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$1,000 millones en pérdidas por caída fiscal en El Salvador

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) estima que El Salvador es el país de la región que resultará más afectado por la caída en la recaudación fiscal para el 2020.

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Evasión. El Ministerio de Hacienda y Superintendencia del Sistema Financiero, impulsarán un plan de inteligencia fiscal y financiera para evitar la evasión.

Evasión. El Ministerio de Hacienda y Superintendencia del Sistema Financiero, impulsarán un plan de inteligencia fiscal y financiera para evitar la evasión.

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El Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirmó ayer que a finales de año se prevé una caída de cerca de $1,000 millones en la recaudación fiscal, como consecuencia de la pandemia del covid-19, pero advierte que siguen trabajando por mejorar los ingresos.

El Salvador ha sufrido "un golpe muy fuerte en nuestra economía con una pérdida de $647 millones (a la fecha) y estamos proyectando una pérdida de $920 millones al cierre de este año fiscal", afirmó el ministro de Hacienda.

Un estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), coincide con el dato de Hacienda, pero advierte que El Salvador, será el país más afectado de la región en materia de recaudación fiscal.

Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), confirmó que El Salvador, será el país de la región que tendrá la mayor caída de recaudación fiscal y tendrá un impacto a muy corto plazo.

Castaneda señala que El Salvador podría tener una pérdida del 10 % del Producto Interno Bruto (PIB) como efecto de la crisis económica generada por la pandemia.

Para explicar la crisis económica del país, el Ministro detalló que en el Presupuesto General de la Nación, hay tres fuentes de financiamientos más duras, la primera es la cooperación; la segunda, los préstamos y la tercera, ingresos propios, considerada la más importante.

Pero debido a la situación del país por causa de la pandemia, en la que los ingresos propios han caído en $647 millones, "yo tengo que salir a buscar prestamos, no tengo otra opción" advierte el funcionario.

Agregó que es una situación generalizada a nivel mundial y casi todos los países han optado por paquetes de rescate para su economía o para ir atender la pandemia.

Y para evitar que el país siga en pérdidas, el ministro de Hacienda advirtió que se continuará profundizando el plan antievasión fiscal que arrancó en octubre pasado y que a junio de este año, permitió el ingreso de $30 millones.

El flujo de evasión fiscal en el país es de entre $1,800 millones a $2,000 millones anuales de acuerdo a cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del mismo Banco Central de Reserva (BCR).

Y por ello "vamos a cerrar esos hoyos fiscales para obtener más ingresos y así no tener que estar con ese comportamiento de endeudamiento", advirtió el titular de Hacienda.

Además se firmó un convenio de cooperación para intercambio de "información de inteligencia fiscal y financiera" con la Superintendencia del Sistema Financiero, para que ayude tener una recuperación más rápida de los fondos que están siendo evadidos.

Efectos negativos

Los efectos de la caída en la recaudación no se van a mejorar el próximo año, ya que la crisis continuará durante el 2021 y por eso para el Presupuesto General de la Nación que ya se está elaborando se deben tomar encuentra esas consideraciones, afirma el economista Ricardo Castaneda.

Es fundamental establecer en el presupuesto recursos que permitan minimizar la crisis económica, recursos que permitan que las personas no caigan en pobreza y padezcan de hambre y considerar que los niveles de deuda de El Salvador son sumamente altos, detalla Castaneda del ICEFI.

"Ante la caída de la recaudación de impuestos se deben de poner en marcha planes de evasión fiscal y discutir cómo se pueden hacer llegar más recursos al fisco", agregó.

El ICEFI ha recomendado un impuesto extraordinario de solidaridad que implicaría establecer un tramo más al impuesto sobre la Renta para personas que tengan salarios e ingresos arriba de $5,000 mensuales o empresas con ganancias arriba de $2,000,000 millones.

Castaneda considera que son personas que no han resultado afectadas como la mayoría de la población.

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