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Expediente FESFUT pasa a la Físcalía

La FESFUT desobedece una resolución que le obliga a entregar copias de sus actas de comité directivo y de contratos de selección . El Instituto revocó la multa.

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Proceso. El expediente de la FESFUT por negar información va a etapa judicial.

Proceso. El expediente de la FESFUT por negar información va a etapa judicial.

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La Fiscalía General de la República (FGR) deberá investigar a partir de esta semana si los siete miembros del comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) han incurrido en el delito de desobediencia de particulares, al negarse a entregar información que ha sido declarada como pública por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) desde hace más de un año.

El IAIP libró oficio a la Fiscalía esta misma semana, acompañado de una copia certificada del expediente NUE 70-A-2018 en el que se deja constancia de un largo proceso en el que la FESFUT se ha negado, en reiteradas ocasiones, a brindar copias de las actas de su comité ejecutivo correspondientes a los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 y copias de los contratos de derechos televisivos y de comercialización de la selección nacional mayor con las empresas Media World e Imagina US, firmados también durante el mismo período de tiempo.

La información antes señalada fue solicitada por un periodista de LA PRENSA GRÁFICA en abril de 2018 y fue hasta agosto de ese mismo año cuando el IAIP determinó que esa información era pública y que la información debía ser brindada. La FESFUT desobedeció esa primera orden y el 11 de diciembre de 2018 los siete miembros de su actual comité directivo (Hugo Carrillo, presidente; Juan Pablo Herrera y Émerson Ávalos, vicepresidentes; Ernesto Allwood, Américo Rodríguez, Wálter Reyes y Mauricio Arias, directores) fueron multados cada uno con $9,125.10 por no cumplir con la resolución. En total, la Federación debía pagar $63,000.

Días después la FESFUT contrató una firma de abogados para apelar la multa y tras casi diez meses de deliberación el IAIP determinó, el 23 de diciembre de este año, que los federativos no pagarían la multa, pero que siguen en la obligación de entregar la información y por ello han recurrido al Ministerio Público.

En la nueva resolución del IAIP se deja planteado que "el actuar de los denunciados (los miembros del comité directivo de la FESFUT) constituye un bloqueo al derecho de acceso a la información del ciudadano denunciante y consecuentemente, atendiendo a la dimensión comunitaria de este derecho, también conlleva a una afectación de la colectividad".


 

En el mismo escrito los comisionados del IAIP sostienen que las acciones del comité ejecutivo de la FESFUT podrían englobarse en el delito de desobediencia de particulares, que según el artículo 338 del Código Penal es cuando "el que desobedeciere una orden dictada conforme a ley y emanada de un funcionario o autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de cincuenta a cien días".

Los comisionados del IAIP también ordenan a la Unidad de Cumplimiento de la institución que inicie un procedimiento de "ejecución forzosa" de la resolución NUE 70-A-2018, que establece que "se ha violado sistemáticamente no solo el derecho de acceso a la información del demandante, sino el de toda la población salvadoreña, que tiene derecho legítimo de conocer sobre las condiciones de transmisión televisiva y comercialización que involucren a la selección mayor de fútbol, ya que ésta representa al país en competencias de carácter internacional, ya sea oficial o por invitación dentro o fuera del territorio nacional, por lo que es de interés social por ende, de gran importancia indagar los términos en que se negocian aspectos relevantes de los seleccionados nacionales que representan el nombre de nuestro país".

La resolución más reciente del IAIP relacionada a la FESFUT también contiene una revocatoria de la multa económica de $63,000 que le habían impuesto a los federativos en diciembre del año pasado. Los comisionados aseguran que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) no les permite sancionar a personas privadas.

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