpla con todas las otras reglas de la ley estatal, como pedir permiso a un juez (o a sus padres).

El hecho de que la inmensa mayoría de estas jóvenes son violadas en el camino hacia el norte parece irrelevante para las nuevas autoridades.

Amnistía internacional calcula que 6 de cada 10 migrantes han sido violadas. Los que trabajan con estas jóvenes aseguran que el número es más elevado, hasta 8 de cada 10.

Pero “Jane” no es la primera joven que ha sufrido la interferencia de Mr. Lloyd y su nueva política afín con sus creencias católicas de vertiente ultraconservadora. (Lloyd trabajó como asesor de políticas de los Caballeros de Colón, una organización fraternal católica masculina y es conocido no solo por su oposición al aborto sino a los anticonceptivos)

En marzo, funcionarios de ORR trataron de impedir que una joven migrante bajo su jurisdicción,tomara una segunda dosis de una píldora abortiva que le había sido prescrita por un médico. Este proceso, que se utiliza para interrumpir un embarazo en sus primeros estadías, requiere la toma de dos píldoras, con un par de días de diferencia.

Los antecedentes de Lloyd como abogado católico, ultraconservador y activista que opina que los anticonceptivos deben estar prohibidos porque son parte de la “cultura del aborto”, explican en parte la nueva situación.

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