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$4,000 millones le cuesta a El Salvador el problema de la violencia: empresa privada

Las gremiales de la empresa privada pidieron al GOES que “se sincere” y reconozca la dimensión de la problemática de la violencia en El Salvador.
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La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ofreció este día una conferencia de prensa en la que pidió al Gobierno de El Salvador admitir los problemas fiscales, económicos y de seguridad que golpean al país, invitándolos a “ser sinceros” y admitir las dimensiones de dichas problemáticas.

Según Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), la violencia y todos sus efectos tienen un costo de $4,000 millones para el país, según datos obtenidos del Banco Central de Reserva (BCR), lo que supone un fuerte golpe a la economía salvadoreña, que también se ve afectada por otros problemas sociales.
 
De igual forma, Steiner aseguró que solo un 13 % de la contribución especial para la seguridad ciudadana se usa para la persecución y control del delito.

Por su parte, Víctor Rodríguez, miembro de la Sociedad de Comerciantes, dijo que las pandillas intimidan a pequeños comerciantes al decirles que se han infiltrado al interior de la Policía Nacional Civil (PNC).

Investigación sobre corrupción
Durante la conferencia, Luis Cardenal, presidente de la ANEP, expresó que otro gran problema en El Salvador es la “protección” que se le da a funcionarios vinculados a acciones ilegales. “Vemos la realidad que se esconde tras fueros, títulos y cargos que se crean para proteger a funcionarios”, señaló.

“(José Luis) Merino está siendo cuestionado de forma grave, amerita una respuesta oficial de su parte y de parte del Gobierno”, agregó Cardenal, en referencia a las acusaciones por parte de varios congresistas en Estados Unidos, que han solicitado se abra investigación en contra de José Luis Merino, actual viceministro para la Inversión y Financiamiento para el Desarrollo.

Una reportaje publicado hoy por la revista Séptimo Sentido, de La Prensa Gráfica, detalla cómo se pudo certificar una compleja operación inmobiliaria realizada en El Salvador, en la que hay indicios de lavado de activos por parte de una red de prestanombres de Merino.
 

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