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IAIP envía expediente de FESFUT a la Fiscalía por negar información pública

La FESFUT desobedece una resolución que le obliga a entregar copias de sus actas de comité directivo y de contratos de selección nacional. Sin embargo, el Instituto revocó la multa impuesta a siete federativos.
 

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La Fiscalía General de la República (FGR) deberá investigar a partir de esta semana si los siete miembros del comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) han incurrido en el delito de desobediencia de particulares, al negarse a entregar información que ha sido declarada como pública por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) desde hace más de un año.

El IAIP libró oficio a la Fiscalía esta misma semana, acompañado de una copia certificada del expediente NUE 70-A-2018 en el que se deja constancia de un largo proceso en el que la FESFUT se ha negado, en reiteradas ocasiones, a brindar copias de las actas de su comité ejecutivo correspondientes a los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 y copias de los contratos de derechos televisivos y de comercialización de la selección nacional mayor con las empresas Media World e Imagina US, firmados también durante el mismo período de tiempo.

La información antes señalada fue solicitada por un periodista de LA PRENSA GRÁFICA en abril de 2018 y fue hasta agosto de ese mismo año cuando el IAIP determinó que esa información era pública y que la información debía ser brindada. La FESFUT desobedeció esa primera orden y el 11 de diciembre de 2018 los siete miembros de su actual comité directivo (Hugo Carrillo, presidente; Juan Pablo Herrera y Émerson Ávalos, vicepresidentes; Ernesto Allwood, Américo Rodríguez, Wálter Reyes y Mauricio Arias, directores) fueron multados cada uno con $9,125.10 por no cumplir con la resolución. En total, la Federación debía pagar $63,000.

Días después la FESFUT contrató una firma de abogados para apelar la multa y tras casi diez meses de deliberación el IAIP determinó, el 23 de diciembre de este año, que los federativos no pagarían la multa, pero que siguen en la obligación de entregar la información y por ello han recurrido al Ministerio Público.

PROCESO LEGAL
En la nueva resolución del IAIP se deja planteado que "el actuar de los denunciados (los miembros del comité directivo de la FESFUT) constituye un bloqueo al derecho de acceso a la información del ciudadano denunciante y consecuentemente, atendiendo a la dimensión comunitaria de este derecho, también conlleva a una afectación de la colectividad".

En el mismo escrito los comisionados del IAIP sostienen que las acciones del comité ejecutivo de la FESFUT podrían englobarse en el delito de desobediencia de particulares, que según el artículo 338 del Código Penal es cuando "el que desobedeciere una orden dictada conforme a ley y emanada de un funcionario o autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de cincuenta a cien días".

Los comisionados del IAIP también ordenan a la Unidad de Cumplimiento de la institución que inicie un procedimiento de "ejecución forzosa" de la resolución NUE 70-A-2018, que establece que "se ha violado sistemáticamente no solo el derecho de acceso a la información del demandante, sino el de toda la población salvadoreña, que tiene derecho legítimo de conocer sobre las condiciones de transmisión televisiva y comercialización que involucren a la selección mayor de fútbol, ya que esta representa al país en competencias de carácter internacional, ya sea oficial o por invitación dentro o fuera del territorio nacional, por lo que es de interés social por ende, de gran importancia indagar los términos en que se negocian aspectos relevantes de los seleccionados nacionales que representan el nombre de nuestro país".

La FESFUT es la segunda federación deportiva salvadoreña con un expediente abierto en la Fiscalía General de la República. En mayo de 2018 el IAIP también envió un oficio debido a la negativa de la Federación Salvadoreña de Taekwondo de entregar copias de sus actas de junta directiva y asamblea general. Sin embargo, la FGR no ha dado muestras de avance en este caso.

QUITARON LA MULTA
La resolución más reciente del IAIP relacionada a la FESFUT también contiene una revocatoria de la multa económica de $63,000 que le habían impuesto a los federativos en diciembre del año pasado. Los comisionados aseguran que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) no les permite sancionar a personas privadas, pese a que estos generen información pública.

"El actuar cometido por los denunciados, pese a ser claramente antijurídico, no reúne en su totalidad los elementos típicos establecidos en la LAIP para el cometimiento de la infracción aludida (negativa a entregar la información), pues el artículo 77 exige como elemento subjetivo del tipo administrativo que en el sujeto activo concurra la calidad de funcionario público", reza la resolución.

LA PRENSA GRÁFICA consultó a dos ex comisionados del IAIP sobre dicha argumentación y creen que hay un claro retroceso en la aplicación de la Ley y también una notoria necesidad de reformar la legislación para que este tipo de faltas no queden impunes.

"El Instituto (IAIP) no debería hacer interpretaciones restrictivas de la Ley, porque eso es un claro retroceso, es como legislar en contra y no a favor. Ahora las instituciones pueden pensar que no están obligadas a cumplir con las sentencias ni a pagar las multas y eso lo que hace es fomentar la impunidad", analizó la ex comisionada Herminia Funes.

Funes manifestó que la multa contra la FESFUT era válida porque es una institución que reiteradamente intenta no cumplir la Ley y porque hay vasta jurisprudencia que determina que mucha de la información que manejan es pública. También considera que llevar el caso ante la FGR en realidad es una táctica para ganar tiempo y seguir negando la documentación al interesado.

El también ex comisionado Jaime Campos dijo que con la revocatoria de la multa queda en evidencia que la Ley de Acceso a la Información Pública amerita una revisión.

"Con dicha resolución se admite, entonces, que existen personas privadas (naturales o jurídicas) obligadas al cumplimiento de la LAIP, pero que si ellas se negaren a la entrega de información pública, aun cuando esto constituye una infracción a la Ley, no pueden ser sujetas de una sanción administrativa por el órgano garante. Esto deberá ser objeto de una profunda reflexión o reforma, máxime cuando a nivel regional se está proponiendo una ley modelo de acceso a la información pública 2.0, que busca ampliar el número de sujetos obligados del sector privado", opinó Campos.

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