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AMP incumple la resolución de la Sala de lo Constitucional

El consejo de la autónoma aprobó un acuerdo en octubre para quitarle atribuciones al director ejecutivo de la entidad y pasarlas al presidente y a un asesor, según fuentes consultadas, cuando la sala había ordenado que este continuara desempeñando todas sus funciones.
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El consejo directivo de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) aprobó en octubre de 2015 una resolución, por medio de la cual traspasó atribuciones del director ejecutivo de la institución a su presidente y a un asesor, un acto que según juristas consultados por LA PRENSA GRÁFICA representaría un incumplimiento flagrante de una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La AMP es la institución encargada de regular a los sectores marítimo y portuario en el país. El 23 de octubre de 2015, su consejo directivo celebró una sesión en la que acordó que “para no poner en riesgo la operatividad institucional y la continuidad en la gestión que ya se había iniciado con la nueva administración” era conveniente que el presidente de la AMP, René Hernández Osegueda, “firme con autorización de este consejo directivo o delegue temporalmente en el asesor del consejo directivo” todo lo relativo al manejo del fondo circulante y la administración de la institución. Dicho acuerdo se tomó por unanimidad, según una copia de la resolución 185/2015 a la que tuvo acceso este periódico. El acuerdo abarcó los meses en los que Juan José Giammattei retornó a la institución, hasta la finalización de su contrato el 26 de enero de 2016. Una semana antes, el consejo directivo acordó restituir a Giammattei como director ejecutivo de la AMP.

Giammattei fue removido de su cargo el 11 de junio de 2014. En febrero de 2015, la Sala de lo Constitucional ordenó al consejo de la AMP restituir a Giammattei y permitirle seguir desempeñando el cargo “con todas las funciones que le han sido conferidas; lo anterior con el objeto de evitar la alteración del estado de hecho de la situación controvertida”, según la medida cautelar decretada.

El puesto de Giammattei fue ocupado por Mario Miranda Alfaro, quien al momento del despido del director ejecutivo era miembro del consejo directivo en representación del Ministerio de Obras Públicas (MOP), y al mismo tiempo asesor de la fracción legislativa del FMLN. El 14 de octubre de 2015, el consejo directivo creó el puesto de asesor del consejo directivo para Miranda con un salario inicial de $5,000 “para evitar la vulneración de sus derechos laborales” y citando una resolución de la sala en la que ordena nombrarlo en un puesto similar, según copia de la resolución 174/2015.

El consejo de la AMP lo forman Hernández Osegueda, como presidente; Jeny Alvarado de Arias, directora por el MOP; Carlos Burgos y Marco Orellana, por el sector no gubernamental; y Roberto Castellón Murcia, por las facultades de ingeniería, con sus respectivos suplentes. Sobre este caso, Roberto Burgos, coordinador de ALAC-FUNDE, recordó que uno de los principios del derecho administrativo, que se aplica en la función pública y también a la AMP, es que “las funciones son indelegables”, además que, según principio de legalidad que desarrolla el artículo 86 de la Constitución, “nuestros funcionarios no tienen más atribuciones que aquellas que específicamente les da la ley”.

“Al privársele de las atribuciones que están en la ley, y para lo cual no está autorizado el consejo directivo, burla la voluntad de la Sala de lo Constitucional; y además ejecuta un acto administrativo para el cual no está autorizado. Habría que estudiar a fondo esta situación porque a simple vista pareciera que estamos ante un caso de actos arbitrarios que ya la legislación penal la considera un delito”, comentó Burgos.

El abogado explicó que aunque se trate de una medida cautelar, la sala determinó que el “acto a través del cual se le separó de su cargo atenta contra los derechos constitucionales, como el debido proceso, la garantía de audiencia, la estabilidad en el cargo y otros”, y reiteró que “no puede privársele a una persona de sus atribuciones que están contempladas en la ley, mucho menos cuando ha sido por una orden de la Sala de lo Constitucional referido su reingreso al puesto aunque no haya un pronunciamiento definitivo”.

La resolución de la sala, según otra opinión jurídica solicitada por este medio, “tiene como efecto que mientras dure la tramitación del proceso de amparo, y mientras el demandante se encuentre dentro del período para el cual fue nombrado el consejo deberá permitir que Juan José Giammattei siga desempeñando el citado cargo con todas las funciones que le han sido conferidas”.

“La decisión del consejo directivo podría calificarse como un incumplimiento a lo ordenado por la Sala de lo Constitucional; y, por ende, se convierte en un acto administrativo que supera la esfera de fiscalización meramente administrativa, llegando al ámbito de investigación de carácter penal por el delito que podría calificarse como desobediencia, art. 322 del Código Penal”, concluye el análisis.

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