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"Hay un símil con la trata de personas”

Rafael Quintero, cónsul colombiano en El Salvador, aseguró que enviarán toda la información a su país para determinar delitos.
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"Hay un símil con la trata de personas”

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La embajada de Colombia en El Salvador reaccionó ayer tras conocer por completo la investigación en la que Grupo Dutriz revela cómo un grupo de jugadores colombianos ha sido engañado, pagando fuertes sumas de dinero con la promesa de jugar al fútbol profesional en nuestro país, algo que finalmente no sucede. El cónsul Rafael Quintero habló de tomar cartas en el asunto y someter el tema a las autoridades pertinentes en Colombia.


¿Cuál es su posición, como representación de Colombia en El Salvador, ante esta problemática revelada en nuestra investigación?

Primero queremos agradecerles a ustedes, como grupo editorial, por preocuparse por esta problemática que tiene que ver con nuestros compatriotas. Esta es una situación que nosotros conocemos de manera muy accidental y la conocemos porque algunas veces los mismos muchachos, los futbolistas, cuando ya están en una situación bien desesperada, vienen acá, a pedir colaboración.
Uno a veces no conoce más porque los muchachos a veces tienen temor de denunciar. Nosotros siempre les decimos que nos den nombres y apellidos, porque esa es la única manera en que nosotros podemos actuar. Por eso es muy importante el reportaje que ustedes hacen, porque se mencionan nombres y apellidos de personas tanto en El Salvador como en Colombia, y eso nos permite hacer las averiguaciones correspondientes. Tengan la seguridad de que los reportes que enviaremos a Colombia darán pie a que se tomen acciones. Estamos preocupados por el lado humano de esta situación, pero también pensamos en que existen ilegalidades. Si una persona le dice a otra que lo traerá a este país, aunque no existe un contrato en papel, pero si no le cumple ahí hay algo que anda mal. Hay una línea muy delgada entre esto (la investigación) y el tema de la trata de personas. La trata es un delito fuertemente penado a nivel internacional y consiste en lucrarse o beneficiarse del trabajo de otra persona de una manera ilegal.

¿Usted considera que estos futbolistas están expuestos a un delito como la trata de personas?

Yo no quisiera entrar a calificar porque no me corresponde y debo ser cuidadoso en eso, pero sí puedo advertir que en este caso hay una línea que es muy delgada y que se pueden confundir intereses económicos, comerciales, de representación deportiva, con un tema de delincuencia que se llama trata de personas. En otros países se da el hecho de que personas llevan a mujeres a otros países para que ejerzan la prostitución, sin ninguna mentira de por medio. Las mujeres saben a lo que van, pero eso no le quita el carácter de delito. Si la persona que las traslada busca un beneficio para él está cometiendo trata. Haciendo un símil en este caso puede ocurrir lo mismo. Si se traen las personas con el objeto de lucrarse, no se puede negar que hay una ilegalidad.
Las personas que traen a estos jugadores deberían saber que para ejercer una actividad profesional en otro país, como en El Salvador, deben obtener primero un visado, porque jugar y recibir una remuneración es un trabajo. Si esas personas no hacen las gestiones respectivas, si solo traen a un jugador para pedirle dinero, sin duda están cometiendo algo ilegal. A través de su investigación uno se da cuenta de que esto no es una casualidad, no traen uno o dos jugadores, sino que es metódico, que tienen montada una infraestructura o red tanto acá como en Colombia.

Pedimos información a Migración y las estadísticas oficiales arrojan que hay pocos jugadores profesionales  en el país con un permiso, ¿ustedes manejan sus propias estadísticas?

Lo que sucede es que con la supresión de visados entre Colombia y El Salvador se ha facilitado mucho el movimiento de las personas, en ambos sentidos. Un colombiano que viene a El Salvador no tiene las obligación de reportarse ante este consulado. Un colombiano puede estar acá hasta por 90 días a través de una “visita social”, o “visa social”, que es cuando vienen a visitar a un familiar o hacer turismo, toda actividad que no sea remunerada. Ya si es una actividad remunerada se considera trabajo y para eso ya se requiere una visa de trabajo, y esa no está exenta.
De eso se aprovechan algunos. Traen jugadores y los presentan como mercancía y pueden cometer otras actividades que también podrían considerarse delictivas, como el soborno a entrenadores o directivos. Sería saludable que tanto las autoridades de El Salvador y Colombia, tanto de migración como las deportivas, tuvieran control de eso.

¿Qué tan común es para ustedes que esta situación se dé también en otros países? 

En Colombia hemos sido víctimas de nuestro propio éxito. Durante los últimos años el fútbol colombiano se ha hecho más famoso en el mundo y crece el interés por nuestros jugadores. Vale decir que en Colombia, por ser un país más grande y tan diverso, existe una infraestructura mucho más grande que la de El Salvador, hay escuelas de fútbol, ligas, campeonatos regionales y un semillero de jugadores muy grande. Lastimosamente las malas personas que solo piensan en lucrarse ven en eso una oportunidad. Solo piensan en llevarse a los muchachos. Ya se han dado casos similares en Argentina, en Chile y en otros países de Centroamérica.
Nosotros pensamos que lo más importante es hacer una campaña de concientización, para avisarle tanto a los jugadores como a sus familias que no se dejen engañar. Además, que las autoridades en cada país sean más cuidadosas. Incluso en su reportaje se ve la manera grosera y vulgar, despectiva, como este señor, supuesto técnico argentino (Carlos Sánchez) se refiere a los muchachos colombianos. Eso muestra a uno de qué clase de personas estamos hablando; y si esas personas tienen años haciendo esto, pues la autoridad debería poner los ojos sobre estas personas.

¿Qué medidas inmediatas tomarán en este tema? Nuestro reportaje ya menciona a dos ciudadanos colombianos, Carlos Achury y Javier Ayola, que están envueltos en esta historia.

Las funciones de las embajadas son bastante específicas y lo que hacemos es recoger la información, que ahora es pública a través de su reportaje, y transmitirla al Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia. Cuando se tiene el indicio de que se ha cometido un delito es una obligación de todos los funcionarios públicos hacerlo del conocimiento de la autoridad correspondiente. Ya una vez que se determine que hubo un delito, pues hay otras instancias que determinan el camino a seguir, como la Fiscalía de Colombia, que mirará si hay ciudadanos colombianos envueltos en esto y si es necesario iniciar una investigación.
Aún si hay personas extranjeras, que no sean colombianas, pero están cometiendo una ilegalidad contra ciudadanos colombianos, tenemos también la posibilidad de investigarlos.

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