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Sin acuerdo a la vista sobre DACA a cuatro semanas del ultimátum de Trump

El límite es el próximo 5 de marzo.  
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Los jóvenes piden un Acta limpia.

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A cuatro semanas del plazo que el presidente Donald Trump dio al Congreso para aprobar una legislación que proteja a los amparados por la Acción Diferida (DACA) y a días de un nuevo posible cierre parcial del Gobierno, los legisladores siguen divididos y el panorama es desalentador para los "soñadores".

A pesar de los esfuerzos de los defensores de los jóvenes de evitar llegar a estas alturas sin una solución, los esfuerzos por atar una ley que los proteja al presupuesto de 2018 no han tenido los resultados esperados, a pesar incluso de que el gobierno estuvo cerrado en enero durante tres días al no llegar a un acuerdo.

"Este plazo del 5 de marzo no depende de los republicanos, ellos no quieren nada en la mesa de negociaciones a menos que los presionen", advirtió Octavio Pescador, investigador y profesor de la Universidad de California Los ngeles (UCLA).

En su opinión, todo "está en manos de los demócratas" y de la presión que exista para cumplir antes de que se llegue al 5 de marzo establecido por Trump en septiembre pasado al anunciar la decisión de cancelar este programa que ha protegido de la deportación a unos 800.000 jóvenes que llegaron al país siendo niños.

La misma administración ha puesto piedras en el camino, y Trump insiste en que cualquier legislación para ayudar a los "soñadores" debe incluir un refuerzo de la seguridad fronteriza, fondos para construir el muro con México, la cancelación del programa de lotería de visas y acabar con la reunificación familiar de inmigrantes.

La negativa demócrata y de los mismos jóvenes de perjudicar con su legalización a otros inmigrantes ha puesto todavía más presión a unos legisladores que se han ido quedando sin tiempo para evitar que llegue el 5 de marzo sin la ansiada solución que evite el posible arresto y deportación de "soñadores".

El arresto de Christian Gómez García al salir de una corte de tráfico en el condado de Cook, en Illinois, la semana pasada encendió las alarmas del posible caos que se avecina.

El mexicano, de 29 años, llegó a Estados Unidos cuando tenía 4 años y estuvo amparado por el beneficio. Sin embargo en el momento de su detención el beneficio había expirado, aunque fue liberado después de que los agentes asegurasen que todo se debió a un "error en la computadora".

Gregory Z. Chen, director de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), reiteró a Efe que cada día 122 jóvenes amparados pierden DACA, cifra que aumentará a cerca de un millar desde el 5 de marzo.

Aunque un tribunal federal ordenó a la administración aceptar nuevamente las renovaciones del beneficio, el proceso podría llevar meses y los jóvenes temen estar expuestos ante la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Ante el preocupante horizonte, toma cada vez más fuerza la posibilidad planteada por el senador republicano Lindsey Graham de otorgar una extensión temporal por un año para los "soñadores" a cambio de fondos para reforzar la seguridad fronteriza.

Del lado demócrata, el senador Dick Durbin dijo en entrevista con CNN que no espera ya un acuerdo que proteja a los jóvenes indocumentados antes de que este viernes se acaben los fondos para financiar al Gobierno.

Otro camino que se abre hoy es la propuesta del senador republicano John McCain y del demócrata Christopher Coons para legalizar a los "soñadores" dentro de un acuerdo presupuestario antes de que vuelva a estar en peligro el funcionamiento del Gobierno federal.

Sin embargo, la propuesta no contiene fondos inmediatos para el muro fronterizo con México, por lo que Trump ya descartó esa posibilidad.

Luis Alvarado, estratega republicano de California, dijo a Efe que es casi imposible que una legislación que favorezca a los "soñadores" pueda aprobarse junto al presupuesto.

"Esto va a ser una ley más pensada y que se aprobará sin estar atada a otra más grande", puntualizó.

Mientras tanto, los días pasan, más "soñadores" pierden su amparo y aumenta el temor de que el Congreso fracase una vez más en el intento de garantizarles un estatus legal permanente y se vean abocados a regresar a las "sombras" o verse detenidos y deportados. 

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