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Trump amplía categorías para deportar inmigrantes

Los padres presentes en EUA que migren a sus hijos con traficantes de personas también podrían enfrentar la deportación o una causa criminal.
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Acciones. El gobierno de Trump ha cambiado el enfoque en cuanto a los inmigrantes que son prioridad de deportación.

Acciones. El gobierno de Trump ha cambiado el enfoque en cuanto a los inmigrantes que son prioridad de deportación.

En peligro. A los padres que el gobierno descubra que han migrado a sus hijos con traficantes de personas se les podría abrir un proceso criminal, según los nuevos lineamientos.

En peligro. A los padres que el gobierno descubra que han migrado a sus hijos con traficantes de personas se les podría abrir un proceso criminal, según los nuevos lineamientos.

Trump amplía categorías para deportar inmigrantes

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Las nuevas reglamentaciones en inmigración del gobierno de Donald Trump se traducen en una ampliación sin precedentes de las personas que son prioridad para la deportación, un holgado poder de la policía migratoria para aplicar la ley según su prerrogativa, un control de solicitantes de asilo más cauteloso, y nuevas consideraciones para los menores no acompañados y sus familias, con posibilidad de deportación para sus padres.

“El personal del Departamento (de Seguridad Nacional) deberá ejecutar fielmente las leyes de inmigración de los Estados Unidos en contra de todos los extranjeros que son deportables”, impera la sección A de uno de los dos memorándums publicados ayer por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly. Ambos están disponibles en la web.

Por medio de uno de los textos, Kelly enumera la forma en la que la entidad que encabeza ejecutará la orden ejecutiva en inmigración firmada por Trump el 25 de enero pasado.

De ahora en adelante, los inmigrantes que son una prioridad para ser devueltos a sus países de origen son todos aquellos que hayan sido condenados por cualquier ofensa criminal, quienes tengan cargos por cualquier ofensa criminal que no ha sido resuelta, y quienes hayan cometido actos que constituyan una ofensa criminal.

También quienes hayan participado en fraude o falsa representación deliberada en conexión con cualquier situación oficial ante una agencia del Gobierno.

Kelly dicta que son deportables a quienes hayan abusado de cualquier programa público, y quienes tengan una orden final de remoción. De la misma forma, el memorándum detalla que en la calles será el oficial de migración el que tenga la potestad de decidir si un inmigrante representa un riesgo para la seguridad pública o nacional.

Además, según los textos oficiales, si un padre presente en Estados Unidos contrata a un traficante de personas –conocidos como coyotes–, para migrar a sus hijos desde su país de origen, será procesado por una acción criminal que podría llevarlo a la deportación.

La administración de Trump considera que los progenitores que hacen esto “conspiran para violar las leyes de inmigración” y deben de ser castigados por el sistema.

El general retirado al frente del DHS también tiene bajo su mando a Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), a la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés), y al Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés), órganos a los que va dirigido el detalle hecho público ayer, y en el que les instruye a aplicar las leyes de inmigración al pie de la letra.

Esto representa un cambio drástico de las prioridades que había establecido la administración del expresidente Barack Obama, que se enfocaba en los inmigrantes irregulares con historial criminal, y en los llegados luego de 2014.

El memorándum que será aplicable para implementar las políticas de Trump dice que se hará un esfuerzo con el Departamento de Justicia para desplegar a más jueces de inmigración, en cortes que actualmente están colapsadas.

De ahora en adelante, cuando una persona sea aprehendida en la frontera solo podrá seguir su proceso de asilo o de deportación en libertad, si obtiene una orden de un juez o si obtiene un estatus legal en Estados Unidos.

También tendrán libertad quienes se justifiquen con una emergencia médica.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, en inglés) determinó en un análisis que el lineamiento “llama a una expansión masiva de la detención (en centros), al pedirle al DHS que (mantenga en centros de detención) a casi todas las personas que haya aprehendido, incluyendo a los que no tengan una sentencia criminal hasta que sean deportados u obtengan un permiso”.

Trump también dictó en enero que las agencias respectivas deberían de contratar a 5,000 agentes fronterizos más, además de otros 10,000 agentes de Inmigración. AILA opina que actualmente no hay recursos para tal expansión.

Menores no acompañados

Las directrices también mandan a ICE, USCIS y a la CBP a que procesen “de manera adecuada a los menores no acompañados”, además de la “justa y oportuna adjudicación” de peticiones para un alivio migratorio” y “cuando sea apropiado, la repatriación segura” del menor.

Pero las especificaciones ahora van más allá: se revisarán los casos de menores que ya fueron catalogados como menores no acompañados, para corroborar que todavía llenen la “definición”.

También critica que el gobierno de Obama, al no revisar esto, permitía abusos a los “programas” de alivio.

Es decir, según el análisis de AILA, facilitado por correo electrónico, en el futuro la administración de Trump “negará a muchos niños protecciones vitales que son vigentes actualmente” bajo leyes federales. “El memorándum llama a restringir la interpretación de ‘menor no acompañado’, de preferencia para los menores que lleguen solos a la frontera y que no tengan a ningún padre o guardián en Estados Unidos”, dice AILA.

La organización dimensiona que es probable que los niños que “no llenen esa definición, y que no reclamen un asilo, estén sujetos a procesos de deportación”.

La entidad, que aglutina a más de 14,000 abogados de inmigración, reflexiona que el hecho de que Trump y su secretario de Seguridad Nacional llamen a hacer una reinterpretación del término “menor no acompañado” provocará que muchos niños terminen desamparados. “Más allá de esto, no tendrán la oportunidad para presentarse ante un juez de inmigración antes de que se les dé una orden de deportación”, exclama AILA.

Las nuevas medidas no implican ningún cambio en la leyes migratorias estadounidense, vigente desde 1996, pero sí conlleva un cambio significativo en la forma en que debe aplicarse.
 

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