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Analistas piden más transparencia en compras

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Cristina Pérez,presidenta en funciones del IAIP

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Javier Castro, de FUSADES, y la presidenta del IAIP, Cristina Pérez, sostienen que no se puede dejar de lado este principio en la emergencia.

En el marco de la emergencia nacional decretada en el país por la Asamblea Legislativa debido a la pandemia de COVID-19, esta semana se aprobó una reforma para que las compras públicas para enfrentar la enfermedad se realicen a través de lineamientos que dicta la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), del Ministerio de Hacienda.

Según el Decreto Legislativo 606, todas las contrataciones se realizarán bajo los principios de máxima publicidad, igualdad y rendición de cuentas, entre otros. También, al final de la emergencia, se entregara un informe detallado de las compras, en un plazo de 30 días.

"Estamos de acuerdo que tenemos que dar transparencia en los fondos, lo que queremos es agilizar las compras; ellos (los diputados) quieren que el Ministerio de Salud este trabajando todos los días, todas las semanas un informe completo de todos los detalles", dijo el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, quien se mostró en desacuerdo con que los informes a entregar sobre los gastos se presentaran en periodos más cortos de tiempo.

Respecto a los principios que establece el decreto, Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, afirmó que "la agilidad no debe de sacrificar la transparencia, acceso a información y rendición de cuentas".

"La transparencia, auditoría, contraloría que se ejerce sobre recursos públicos no debe de verse como un obstáculo. La contraloría debe verse como una garantía para que estos recursos se utilicen de la mejor forma", consideró Castro, al participar en la entrevista 8 En Punto de canal 33.

Para el analista, no está en discusión el hecho de que las compras deben ser ágiles, ya que se entiende que la emergencia no permite un proceso licitatorio normal, pues este demoraría varios meses.

El jurista recordó que la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) permite las contrataciones directas bajo ciertos parámetros, ya que la regla general para adquirir bienes y servicios es la licitación pública.

"Pero en el caso de la emergencia se justifica de que se lleven a cabo contrataciones directas", acotó.

Castro señaló que hay dos aspectos que son imprescindibles en las contrataciones directas: la transparencia y la publicidad. "Otro elemento que no puede obviarse es la competencia, porque el hecho de que sea contratación directa no quiere decir que no va a haber competencia, salvo en el caso de que hay una proveedor único de un producto, que solo una persona o proveedor lo pueda prestar. Bajo ningún concepto lo que se busca es que se retrasen las compras públicas", reiteró.

Por su parte, la presidenta en funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Cristina Pérez, agregó que "toda autoridad tiene que justificar las decisiones que toma".

"Pese a la emergencia deben existir elementos objetivos para selección de un contratistas, a modo de eliminar la arbitrariedad porque se manejan fondos públicos", dijo la comisionada en la misma entrevista.

Ambos coincidieron en que debe de existir una resolución razonada sobre las compras.

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