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ANEP explica suspensión de diálogo por salario mínimo

La empresa privada dice que el Gobierno se adelantó con los anuncios y que está realizando consultas sectoriales, como se había acordado en un inicio.
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Consultas sectoriales.  La empresa privada está actualmente realizando consultas con los diferentes rubros económicos. Cardenal dice que eso es lo que se había acordado en un inicio.

Consultas sectoriales. La empresa privada está actualmente realizando consultas con los diferentes rubros económicos. Cardenal dice que eso es lo que se había acordado en un inicio.

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La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) dice que está realizando consultas para analizar el ajuste al salario mínimo para que se llegue a un incremento con base técnica y no por razones políticas, y que esto es lo que se había acordado originalmente con el Gobierno y el sector laboral.

El Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM), que es la instancia en donde se discuten y aprueban o rechazan propuestas de ajuste a dicho salario, sesionó por última vez el 27 de noviembre y tenía una reunión prevista para el 2 de diciembre, pero fue suspendida.

El viernes pasado Ricardo Soriano, asesor de la representación laboral del CNSM, hizo un llamado a que se retomara la discusión y a que se volviera a convocar al consejo. Además, dijo que solo el anuncio de un posible incremento ya había ocasionado que aumentaran los precios de algunos productos.

"Hacemos un llamado al ministro de Trabajo, al presidente del CNSM y a la empresa privada para que esto se reanude, porque ya estamos teniendo dificultades, tanto de despido", dijo Soriano, que participó de una entrevista matutina en TCS.

El CNSM se reactivó a finales de noviembre ya que durante el gobierno anterior la instancia sí funcionó, pero sin la participación de la empresa privada que consideraba su conformación como ilegítima.

Sin embargo, una vez retomadas las discusiones, el Gobierno presentó un cronograma en donde ponía una fecha para la aprobación de la propuesta y que esta entrara en vigencia el primero de enero.

Para la empresa privada el Ministerio de Trabajo sobrepasó sus funciones pues no se había votado por ninguna propuesta de incremento.

"¿Qué sucedió? Que por parte del Ministerio de Trabajo se presenta un calendario algo precipitado, inconsulto en donde, tanto el ministro y posteriormente el Presidente, salían diciendo que teníamos 20 días para aprobar el salario mínimo y que el primero de enero debía de entrar en vigencia el nuevo salario. Eso era y es totalmente contradictorio a lo acordado. Lo acordado era que se iba a hacer un estudio", dijo Luis Cardenal, presidente de ANEP.

Cardenal no participa personalmente en el CNSM, pero la ANEP sí está representada.

El empresario explicó que lo que se había acordado era que se iba a llegar a una decisión "con bases técnicas en estudios, informaciones estadísticas y consultas que se iban a hacer a todos los sectores, para que no fuese una decisión que se tomara como se tomó anteriormente, en base a razones políticas".

El último incremento al salario mínimo se realizó sin que la empresa privada votara. "Se quedó que ibamos a empezar a consultar a nuestros sectores a ver cuál es el estado y la disposición de cada sector y empezar a trabajar en la elaboración de los estudios para posteriormente hacer las propuestas. Esto obviamente toma un tiempo si lo queremos hacer de forma responsable", dijo Cardenal.

La empresa privada está actualmente realizando consultas en los diferentes rubros económicos. Según Cardenal se debe tomar en cuenta la situación por la que pasa la agricultura, no solo la crisis del café, sino otros sectores, como granos básicos.

Además, la situación de la micro y la pequeña empresa (mype), pues señaló que las empresas más grandes tienden a pagar arriba del mínimo, por lo que no se ven impacatados de la misma forma.

Dijo que muchas mypes "están en modo de supervivencia" y que podrían verse obligadas a cerrar, despedir personal o irse a la informalidad.

Asimismo, señaló que se deben de analizar otras medidas, como mejorar la prestación de servicios públicos, para liberar el ingreso de los trabajadores, por ejemplo medicamentos y seguridad.

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