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SEGURINTER violentó la LACAP al ganar contrato en la PGR

La empresa de César Iván Rivas Guevara ganó un contrato en una institución gubernamental donde trabaja su esposa.
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Seguridad Internacional, S. A. de C. V. (SEGURINTER) no solo habría atentado contra la ley ganando licitaciones en el INDES, también cometió una falta a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) al ganar un contrato en la Procuraduría General de la República (PGR), donde trabaja la esposa del dueño de esta sociedad, Juana Graciela Parada Doñán de Rivas, quien a la misma vez es su socia y también representante legal de la empresa SEGUSAL.

El artículo 26, literal b, de la LACAP sostiene que “los funcionarios y empleados públicos y municipales, en su misma institución”, están impedidos para ofertar en una licitación pública, y el literal c sostiene que “el cónyuge o conviviente y las personas que tuvieren vínculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad con los funcionarios públicos y empleados públicos mencionados en el literal anterior” también lo están.

Pero eso no impidió que en 2013 Rivas Guevara cobrara $201,160.60 por brindar seguridad a la PGR, desde abril a diciembre; en 2014 volvió a ganar la licitación y ganó $264,000.

Su esposa, Juana Graciela Parada Doñán de Rivas, es empleada de la PGR en la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador.

La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) de la procuraduría se desmarcó del proceso de licitación que ganó SEGURINTER, pues nunca se percató de la relación entre Parada Doñán y Rivas Guevara.

“Trabajamos con documentación legal que presentan las empresas que participan en las licitaciones, incluyendo una declaración jurada donde ellos se comprometen a que no violentan la ley. Nosotros no somos investigadores, no podemos indagar si ellos en verdad tienen o no familia acá”, declaró Ana Ruth de Manzano, jefa de la UACI de la PGR.

LA PRENSA GRÁFICA intentó entrevistar a la señora Juana Graciela Parada Doñán entre finales de abril e inicios de mayo, con peticiones a través del Departamento de Prensa de la PGR y citas directas, pero siempre se negó a dar declaraciones argumentando que el tema era “personal”.

Acusaciones

César Iván Rivas Guevara ha estado ligado a las empresas de seguridad GRUSEIN, SEGURSA, SEGURINTER y SEGUSAL, y todas ellas coinciden en haber sufrido multas por violentar los derechos de sus trabajadores en más de una ocasión, como el no pago de horas extras, vacaciones o despidos injustificados.

Desde 2011 hasta lo que va de 2015 la Unidad de la Defensa de los Derechos del Trabajador de la PGR, donde trabaja la señora Parada Doñán, ha recibido 30 demandas contra SEGURINTER y 15 contra SEGUSAL.

Wálter Recinos, del Sindicato de Agentes Trabajadores de la Industria de Seguridad Privada de El Salvador (SATISPES), y José Alfaro, del Sindicato de Trabajadores de Empresas de Seguridad Privada (SITESEPRI), denuncian que Parada Doñán, esposa de Rivas Guevara, se vale de su puesto en la dependencia gubernamental para interceder en algunas de esas demandas con el fin de que no prosperen, pero Vanegas aseguró que Parada Doñán no ha llevado ninguno de los 45 casos antes señalados.

“Yo considero que eso no es posible. Ella (Parada Doñán) no ha tenido asignado ningún caso directo con estas empresas y cada defensor es responsable solo de sus casos, no pueden interferir en otros, de acuerdo con el celo profesional y la ética”, aseguró Vanegas en representación de la unidad que él dirige.

Aun así, los sindicalistas insisten en que al trabajar la señora Parada Doñán en dicha unidad de la PGR, puede tener acceso a información privilegiada e incidir de una u otra forma en sus demandas. “Lo que hacen es crear un círculo de corrupción alrededor de estas empresas y beneficiarse de la posición que tiene la señora (Parada Doñán)”, manifestó Alfaro.

Los sindicalistas también acusan a Rivas Guevara de colocar a familiares suyos o de su esposa y a empleados como prestanombres para que aparezcan en la documentación legal de sus empresas, método por el cual logró evadir el año pasado una acusación por apropiarse de $136,000 que descontó a los empleados de GRUSEIN en concepto de cuotas de ISSS y AFP pero que nunca pagó.

La Fiscalía General de la República (FGR), empresa a la cual también brinda seguridad, giró una orden de arresto en contra de él y de su socio, Óscar Medardo Gómez Lara, pero finalmente quedaron en libertad al no poder ligarlo como representante legal de la empresa en esos momentos.

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