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BID: disciplina fiscal no implica bajar gasto social

La entidad opina que frente a la crisis el Estado debe activar la protección a población vulnerable. Participan en la discusión de una ley de responsabilidad fiscal.
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La elaboración de una ley que promueva la sostenibilidad de las finanzas públicas debe asegurar que la población vulnerable continuará con apoyo del Estado, aunque su objetivo primordial es el equilibrio en el largo plazo.

Gustavo García, economista principal de la división de fortalecimiento fiscal y municipal en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), explicó que la futura ley tiene que “proteger el gasto social en ciclos económicos”.

Según el experto del BID, parte de la normativa debe ayudar a definir los tipos de gasto social. En tiempos de crisis que afectan el crecimiento de la economía, el Estado debería tener la opción de aprobar “partidas inmediatas”, como transferencias monetarias para la población más vulnerable y para los desempleados. García observó que estas medidas de emergencia necesitan un control adicional, para “no crear presiones permanentes en el gasto público”.

Un ejemplo de medidas que se toman como temporales, y luego permanecen en el tiempo, son los subsidios generalizados. En el caso salvadoreño, el subsidio al consumo doméstico de energía eléctrica y la Contribución Solidaria para el Transporte Público (COTRANS) reflejan decisiones que se tomaron en tiempos de urgencia y que todavía no se han desmantelado, a pesar del gasto que suponen para el fisco ($266 millones, entre los dos, a 2012).

En una línea similar, Reinhard Engl, asesor técnico del proyecto para elaborar la ley, dijo: “La responsabilidad fiscal viene antes, y es la base, de la responsabilidad social”.

El analista recomendó que para un marco jurídico de sostenibilidad en el fisco se deben fijar metas, como reducción de pobreza, tasa de desnutrición, incremento de cobertura educativa o cumplimiento de objetivos de Naciones Unidas.

Ambos expertos coinciden en la necesidad de tener un fondo de estabilización, parecido al de Chile y México, que se pueda ocupar únicamente cuando llega un “shock” o cambio brusco en la economía. Después que ha pasado la peor etapa de este “shock”, la ley de responsabilidad tendría que contemplar el regreso a la disciplina fiscal anterior.

Transición

García indicó que los ajustes que traerán las normas de responsabilidad fiscal no deben ejecutarse de una sola vez, pues pueden dañar el dinamismo económico.

“La ley debería estar acompañada de un proceso de consolidación o ajuste fiscal, de uno o dos puntos del PIB (Producto Interno Bruto)”, dijo García. Según el economista del BID, se pueden pensar metas de entre tres y cuatro años para que las nuevas disposiciones legales se terminen de asentar.

Álvaro Trigueros, director del Departamento de Estudios Económicos en la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, celebró que ya se haya dado el primer paso en la elaboración de esta ley, que es producto de un acuerdo previo con los partidos políticos.

“Que se esté hablando y discutiendo este tema ya es algo positivo”, comentó.

“Reiteramos que lo que se firmó hay que cumplirlo”, explicó Trigueros, refiriéndose al acuerdo. Esta semana se ha hecho una ronda de consultas y la fundación ha tenido la oportunidad de participar.

“Estamos esperando conocer en detalle el trabajo que se está haciendo, para dar nuestro análisis y nuestra opinión”, indicó el analista de FUSADES. No hay fecha para presentar la ley.

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