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ASETCA acapara cargos en la junta directiva de CEPA

El presidente y el gerente de CEPA tienen cargos en la gremial. En 2017, el MOP nombró como director del sector privado a un miembro de ASETCA en esta directiva. ANEP optó por retirarse del proceso.
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La Asociación Salvadoreña de Empresarios de Transporte de Carga (ASETCA) ha colocado a tres de sus miembros en la junta directiva de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). El actual presidente de CEPA, Nelson Vanegas, mantiene desde 2014 el cargo de presidente y presentante legal de ASETCA, mientras que el gerente general de CEPA , Emérito Velásquez, es el actual tesorero de esta gremial de transporte de carga.

El 5 de diciembre de 2017, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) nombró a Ricardo Ballesteros como director propietario del sector privado en la junta directiva de CEPA a propuesta de ASETCA, mediante el Acuerdo Número 866, según una copia obtenida por medio de una solicitud de acceso a información pública.

La junta directiva es la máxima autoridad de CEPA, y está conformada por el presidente, quien es nombrado por el presidente de la república; otros cuatro directores son propuestos por los ministerios de Obras Públicas, Hacienda, Economía y Defensa; y dos directores representan a las gremiales de comerciantes y de agricultores e industriales, según el artículo 7 de la ley orgánica de la entidad.

Vanegas fue nombrado en junio de 2014 como presidente de CEPA. El dirigente de los transportistas ingresó a la institución en noviembre de 2012 como representante del sector privado, tres meses después de que la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la ley de CEPA para que fuera el presidente de la república quien eligiera de forma directa a los representantes del sector privado en la autónoma. Dicho decreto, junto con otros similares, fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2016. En noviembre de 2012 también fueron nombrados como directores suplentes en la junta de CEPA Velásquez y Ballesteros.

Una vez que Vanegas asumió la presidencia de CEPA, solicitó a la junta directiva nombrar a Velásquez como gerente general de la institución, quien también pasó a ser el secretario de actas de ese órgano de gobierno. Pese a asumir cargos públicos en la CEPA, tanto Vanegas como Velásquez continuaron en la directiva de ASETCA: Vanegas como presidente y representante legal, y Velásquez como tesorero, según copia de las tres últimas credenciales que la asociación ha presentado ante el registro de asociaciones del Ministerio de Gobernación, y que fueron consultadas por LA PRENSA GRÁFICA. El último cargo que ha desempeñado Ballesteros en ASETCA es de secretario.

El artículo 6 literal G de la Ley de Ética Gubernamental prohíbe a los funcionarios “aceptar o mantener un empleo, relaciones contractuales o responsabilidades en el sector privado, que menoscaben la imparcialidad o provoquen un conflicto de interés en el desempeño de su función pública”. El transporte de carga es uno de los eslabones de la cadena logística que utiliza el puerto de Acajutla, una de las empresas que administra la CEPA. LA PRENSA GRÁFICA preguntó al MOP sobre un posible conflicto de interés en este caso. Cristóbal Cuéllar, jefe del despacho ministerial, aseguró de forma categórica que no.

“No es propuesta de ASETCA, que él sea miembro de ASETCA es otra cosa. Viene elegido de UDES y de ASETCA. La ley no establece quiénes no podrán ser miembros de una junta directiva. (Para el MOP) no existe ningún conflicto de interés”, aseveró. “El hecho de que ellos sean de la misma gremial ¿en qué afecta la conducción de la institución?”, preguntó Cuéllar. Carolina Elizabeth Figueroa representó a ASETCA en el intercambio de correspondencia con el MOP gracias a un poder especial que le otorgó Vanegas.

“Si lo vamos a examinar a la luz de la ley no existe ningún conflicto de intereses, ninguna violación a la ley”, agregó sobre los dobles cargos de los funcionarios de CEPA Marco Iraheta, gerente legal del MOP. “No le podemos limitar los derechos constitucionales a ninguna persona”, añadió.

Jaime López, de la oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción (ALAC) de FUNDE, identifica un conflicto de interés de parte del presidente de CEPA, Nelson Vanegas. “Él actúa en su carácter privado como miembro de una organización, pero para alterar la correlación de la directiva de CEPA en favor de esta asociación, y aunque lo haya hecho a través de un poder, el poder no limita la responsabilidad porque es la misma persona; simplemente lo que está haciendo es que en términos presenciales otra persona es la que presenta el documento, pero lo hace en nombre del presidente de CEPA. Para mí es una clara violación a la ley de ética en cuanto a las prohibiciones que les impone a los funcionarios”, consideró. En julio de 2017, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) envió una carta al ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, para explicarle que, según la ley, él no estaba facultado para elegir ternas, esto por la forma en que se redactó la convocatoria. Luego el MOP hizo una segunda convocatoria en la que ANEP observó la inclusión de 118 gremiales, de las cuales solo ocho son socias de su organización, y cientos de cooperativas.

“El problema no son ellos (estas cooperativas), el problema es cómo los utiliza el gobierno (...) Porque lo que busca es el control de una entidad estratégica para el desarrollo del país”, cuestionó Waldo Jiménez, director de asuntos económicos de ANEP, quien considera que el sector privado productivo del país fue desplazado en este proceso. Finalmente, la gremial decidió no participar en la elección por considerar que el proceso no se llevó acorde a la ley.

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