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Instituto de Acceso a la Información Pública pide a juez obligar a FESFUT a dar información

El Instituto de Acceso a la Información Pública solicitó ayer a a los juzgados de lo Civil y Mercantil que fuerce a la FESFUT a entregar actas de su comité ejecutivo y algunos contratos de derechos a un ciudadano.
 

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La desobediencia del comité ejecutivo de la FESFUT ante una resolución que lo obliga a brindar información al público podría concluir con una orden judicial obligándolo. La posibilidad quedó abierta este viernes 31 de enero luego que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) interpusiera una solicitud de ejecución forzosa en los juzgados de lo Civil y Mercantil.

Según Kelly Rodríguez, jefa de la Unidad de Cumplimiento del IAIP, "el juzgado recibirá nuestra solicitud en razón de la competencia especial que le otorga la Ley de Procedimientos Administrativos, y lo que corresponde ahora es que nos indique cuáles serán las acciones a seguir para que el comité de la FESFUT cumpla".
Es la primera vez que un proceso de solicitud de información concluye en un juzgado de esta naturaleza, reconoció Rodríguez. El juez tiene un plazo de cinco días hábiles para pronunciarse.

La información en cuestión son copias de las actas de las sesiones de comité ejecutivo correspondientes a los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 y copias de los contratos de derechos televisivos y de comercialización de la selección nacional mayor con las empresas Media World e Imagina US, firmados también durante el mismo período de tiempo, solicitadas por el periodista David Bernal en abril de 2018.  

En  agosto de ese mismo año, el IAIP determinó que esa información era pública y que la información debía ser brindada. La FESFUT desobedeció esa primera orden y el 11 de diciembre de 2018 los siete miembros de su actual comité directivo (Hugo Carrillo, presidente; Juan Pablo Herrera y Émerson Ávalos, vicepresidentes; Ernesto Allwood, Américo Rodríguez, Wálter Reyes y Mauricio Arias, directores) fueron multados cada uno con $9,125.10 por no cumplir con la resolución. En total, la Federación debía pagar $63,000, mismos que les fueron conmutados en diciembre de 2019, al final de un proceso de apelación.

Pero al final de ese mismo proceso, el 23 de diciembre de 2019, el IAIP libró oficio a la Fiscalía General de la República acompañado de una copia certificada del expediente NUE 70-A-2018 en el que se deja constancia del proceso, se dejó planteado que "el actuar de los denunciados (los miembros del comité directivo de la FESFUT) constituye un bloqueo al derecho de acceso a la información del ciudadano denunciante y consecuentemente, atendiendo a la dimensión comunitaria de este derecho, también conlleva a una afectación de la colectividad".

En el mismo escrito los comisionados del IAIP sostienen que las acciones del comité ejecutivo de la FESFUT podrían englobarse en el delito de desobediencia de particulares, que según el artículo 338 del Código Penal es cuando "el que desobedeciere una orden dictada conforme a ley y emanada de un funcionario o autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de cincuenta a cien días".

Los comisionados del IAIP también ordenan a la Unidad de Cumplimiento de la institución que iniciara el procedimiento de "ejecución forzosa" de la resolución NUE 70-A-2018, estableciendo que "se ha violado sistemáticamente no sólo el derecho de acceso a la información del demandante, sino el de toda la población salvadoreña, que tiene derecho legítimo de conocer sobre las condiciones de transmisión televisiva y comercialización que involucren a la selección mayor de fútbol, ya que esta representa al país en competencias de carácter internacional, ya sea oficial o por invitación dentro o fuera del territorio nacional, por lo que es de interés social por ende, de gran importancia indagar los términos en que se negocian aspectos relevantes de los seleccionados nacionales que representan el nombre de nuestro país".

La FESFUT es la segunda federación deportiva salvadoreña con un expediente abierto en la Fiscalía General de la República. En mayo de 2018 el IAIP también envió un oficio debido a la negativa de la Federación Salvadoreña de Taekwondo de entregar copias de sus actas de junta directiva y asamblea general. 

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