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Asamblea violó la Constitución con el proceso para destituir a sala, según esen

La institución cuestionó la actuación del parlamento al remover a magistrados y al fiscal general de la república.

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Cuestionamientos. En un análisis hecho por la ESEN se señala que la destitución de los Magistrados de la Sala Constitucional y del Fiscal General conlleva varias violaciones constitucionales.

Con la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general el sábado pasado, la Asamblea Legislativa "violentó la Constitución y varios principios legales", según un análisis de la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), el cual fue publicado este fin de semana por la institución académica.

La moción para remover a los magistrados fue presentada por la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, como el punto inicial de la primera sesión plenaria de la Asamblea Legislativa para el período 2021-2024, la cual está dominada por los partidos Nuevas Ideas y GANA.

El argumento para la destitución de los magistrados fueron las resoluciones que emitió la Sala de lo Constitucional durante la pandemia, y que según los diputados oficialistas fueron en contra de "la salud" o de "la vida de los salvadoreños".

En su pronunciamiento, la ESEN planteó que con su actuación el parlamento violó el artículo 186, inciso primero de la Constitución salvadoreña, el cual indica que los magistrados de la CSJ "podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas, previamente establecidas por la ley".

La universidad recordó que la Constitución aprobada en 1983 "establecía la posibilidad de destituir del cargo a los magistrados por causas legales, ya que en el pasado la remoción procedía sin justificación de causa", pero que para evitar la subjetividad en este planteamiento se aprobó una reforma en 1991.

"Esta evolución responde al ánimo creciente de fortalecer la independencia del órgano judicial manteniéndolo a salvo de presiones indebidas que puedan ser ejercidas por funcionarios de otros órganos del Estado o por cualquier grupo de poder o influencia", indica la ESEN en el escrito.

Para la ESEN, la normativa a aplicar en este tipo de casos es la Ley de la Carrera Judicial, la que en su artículo 55 incluye las 10 causales por las que procedería la destitución de un funcionario, "ninguna de las cuales fue invocada para fundamentar dicha medida", resaltó.

En lo que respecta al procedimiento, la escuela dice que este debió otorgar una audiencia de tres días "al presunto infractor"; haber omitido este paso implica que para la institución educativa, que no se garantizó el derecho de audiencia, el cual está incluido el artículo 11 de la Constitución,

Para la ESEN también se violó de manera "flagrante", el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución, el cual dice que: "La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se hará de una lista de candidatos, que formará el Consejo Nacional de la Judicatura en los términos que determinará la ley, la mitad de la cual provendrá de los aportes de las entidades representativas de los abogados de El Salvador y donde deberán estar representadas las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico".

"De la sola lectura de la anterior disposición se desprende que debió existir una pluralidad de opciones a partir de las cuales se debía seleccionar a los candidatos con mayores méritos. La elección efectuada no permitió constatar ni la pluralidad ni la diversidad de pensamiento jurídico de los postulantes ni su idoneidad en materia de derecho constitucional", señaló la ESEN.

Tras destituir a los magistrados de la Sala, con 64 votos de Nuevas Ideas, GANA, PCN y uno del PDC, el diputado de Nuevas Ideas Jorge Castro propuso sustituir a los magistrados destituidos por nuevos magistrados que cumplan con un "perfil idóneo".

"Otra consecuencia del nombramiento efectuado consiste en la privación a potenciales candidatos con la idoneidad técnica y la experiencia necesaria de su derecho reconocido, en el artículo 72, ordinal tercero, de la Constitución, a optar a cargos públicos, cumpliendo con los requisitos que determinan la Constitución y las leyes secundarias", agregó la ESEN sobre el procedimiento legislativo.

Por ello, la ESEN considera el procedimiento seguido por los diputados y diputadas mocionantes y que votaron a favor "constituye una clara violación al límite material y formal establecido en la Constitución, lo que se traduce en la invalidación de los nombramientos y en la inhabilitación de los nombrados para el ejercicio del cargo".

De manera similar, la universidad señaló que con la elección del fiscal general, Rodolfo Delgado, también "se privó a candidatos idóneos del mismo derecho antes citado, mediante el mecanismo de imposición de una candidatura singular que anula el pluralismo establecido en nuestra Constitución para la postulación, selección y elección de funcionarios de segundo grado".

Finalmente, la ESEN plantea que la consecuencia jurídica de las decisiones tomadas este fin de semana por la Asamblea Legislativa conlleva a una violación del principio de fraccionamiento del poder con el cual busca evitar el despotismo y pilar fundamental de las democracias constitucionales.

"Esto altera gravemente el orden político del país, y anula el sistema de frenos y contrapesos establecido en nuestra Constitución como barrera contra los abusos de poder de un órgano del Estado frente a los demás", concluye en su análisis sobre lo acontecido en el país el pasado fin de semana.

"En la ESEN, estamos comprometidos con el ideal que encarna la democracia y con sus reglas e instituciones, las que nuestro país ha erigido con mucho sacrificio", expresó la entidad.

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