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CONAMYPE tendría seguridad jurídica si se vuelve autónoma

La institución tiene a cargo el trabajo de promoción del sector mype, sin embargo, su existencia está amarrada solo a un decreto presidencial de 1996, lo que la hace vulnerable.
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La Comisión Nacional de la Micro y la Pequeña Empresa (CONAMYPE) nació a partir de un decreto presidencial en 1996, desde entonces, la institución ha estado encargada de promover al sector de la micro y pequeña empresa (mype). No obstante, la falta de una ley que la respalde pone en cuestión la continuidad del trabajo. El convertirla en autónoma resolvería este problema.

“Hoy por hoy, si el presidente de la república decidiera eliminar a la CONAMYPE, simplemente manda un acuerdo ejecutivo presidencial y dice la CONAMYPE no va a existir más. Es voluntad del presidente de la república que exista o no”, explicó Ileana Rogel, directora ejecutiva de la institución.

La Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la mype, que data de 2014 establece “obligaciones al Gobierno de atender a la mype. Cualquier gobierno que esté tendrá que atender a la mype”, según Rogel. No obstante, aunque la ley establezca atribuciones a la CONAMYPE, esta institución no tiene seguridad jurídica, lo que hace vulnerable el trabajo puesto que no está asegurada su continuidad.

La diputada Karla Hernández, de la comisión de economía de la Asamblea Legislativa, en donde se discuten las reformas a la ley antes mencionada, explicó que es atribución de la CONAMYPE ejecutar la ley, y consideró que se está trabajando en encadenar actividades de promoción al sector. Sin embargo, explicó que el convertir a la institución en autónoma no significa, necesariamente, que se ampliará la cobertura.

Por otra parte, Hernández explicó que las personas que laboran en al CONAMYPE están en un “limbo” porque no pueden tener un contrato colectivo ni tampoco pueden ser amparados por el MINEC. Esta situación se solventaría cuando se reforme la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa.

La propuesta de reforma que sometió el titular de Economía, Tharsis López, propone definir mejor las funciones tanto para el MINEC como para la CONAMYPE. Por ejemplo, la ley manda la creación de una ventanilla única de atención de trámites, pero no especifica quién debe estar a cargo; la reforma propone que sea el MINEC quien se encargue.

De igual forma, da más autonomía para la CONAMYPE, puesto que se propone dejarle a cargo la realización de ferias de promoción a la mype, una responsabilidad que actualmente comparte con el MINEC.

Incentivos y sanciones

La diputada Hernández ha propuesto otros cambios a la ley en cuestión, específicamente para establecer incentivos fiscales a la formalización y más sanciones para cuando las instituciones públicas paguen con retraso a las mypes.

La ley actual establece que el Gobierno debe pagar en un máximo de 30 días cuando adquiere bienes o servicios de parte de una mype, no obstante, suele haber retrasos en estos pagos.

Rogel explicó que la CONAMYPE tiene que monitorear las compras públicas hechas al sector mype, pero depende del empresario iniciar un acción legal. Empero, Hernández señaló que sí hay una obligación de velar por el cumplimiento de la ley, pero que recae en el MINEC, por ser la institución rectora, y no en la CONAMYPE, que es ejecutora.

En esa línea, la legisladora propone que una mype pueda reclamar daños y perjuicios cuando el retraso le ha generado pérdidas. Además, una sanción al funcionario que no cumpla con la ley, o al titular de Hacienda si el impago es provocado porque no se ha transferido el dinero ya presupuestado.

En cuanto a los incentivos fiscales, Hernández propone que las mypes que se formalicen no paguen el Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante el primer año, en el segundo solo un 25 %, luego un 50 %, posteriormente un 75 % y hasta el quinto año pagarían la totalidad del tributo. Otra propuesta es que el Estado asuma el 50 % de las cotizaciones al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y al sistema de ahorro previsional en el primer año, realizadas por el empleador.
 

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