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Acusan al Gobierno de causar pánico financiero

Analistas y gremiales señalan que el Ejecutivo podía pagar sin tener que recurrir a bonos. Temen que la declaración de impago ocasione otro aumento en el riesgo del país.
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Analistas económicos y representantes de gremiales empresariales coincidieron en que el Gobierno de El Salvador (GOES) no podía argumentar haber caído en impago porque sí tiene fondos para cumplir sus obligaciones. Aseguraron que se trata de una manera de hacer presión política para emitir más deuda y que eso podría causar una caída en las calificaciones de riesgo internacional.

Casa Presidencial se declaró en situación de impago luego de que los diputados en la Asamblea Legislativa no aprobaron cambios presupuestarios y emisión de deuda para cancelar pagos pendientes con los fondos de pensiones, que comenzaron ayer con los plazos de vencimiento.

“Lo que hay que analizar es si realmente el Gobierno está en impago o es una estrategia para presionar para que se le aprueben nuevos endeudamientos. Creo que el Gobierno debe hacer una sinceración (sic) pública y enseñar cifras y dar cuenta de todos los recursos que ha tenido a su disposición y cómo se han manejado”, expresó el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal.

“Por ejemplo, cuando recibieron el endeudamiento de $550 millones, de los cuales quedaron $120 millones sueltos… los pusieron en otra partida que no se sabe en realidad cómo se ha manejado y en qué se han gastado”, agregó Cardenal.

Mientras tanto, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) criticó que el Gobierno se apresuró a declararse incapaz de cumplir el pago. La gremial dijo que es “inexacto” que se necesiten los bonos, porque el Gobierno podía aprobar transferencias desde el Ministerio de Hacienda o reformar la ley del presupuesto 2017.

“Al no evaluar estas y otras opciones de financiamiento, el Gobierno demuestra su falta de voluntad política para solucionar el problema de desequilibrio de las finanzas públicas por medio de medidas de responsabilidad fiscal, de austeridad en el gasto y de incremento de la actividad económica”, consignó la Cámara de Comercio en un comunicado.

La deuda total del Gobierno con los ahorrantes de las AFP en abril es de $55.2 millones y para todo el año es de $230 millones. Este es dinero que el Estado tomó prestado de los ahorros de los trabajadores que cotizan en las AFP.

Hacienda pidió a los diputados que le aprueben $282 millones en bonos para sacar de ahí $230 millones para la deuda con los trabajadores y el resto para las pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), $52 millones. Sin embargo, el pleno no lo aprobó.

El economista Luis Membreño señaló que el mismo Ministerio de Hacienda admitió tener el dinero para realizar el pago, pero que necesitaba que se cambiara el presupuesto; por tanto, Membreño concluyó que es cuestión de voluntad y no de liquidez.

Por su parte, el analista económico Claudio de Rosa dijo que el GOES tienen más de $60 millones en gastos reservados. “¿Por qué no usan ese dinero para pagar el IPSFA? Ya hay recursos”, añadió.

De acuerdo con el economista Enrique Hinds, haber declarado impago “es una payasada, una barbaridad y una gran irresponsabilidad porque tienen dinero”.

“El juego es extorsionar políticamente para que les aprueben préstamos en los últimos minutos, porque si no, caeremos en ‘default’”, señaló De Rosa.

Membreño insistió en que el Ejecutivo fue irresponsable al haber declarado la situación de “default” antes de agotar las alternativas de pago. “El Gobierno debería ser mucho más responsable y no debería salir anticipadamente a generar pánico en los mercados (...) Se ve que no entienden lo que está pasando”, aseveró.

De no solventar la situación antes del lunes, Membreño considera que El Salvador podría tener una calificación de riesgo de CCC+, un peldaño inferior de su nota actual. La deuda salvadoreña como bono “basura”.

“Eso es como que usted anuncie que no puede pagar sus deudas, ya nadie le va a dar dinero”, comentó Hinds.

Por su parte, Jorge Arriaza, director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), indicó que al bajar la calificación, suben las tasas de interés y sufre el sector productivo, así como la población.

Arriaza agregó que es responsabilidad del Gobierno garantizar los pagos y que se deben buscar soluciones no hacia el endeudamiento, sino considerar otras opciones, como el ahorro.
 

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