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CSJ avala prórroga para pago del FICAFE

Dijo que la suspensión de los embargos a los cafetaleros, vigente hasta 2018, no viola la Constitución.
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Deuda millonaria.  El sector cafetalero acumula deudas por $250 millones, de los que $70 millones son del FICAFE y $24 millones del FEC.

Deuda millonaria. El sector cafetalero acumula deudas por $250 millones, de los que $70 millones son del FICAFE y $24 millones del FEC.

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó que la suspensión de embargos a los cafetaleros con créditos provenientes de FICAFE y FEC no es inconstitucional.

El fallo de la sala fue emitido este 15 de febrero, en respuesta a procesos de inconstitucionalidad en contra de los artículos 1, 2 y 4 de la Ley Especial Transitoria para la Suspensión de Embargos por Créditos Otorgados al Sector Productor de Café.

El artículo 1 manda la suspensión de embargos a productores de café con créditos provenientes del Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero (FICAFE) y del Fondo de Emergencia para el Café (FEC). Los cafetaleros deben cerca de $70 millones del FICAFE y otros $24 millones del FEC.

Con el artículo 2 se suspendieron, hasta el 31 de diciembre de 2018, los pagos de capital e intereses sobre la deuda contraída con estos fondos, aplicados a las cuotas a partir de 2013 y subsiguientes.

El artículo 4 suspendió los juicios de naturaleza ejecutivo-mercantil o civil que impliquen embargo, así como los que estén iniciados o se encuentren en cualquier etapa del proceso judicial-ejecutivo o mercantil en contra de los productores de café con deudas con fondos provenientes del FICAFE, el FEC y créditos relacionados con los mismos fondos.

Esta ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa en 2013, en medio de una crisis del sector cafetalero que había combinado precios bajos, daños en las fincas por el mal clima y por la infestación del hongo de la roya, entre otras cosas.

Según la resolución de la sala, “no existe la inconstitucionalidad alegada” en ninguno de los anteriores artículos: según la sala, el derecho a la protección jurisdiccional no ha sido infringido, pues la suspensión de embargos y de acciones ejecutivas no anula o suprime este derecho, sino que posterga o demora su ejercicio. Por otra parte, la suspensión de pagos y de acciones ejecutivas limitan el ejercicio de los derechos a la libre contratación y libre empresa, pero no en forma desproporcionada.

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