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Ajuste debe incluir incentivos para que economía crezca

Economistas de FUSADES y ESEN recomendaron ayer que el plan de ajuste fiscal que se discute entre GOES y ARENA considere medidas de estímulo económico.
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El ajuste fiscal que el Gobierno y la oposición, representada por el partido ARENA, acordaron la semana pasada en la Ley de Responsabilidad Fiscal deberá ser acompañado de medidas que estimulen el crecimiento de la economía salvadoreña, recomendaron economistas que ayer analizaron la situación de las finanzas públicas del país y la actual crisis de liquidez en un foro de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

“En general necesitamos un ajuste, siempre un ajuste es mejor hacerlo con antelación... Los costos son menores que haciéndolo de manera ‘desordenada’ como lo llamó el fondo (Monetario Internacional). El fondo dice ‘si no corrigen a tiempo el ajuste va a ser desordenado’”, indicó Carmen Aída Lazo, decana de la Facultad de Economía y Negocios de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).

En la Ley de Responsabilidad Fiscal que se aprobó la semana pasada se menciona una reducción del déficit del 3 % del PIB en tres años. Sin embargo, Carolina Franco de Alas, investigadora senior del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, observó que esta norma puede ser modificada por 43 votos.

La experta mencionó que el ajuste vendrá por el lado de ingresos y de gastos. “Un elemento sumamente importante es si el país puede crecer más. En la medida que este ajuste va acompañado de un mayor crecimiento eso va a hacer que el impacto sea menor”. Lazo comentó que entre el menú de opciones que ha planteado el Fondo Monetario Internacional (FMI) está un aumento de IVA “un tema complicado” porque las personas con menores ingresos terminan pagando una mayor proporción de estos al fisco; por otra parte esta la aprobación de un impuesto predial que se ha venido postergando en los últimos años, reducciones de incrementos salariales en el sector público, reducción de gasto y focalizar aún más los subsidios. Además, se propone eliminar impuestos que son “distorsionadores”, como el de las transacciones financieras. “Todos son difíciles de asimilar por la población y con alto costo político”. Al sumar el impacto de todas estas medidas se llega a un 3.5 %.

Esta semana se conoció que el Gobierno ha solicitado el acompañamiento del FMI con una misión de respaldo para consensuar el ajuste fiscal. El Salvador finalizó el último acuerdo “stand by” con el organismo en 2008.

Ambas coincidieron en que es inevitable un ajuste, pero explicaron que es hora de tomar un conjunto de medidas para corregir el deterioro de las finanzas públicas, y no llegar a recortes de gasto más drásticos o de beneficios sociales. “Ajuste tiene que haber porque estamos en una situación en que no se puede seguir con ese nivel de gasto”, aseveró Franco de Alas.

En opinión de Lazo, lo que el Gobierno debe de buscar es que la inversión pública sea rentable, es decir que los proyectos que se ejecuten generen desarrollo lo cual lleva a un crecimiento económico, por ejemplo, una calle que facilite la llegada de turistas a ciertas zonas de país.

“En todo este ajuste lo que tenemos que ver es que eso no impacte el crecimiento económico, o mejor aún un ajuste que estimule la inversión, si la economía crece más ese ajuste se reduce”, propuso la decana de la ESEN.

Un mejor clima de negocios para atraer más inversión, reducir burocracia, menos polarización política y mejorar la seguridad son aspectos que a juicio de la investigadora de FUSADES podrían acompañar el programa de ajuste a implementar.

“Lo que hemos visto en los últimos siete años es que los hogares y las empresas han pagado 2.4 % del PIB, cada año en promedio, de más impuestos, creemos que el ajuste no debe venir por el lado de más impuestos, ya las familias y las empresas han pagado suficientes impuestos”, consideró Waldo Jiménez, director de asuntos económicos y sociales de la ANEP.

Presupuestos

Por su parte el presidente de la gremial empresarial, Luis Cardenal expresó que la crisis de liquidez que experimenta el Gobierno tiene raíces profundas que no se resuelve con la emisión de bonos. “Si no se resuelve el problema de fondo, aunque se le den los $1,200 millones al Gobierno se va a repetir con mayor gravedad y profundidad en muy corto plazo”, advirtió. Por lo que dijo esta es la oportunidad de ir a la raíz del problema “y no gastar más de lo que ingresa” a las arcas estatales.

De acuerdo con el análisis de las economistas, el origen del problema de liquidez (efectivo) que hoy experimenta el Gobierno está en los vicios del proceso de aprobación de los presupuestos generales de la nación, los cuales son equilibrados de manera artificial, pues la tendencia en los últimos años es que en estos se sobrestiman ingresos y se subestiman gastos. “Un mal presupuesto es la causa principal de los problemas de liquidez”, concluyó Lazo, quien consideró que la consecuencia es que las brechas de corto plazo son financiadas con LETES (Letras del Tesoro), papeles que emite el Gobierno, y que cuando esta deuda llega a un nivel crítico se recurre a su pasarla a deuda de largo plazo.

Alas de Franco señaló que a partir de 2008 el uso de LETES ha sido más sistemática para financiar el gasto corriente. Hoy en día esta deuda sobrepasa los $1,000 millones. Asimismo dijo que en los años recientes ha habido una mayor recaudación de impuestos y préstamos aprobados, pero que el gasto en remuneraciones es el que más ha crecido absorbiendo muchos recursos. “Ahora que no se tiene la mayoría calificada para pagar la tarjeta de crédito ha puesto al país en un problema de liquidez”, finalizó Alas.

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